Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) han denunciado al Estado Español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva, ha informado el colectivo.
La denuncia se presenta ante la identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a criterios "racistas, xenófobos y clasistas", algo que es "una constante desde hace años en las criminales políticas de inmigración".
El colectivo ha denunciado que los controles ordenados por el Ministerio del Interior "no guardan ninguna relación" con la actividad que realizan las personas a las que se identifica sino que vienen determinados por su aspecto físico, por lo que, a su juicio, son "discriminatorias, ilegitimas, racistas e injustas".
Así, ha insistido en que estas redadas están prohibidas por la ley y las consecuencias para quienes no tienen autorización de residencia son muy graves, ya que "limitan su capacidad de movimiento y pueden derivar en detención, multa, orden de expulsión, ingreso en un Centro de Internamiento o en expulsión del país".
Luchas contra identificaciones
Este movimiento es un colectivo de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico realizados por la policía. Un total de 16 miembros de estas brigadas han recibido boletines policiales de denuncia, en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
La Delegación de Gobierno de Madrid ratificó multas que sumaban un total de 3.500 euros. Las sanciones se recurrieron por vía judicial y al carecer de base legal en todos los casos en que se celebraron juicios, fueron anuladas. También el procedimiento penal concluyó en absolución, según ha informado Europa Press.
Para el colectivo, estas sanciones son "una vulneración de los derechos y libertades", entendiendo "necesario hacer frente a estas políticas tanto en las calles como en los tribunales". "No es admisible que se intente silenciar a quienes legítimamente defienden los derechos humanos. Hemos recurrido ante los tribunales para que se anule la sanción, mientras el acoso continúa y se invisibilizan las voces críticas intentando coartar la denuncia social", ha señalado.
Según han explicado, presentaron por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales una demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales.
Tras un largo procedimiento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), señalan las Brigadas Vecinales, no admitió la demanda, "sin atender al contexto alegando que no afectaba a derechos fundamentales".
Por ello, ahora han recurrido a instancias internacionales y denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial.
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BVODH solicita que el Comité de Derechos Humanos de la ONU declare la vulneración de los artículos 2.1, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y reclaman la devolución de la multa, de las costas legales y la "rectificación pública de las acusaciones vertidas por los poderes públicos contra el colectivo".
También piden que formule recomendaciones al Estado Español en cuanto al cese "inmediato" de las identificaciones por perfil étnico, la constitución de mecanismos que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos.
Apoyan la denuncia otros 34 colectivos sociales: asambleas populares del 15M, asociaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, asociaciones de juristas, colectivos de cristianos de base y ecologistas.
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) han denunciado al Estado Español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva, ha informado el colectivo.