La Comisión Europea ha validado el plan del Gobierno español aprobado en otoño para combatir la desinformación y que generó fuertes críticas desde la oposición al entender que pretendía perseguir a determinados medios de comunicación o informaciones que perjudicaran a la coalición conformada por PSOE y Unidas Podemos. Así consta en una respuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Vera Jourová, remitida por escrito a la eurodiputada española Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos), a la que ha tenido acceso infoLibre.
Jourová asegura que Bruselas ha analizado la orden ministerial y "ha concluido que actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación". La Comisión entiende que la herramienta aprobada por el Gobierno español no constituye "una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación".
El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento de actuación contra la desinformación en respuesta a la petición de Bruselas para desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación. Tras su aprobación por Consejo de Ministros el 5 de noviembre a través de la correspondiente orden ministerial, el Ejecutivo interpeló a la Comisión Europea sobre dicho plan. Un portavoz del ejecutivo comunitario afirmó entonces que estaba "vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de todos los Estados miembros durante esta pandemia". Y más tarde agregó que tras una "evaluación preliminar de urgencia", entendía que la iniciativa española "proporcionaba las herramientas y los actores" adecuados para garantizar la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos en el Plan de Acción Europeo contra la Desinformación de 2018.
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Esta respuesta provocó que la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, del grupo político Renew, requiriera una explicación más detallada a la propia Comisión formulando dos preguntas [ver aquí]. En ellas se requería al ejecutivo comunitario si había analizado el hecho de que el comité de vigilancia propuesto estaba controlado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente del Ministerio de la Presidencia, y de que la orden hablaba de examinar "la libertad y pluralismo de los medios". Y si la Comisión consideraba suficiente utilizar el pretexto de la lucha contra la desinformación para aceptar cualquier medida.
Este 15 de febrero, la Comisión Europea, tras un análisis de la orden ministerial, ha hecho llegar su respuesta a la eurodiputada. Su conclusión es que la orden ministerial “actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación”. La Comisión ha entendido que la herramienta española “no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”. A juicio de la Comisión, se trata de "supervisar y evaluar las campañas de desinformación online, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero”.
Esta labor, subraya la Comisión, “es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación”. Por lo tanto, la Comisión Europea avala al Gobierno en su plan contra las fake news ya que no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento de control sobre los medios de comunicación.
La Comisión Europea ha validado el plan del Gobierno español aprobado en otoño para combatir la desinformación y que generó fuertes críticas desde la oposición al entender que pretendía perseguir a determinados medios de comunicación o informaciones que perjudicaran a la coalición conformada por PSOE y Unidas Podemos. Así consta en una respuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Vera Jourová, remitida por escrito a la eurodiputada española Maite Pagazaurtundua (Ciudadanos), a la que ha tenido acceso infoLibre.