Hay épocas que vienen marcadas por determinados términos. La palabra “posverdad” pasó a ser de uso cotidiano con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. La pandemia, por su parte, desempolvó el concepto “resiliencia”. Y el arranque de la nueva legislatura en nuestro país ha acabado por poner de moda el anglicismo “lawfare”. Esta expresión, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), no es nueva. Se popularizó a comienzos de siglo entre los círculos militares. Pero con el paso de los años su uso se ha ido extendiendo a otros ámbitos fuera del contexto bélico para referirse, en concreto, a la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.
El uso de este término con esta definición se ha popularizado en América Latina al calor de estrategias de acoso y derribo contra varios dirigentes. Pero desde hace un mes, la palabra lawfare ha pasado a convertirse en uno de los ejes de la agenda política española. Su incorporación al acuerdo entre PSOE y Junts –que no a la proposición de ley de amnistía– ha soliviantado al mundo judicial, por cuanto entiende que se está poniendo en entredicho su forma de actuar. Pero desde el Gobierno, y los partidos que le sostienen, no han dudado en defender la existencia de este tipo de actuaciones. "Casos de lawfare sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo", decía recientemente el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Colau y el fondo de inversión
Hace tiempo que los tribunales se intentan utilizar como campos de batalla política. El Gobierno local de Ada Colau, por ejemplo, ha llegado a acumular durante su mandato cerca de una veintena de querellas y denuncias de fondos, empresas, hoteles o rivales políticos. Quince de ellas ya han sido archivadas. La última este mismo jueves, a través de un auto en el que la jueza de Barcelona ponía los puntos sobre las íes. La resolución sostiene que la querella interpuesta por el fondo de inversión Vauras contra la exalcaldesa de Barcelona y tres miembros de su Ejecutivo tan solo buscaba “conseguir el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal”.
Este frente judicial tenía como epicentro el Bloc Llavors, propiedad de Vauras Investments. El ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra el fondo por incumplir la normativa catalana de vivienda. Y éste último interpuso una querella contra los dirigentes políticos. La jueza la inadmitió por falta de indicios. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona corrigió esta decisión y ordenó abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa. A dos meses de las elecciones, Colau tuvo que ir a declarar en medio de un enorme revuelo mediático. Todo por una ofensiva judicial que el fondo emprendió, dice ahora la jueza, "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda" que la exalcaldesa de Barcelona “propició durante su mandato”.
‘Neurona’ y las campañas mediáticas
En su artículo Los retos de la independencia judicial, la catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino resalta que cuando se habla de lawfare hay que entenderlo como una combinación de “acciones judiciales”, “acerbas críticas” por parte de ciertos dirigentes y “campañas en los medios de comunicación”. De hecho, en esto último, en la importancia de ese altavoz mediático, fue en lo que puso el foco Ada Colau tras conocer el carpetazo de la querella en su contra: “Esto es el famoso lawfare o guerra judicial del que tanto se ha hablado. Al final todo se archiva, pero el daño está hecho (...). ¿Qué habría sucedido sin todos los titulares y mi imagen yendo a declarar al juzgado en los medios de comunicación?”
Un cóctel explosivo que también pudo apreciarse en el llamado caso Neurona. Este procedimiento arrancó en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. A pesar de que parte de su declaración ante el juez José Manuel Escalonilla se sostenía sobre rumores o sospechas, ésta acabó derivando en una decena de líneas de investigación. Una macrocausa que ha perseguido a la formación morada durante prácticamente toda la pasada legislatura. Y a la que se ha dado carpetazo esta misma semana al no apreciarse indicios de delito en la última rama del procedimiento que aún quedaba viva.
Pero lo que ahora no es nada, hace tres años lo fue todo. La derecha mediática y política no dudó en venderlo como el gran caso de corrupción, la “Gürtel de Podemos”. En periódicos y tertulias se habló de manera profusa de una supuesta caja B, de sobrecostes en la reforma de la sede del partido, de financiación irregular, de facturas falsas, de comisiones, de sobresueldos y hasta de quién cuidaba a los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero. Y el PP, por supuesto, no dudaba en utilizarlo en la pugna política. "En Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos", decía a comienzos de 2021 la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
Lo último que quedaba vivo en la actualidad de aquella macrocausa era la parte relativa al contrato suscrito por el partido con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de Podemos. Escalonilla primero deslizó que podía tratarse de un “contrato simulado”. Luego, cuando esta tesis se vino abajo tras acreditarse los trabajos, puso el foco en el precio pagado por los mismos al entender que podría haber delito electoral si lo abonado superaba el coste real. Pero la última pericial puso de relieve que no había sido así. Y el caso ha acabado archivado. "¿Quién repara ahora todo el daño que nos ha causado esa colaboración mediática-judicial?", se preguntaban estos días algunos de los dirigentes del partido.
Rosell y la importancia del ‘timing’
Cuando se habla de lawfare, parte de la literatura también pone el acento en la importancia que tiene el timing. En resumen, las maniobras se llevan a cabo en momentos de alto coste político. Y la historia de la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, es un buen ejemplo de ello. El primer intento para hacerla caer se produjo cuando apenas quedaban dos semanas para las elecciones generales del 20D, en las que iba como cabeza de lista de Podemos en Las Palmas. Y tuvo como epicentro un contrato que vinculaba a su pareja con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al que la jueza había estado investigando.
La Fiscalía, tras recibir supuestamente la información de forma anónima, abrió diligencias contra ella, una información que el diario El Mundo llevó a lo más alto de su portada. Pero todo aquello quedó en nada. De hecho, el Tribunal Supremo llegó a declarar nula aquella investigación del Ministerio Público al considerar que se había excedido y había invadido competencias en materia disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, además de vulnerar el derecho de defensa de la magistrada.
Fue entonces cuando dio comienzo la segunda conspiración. El 16 de marzo de 2016, el juez Salvador Alba y el investigado Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración sirvió al exministro José Manuel Soria para ampliar una querella interpuesta contra la juez, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado a Ramírez. El Tribunal Supremo admitió la querella. Y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Quedaban dos meses para la repetición electoral de junio.
Pero el audio de aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, se filtró. Y el montaje quedó al descubierto. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a Alba a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta". El Alto Tribunal confirmó el fallo por prevaricación, cohecho y falsedad en documento público. El juez se encuentra desde hace un año en prisión.
El ‘lawfare’ policial de ‘PISA’ o la cuenta de Trias
A comienzos de 2016, Podemos estaba en auge. Acababa de irrumpir en el Congreso de los Diputados con 69 escaños, lo que lo convertía en tercera fuerza política y, al mismo tiempo, en el gran objetivo a batir. De hecho, los disparos de las cloacas contra la formación morada no tardaron ni un mes en llegar. El primer paso era colocar en los medios la supuesta financiación ilegal del partido, lo que se consiguió con la filtración del denominado Informe PISA –acrónimo de Pablo Iglesias SA–, un documento sin membrete oficial ni firma de policía alguno cuya elaboración ha terminado con el paso del tiempo atribuyéndose a la brigada política que operó durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
Una vez instalada en el ambiente la falsa idea de la financiación ilegal de la formación morada, sólo había que esperar a que alguien tomara el relevo para ponerlo sobre la mesa de los tribunales y continuar allí con la batalla política. Lo intentaron el sindicato ultra Manos Limpias o Unión Cívica Española (UCESP). Pero los jueces lo rechazaron. "No existe el más mínimo sustento documental", dijeron desde la Audiencia Nacional. "La mera publicación de informaciones en los medios no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos, si la denuncia o querella que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional", apuntaron en el Supremo.
Las operaciones clandestinas de aquella brigada política no eran nuevas. Buena prueba de ello son algunas maniobras orquestadas contra líderes independentistas en los meses anteriores. A mediados de octubre de 2014, Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, mantuvieron un encuentro en el que hablaron, entre otras cosas, de Xavier Trias, entonces alcalde de Barcelona. "Me han dicho que tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros", decía De Alfonso, quien aclaraba que no tenía ningún dato que lo acreditase. Pocos días después, El Mundo abría a toda página con esa información, que era totalmente falsa. Quedaban menos de dos semanas para la consulta independentista del 9N.
Junts ha puesto el foco esta semana en el Congreso de los Diputados sobre varios jueces, periodistas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y lo ha hecho con nombres y apellidos. Durante las últimas semanas, el independentismo no ha dudado en calificar como lawfare las diferentes causas abiertas en su contra. Es lo que ha hecho, por ejemplo, con el caso Tsunami, instruido en la Audiencia Nacional por el magistrado Manuel García-Castellón y en el que se persigue tanto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo. Una calificación que ha sido muy cuestionada tanto por la propia Fiscalía, que considera "insuficientes" los indicios que existen, como por algunos juristas.
Ada Colau fue víctima de ‘lawfare’: una jueza confirma el uso político de la justicia que hizo un fondo buitre
García-Castellón es también uno de esos jueces a los que Podemos señala al hablar de lawfare. De hecho, la formación morada interpuso a finales de noviembre una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional por, entre otros, un delito de prevaricación. La acción judicial tiene su origen en la investigación de la supuesta financiación ilegal de Podemos que el magistrado impulsó sobre una causa abierta en 2016 en base a las informaciones falsas contenidas en el famoso informe PISA tras las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal.
Primero, se puso el foco sobre varias de las personas ligadas al nacimiento de la formación morada. Pero la Sala de lo Penal entendió que las pesquisas que se pretendían llevar a cabo eran "prospectivas". Y ordenó el archivo del caso. El juez acató. Sin embargo, una semana después del cierre recibió varios oficios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que le permitieron abrir una nueva línea de investigación centrada en unas transferencias entre la empresa de Juan Carlos Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría.
En el artículo citado anteriormente, Biglino señala que "no es posible excluir que, incluso en los Estados de Derecho más asentados, existan jueces que antepongan su propia ideología a las obligaciones que impone el principio de imparcialidad". Ahora bien, estos magistrados no tienen la última palabra. Existe todo un sistema de recursos que permite que los órganos jurisdiccionales superiores "reparen los posibles abusos cometidos por los inferiores". Pero muchas veces, cuando eso ocurre han pasado años. Y el daño ya está hecho.
Hay épocas que vienen marcadas por determinados términos. La palabra “posverdad” pasó a ser de uso cotidiano con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. La pandemia, por su parte, desempolvó el concepto “resiliencia”. Y el arranque de la nueva legislatura en nuestro país ha acabado por poner de moda el anglicismo “lawfare”. Esta expresión, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra), no es nueva. Se popularizó a comienzos de siglo entre los círculos militares. Pero con el paso de los años su uso se ha ido extendiendo a otros ámbitos fuera del contexto bélico para referirse, en concreto, a la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.