La historia ya resulta familiar. Miembros de una ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo terminan siendo acusados por un supuesto delito de tráfico de personas. Es lo que les ocurrió recientemente a tres activistas de Proactiva Open Arms, y es lo que les pasó también a otras tres personas pertenecientes a Proem-Aid. Se trata de Manuel Blanco, el vicepresidente de la asociación, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez, bomberos de la ONG que son juzgados este lunes en la isla griega de Lesbos. Se enfrentan, cada uno de ellos, a una pena de prisión de hasta 10 años.
Los tres fueron detenidos en enero de 2016 por la Guardia Costera Griega cuando realizaban labores de rescate en el Mediterráneo. Lo llevaban haciendo desde el año 2015, cuando la crisis migratoria dejó las mayores cifras de desplazados y las peores y más trágicas cifras de fallecidos en el mar. Precisamente fue el momento en el que la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio que apareció ahogado en una playa de Turquía, dio la vuelta al mundo levantando una ola de solidaridad entre los países europeos. Al menos sobre el papel. Fue el momento en el que los Veintiocho se comprometieron a acoger a una cifra determinada de refugiados en sus países para aliviar, de esta manera, la presión que sufrían Italia y Grecia, los países con un mayor número de llegadas. Y fue también el momento en el que las ONG llegaban a la zona para rescatar a quienes intentaban a cruzar la mortífera ruta, que se ha tragado más de 3.000 vidas en los últimos cuatro años.
Una de ellas era Proem-Aid, una organización integrada por personas especializadas en tareas de emergencia, como bomberos. "A raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Grecia en 2015 que venían de Turquía a Lesbos, decidieron crear la organización para intentar ayudar en la zona", explica Paula Schmid, abogada de los tres acusados. Y en esa zona estuvieron meses colaborando con las autoridades griegas. Sin embargo, en una de las operaciones de rescate, fueron detenidos. "Una noche se les estropeó el barco y fueron a realizar un rescate a bordo del de otra ONG. En ese momento apareció la Guardia Costera Griega y, en lugar de realizar un simple registro, les metieron en el calabozo durante tres días", recuerda Schmid. No llevaban a nadie en la embarcación, por lo que la acusación se quedó en un delito de tráfico de personas en grado de tentativa y en otro de tráfico de armas, que ya fue retirado, puesto que sólo transportaban un cortacabos necesario para su trabajo. Blanco dijo entonces que la detención fue "fruto de un error" porque en todo momento estuvieron "en contacto con las autoridades" del país heleno. No obstante, la acusación del primer delito no fue retirada y, por ello, ahora se enfrentan al juicio.
No les falta apoyo, puesto que numerosas ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) o Cruz Roja lo han mostrado públicamente. Pero no solo la sociedad civil les respalda. "También contamos con el apoyo de las instituciones", afirma Manuel Blanco. Entre esos respaldos se encuentra el del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que ha asegurado una representación consular de España en el juicio del próximo 7 de mayo. "Para nosotros es un gesto muy importante porque nos da ciertas garantías", asegura Blanco, quien añade que, aunque de esta manera afrontan el juicio "más contentos", no dejan de estar "preocupados". La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Parlamento de la comunidad, partidos políticos y la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, también se han posicionado de su parte.
"Problema generalizado"
Lo cierto es que este tipo de acusaciones hacia las ONG no es nuevo. Según publicó infoLibre, el discurso crítico que han dirigido las organizaciones a las autoridades europeas se ha visto reforzado en los últimos años. Les acusan de criminalizarles y torpedear sus labores de rescate. Acusaciones cuyas consecuencias ya se ven sobre el terreno. Actualmente, solo queda un barco de una organización operando en la zona. Llegaron a ser 12 en 2016, pero la pérdida de fondos derivada de las críticas que han recibido por parte de los Estados y la presencia de la Guardia Costera libia que impide sus actuaciones han ido dejando el Mediterráneo vacío de ayuda humanitaria.
"La preocupación que tenemos es que se criminaliza a quienes ayudan a inmigrantes irregulares dentro de la Unión Europea. Es un problema absolutamente generalizado", lamenta Schmid. "Hemos identificado decenas y decenas de casos en diferentes países de toda la UE de personas que han sido castigadas por ayudar a inmigrantes sin papeles", añade. Y con ella coincide Blanco, que responde afirmativamente cuando se le pregunta si siente que se les ha tratado de esta manera. "Sí. Hay una tendencia al alza de casos parecidos al nuestro o casos que tienen algo en común con nosotros. Se penaliza la solidaridad", critica.
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"Estamos muy preocupados porque creemos que hay muy mala fe. Además, es un caso político", afirma Schmid. "Fue una detención muy simbólica para quitar a las ONG del agua", añade.
El problema, aunque se enmarca dentro de la Unión Europea, no encuentra ahí su solución. Según Schmid, "la inmigración es competencia exclusiva de los Estados miembros y cada uno de ellos es responsable de controlar sus fronteras". "A nivel de UE no se puede hacer nada", lamenta. Aun así, ha intentado presionar a las instituciones para que no ocurran casos como este. "Me he dedicado a presentar una petición en el Parlamento Europeo para que se cambie la directiva europea y se impida a los Estados criminalizar a las personas que ayudan a inmigrantes irregulares", relata Schmid, quien añade que han sido "la primera ONG que se ha reunido con el comisario de Inmigración" de la Comisión Europea, Dimitris Avramopoulos. Y el Parlamento Europeo les ha recibido, por lo menos, cinco veces.
Esperan de esta manera que se termine con las actuaciones dirigidas a eliminarles de la zona. Porque la cifra de desplazados no cesa y, en consecuencia, tampoco lo hace la de los fallecidos. En los primeros meses de 2018, la Organización Internacional para las Migraciones ya ha contabilizado al menos 587 migrantes fallecidos.
La historia ya resulta familiar. Miembros de una ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo terminan siendo acusados por un supuesto delito de tráfico de personas. Es lo que les ocurrió recientemente a tres activistas de Proactiva Open Arms, y es lo que les pasó también a otras tres personas pertenecientes a Proem-Aid. Se trata de Manuel Blanco, el vicepresidente de la asociación, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez, bomberos de la ONG que son juzgados este lunes en la isla griega de Lesbos. Se enfrentan, cada uno de ellos, a una pena de prisión de hasta 10 años.