La exconsejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid para 2016, Mercedes Coghen, declaró ayer ante el juez del caso Nóos que Alberto Ruiz-Gallardón estaba al tanto, como alcalde de la ciudad, del convenio marco firmado en octubre de 2007 con la última de las ONG creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, la Fundación DCIS, pero no de las contrapartidas económicas (120.000 euros en total) pactadas verbalmente por las dos partes.
Según distintas fuentes conocedoras de la declaración, Coghen, imputada desde el 7 de febrero, dijo que el hoy ministro de Justicia y entonces alcalde de Madrid tenía un conocimiento solo genérico del acuerdo y de que Urdangarin participaba en el proyecto. De los juristas presentes en la declaración y consultados por infoLibre, solo uno sostiene que Coghen dijo que Gallardón sí era consciente de los pagos a Fundación DCIS. Todas las demás fuentes mantienen lo contrario. La transcripción de la comparecencia se entregará a todos los abogados personados en pocos días. Como todas salvo la primera de Iñaki Urdangarin, que se negó a ello, también la declaración de Coghen se grabó ayer en vídeo.
Coghen mencionó a Gallardón a preguntas del abogado Antonio Alberca, que defiende al expresidente balear por el PP Jaume Matas. Alberca, cuya línea de defensa pasa por demostrar que otros altos cargos de primer nivel hicieron lo mismo que su cliente –dar la orden de que Urdangarin recibiera a dedo encargos públicos remunerados-, planea pedir al juez que cite al ministro como testigo. Salvo viraje drástico, las fuentes consultadas en el caso consideran remota la hipótesis de que el juez acceda a esa petición.
Entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, DCIS cobró de Madrid 16 al menos 120.000 euros, habitualmente en entregas de 6.000 y siempre conceptuados como “donación”. El pago, cuyo compromiso no figura en el convenio, fue pactado verbalmente por las dos partes después de que el equipo de Urdangarin, que fue quien propuso el acuerdo a Coghen, pidiese el doble: entre 10.000 y 15.000 euros al mes, y así consta en la declaración policial de uno de los imputados, Gerardo Corral, que era director financiero de Madrid 16. En teoría, DCIS ayudó a la candidatura olímpica a dotarla de “contenido social”.
Urdangarin cobraba de cuatro empresas de Telefónica
Formalmente, el yerno del rey no pertenecía al equipo de gestión de DCIS, la fundación utilizada por la trama Nóos para sacar de España 500.000 euros en 2007 que acabaron en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice. Contra toda evidencia, el duque de Palma sigue negando su presencia activa en esa fundación, para cuya puesta en marcha contó con la ayuda del conde de Fontao, asesor legal de la Casa Real. El marido de Cristina de Borbón niega asimismo que cobrase un solo euro de Madrid 16.
La investigación sobre la rama madrileña del caso Nóos se activó a comienzos de año tras una denuncia de Fernando Villalonga, delegado municipal del Área de Gobierno de las Artes en el Ayuntamiento de Madrid. Villalonga comunicó al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que no había un solo rastro de los supuestos trabajos por los que había cobrado DCIS.
Torres Dulce remitió la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Palma, que pidió al juez del caso Nóos la apertura de una pieza secreta sobre esos pagos. El 7 de febrero, Mercedes Coghen y otros dos exaltos cargos de Madrid 16 realizaron su primera declaración en calidad de imputados.
La exconsejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid para 2016, Mercedes Coghen, declaró ayer ante el juez del caso Nóos que Alberto Ruiz-Gallardón estaba al tanto, como alcalde de la ciudad, del convenio marco firmado en octubre de 2007 con la última de las ONG creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, la Fundación DCIS, pero no de las contrapartidas económicas (120.000 euros en total) pactadas verbalmente por las dos partes.