Colectivos ciudadanos celebran que el Gobierno no repercuta los gastos de mantenimiento del Castor en la factura del gas

"¡Lo hemos conseguido! No pagaremos el mantenimiento del Castor en nuestra factura del gas". Así celebró este jueves el colectivo ciudadano Xnet el freno y marcha atrás del Gobierno con respecto a los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor. "Gracias a la acción ciudadana que promovimos bajo en nombre de #NoEnMiFactura, hemos conseguido in extremis que el Gobierno no incluya nuevamente el mantenimiento del Castor en nuestra factura del gas, tal y como en un primer momento habían planteado en la orden ministerial", explicaron. Lo confirmó el Ministerio para la Transición Ecológica a preguntas de infoLibre: "Efectivamente, se ha retirado de la orden de peajes de gas natural para el año 2019, la habilitación del pago y el abono de las cantidades ya detraídas por la CNMC en el proceso de liquidaciones para el pago de los costes de mantenimiento de Castor", informaron. La decisión se debió, añadieron, "a las diferentes sentencias y a las dudas expresadas por la CNMC en su informe acerca de la base jurídica de la propuesta".

Hace menos de un mes, el 17 de diciembre, los colectivos Caso Castor y Xnet denunciaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía cobrar en la factura del gas los gastos del proyecto fallido. En su lugar, exigieron que sea la empresa concesionaria, perteneciente a ACS, quien pagara. Según explicaron en ese momento las dos organizaciones, el plan del Gobierno consistía en incluir los 8.730.906 euros de mantenimiento en las retribuciones por peajes del sistema gasista para este año. Esta parte regulada del recibo de la luz representa el 40% de la factura total. Esta proporción es la que tiene más peso, por encima de la energía que se consume –el 35%– y de los impuestos –el 25%–.

El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, argumentó la decisión explicando que se adoptaba para proporcionar a Escal UGS —la empresa que explotaba el proyecto yque pertenece en un 66,7% a ACS, propiedad de Florentino Pérez— lo necesario para evitar "el abandono incontrolado de la instalación". "Privar a la empresa responsable de las instalaciones afectas a este almacenamiento de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control implicaría riesgos de difícil previsión para el medioambiente, el tráfico marítimo, e incluso, las estructuras geológicas y, por lo tanto, se hace necesario implementar los medios legales que permitan el abono de estas cantidades", asegura la orden ministerial que se publicó entonces. 

"El envío de decenas de alegaciones en el proceso de participación pública por parte de actores del colectivo Caso Castor y de la ciudadanía ha confrontado al Ministerio con la realidad del otro lado: la sociedad civil hace una observancia permanente y ejerce la autotutela de sus derechos exigiendo el no pago del Castor y su desmantelamiento", celebró Xnet este jueves. No obstante, aclararon, "el Castor seguirá siendo noticia en 2019".

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Comenzó a serlo en 1996. En aquel momento, el Gobierno de José María Aznar otorgó a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a Escal a través de una orden ministerial firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Cinco años después comenzó la explotación. Pero el proyecto cesó su actividad en septiembre de 2013, cuando se registraron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro. Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón.

Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno a aprobar un real decreto-ley que, más tarde, fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Hace un año, el pleno declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos por los que se acordó la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal. El montante, que la compañía ingresó en sus arcas poco después de la aprobación del decreto, fue abonado por la nueva titular, Enagás, a cambio de obtener derechos de cobro del sistema gasista durante tres décadas. 

Para conseguir el dinero para afrontar el abono de la indemnización, Enagás titulizó esos derechos de cobro y se los colocó en forma de bonos al Santander, Bankia y Caixabank, que presentaron una demanda al Estado para recuperar el montante.