La comisión rogatoria clave del caso del ático lleva al menos un año y seis meses sin respuesta. La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.
Esta sociedad fue la que utilizó el presunto testaferro Rudy Valner para adquirir en 2008 el ático de lujo de Estepona. Este inmueble es ahora propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de su esposa, Lourdes Cavero, que lo compraron por 770.000 euros en diciembre de 2012.
La lentitud de la petición, que primero tiene que ser traducida y posteriormente remitida por el Ministerio de Justicia a las autoridades de Estados Unidos, contrasta con la celeridad conseguida por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el caso Gürtel.
Ruz llegó incluso a ser alertado en abril de 2013 por el Gobierno de Estados Unidos mediante un correo electrónico de que uno de los imputados, en concreto el extesorero del PP Ángel Sanchís, tenía intención de retirar el dinero de una de las cuentas investigadas en la trama liderada por Luis Bárcenas. La documentación del sumario Gürtel muestra, además, que la Audiencia Nacional recibe las comunicaciones de Estados Unidos en menos de una semana.
Pero el caso del ático de Estepona es bien diferente. En octubre de 2013, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo letrado Javier Carnerero firmó la denuncia que dio origen a la investigación, envió a la jueza sustituta Mariana Peregrina, las preguntas dirigidas a Valner. Este intermediario de nacionalidad mexicana e instalado en California, considerado un testigo de gran importancia, fue la persona que adquirió por 750.000 euros el dúplex de Estepona, que poco después alquiló el matrimonio González-Cavero por 2.000 euros al mes.
"¿Conoce a Ignacio González?"
Esas preguntas, a las que ha tenido acceso infoLibre, ya apuntaban la supuesta participación de Ignacio González en la operación: "¿Conoce o tiene relaciones profesionales o comerciales con Ignacio González?, ¿Y con Lourdes Cavero?". Estas eran dos de las interpelaciones que Valner tendría que responder.
Pero el letrado Carnerero también se interesaba en la relación de Rudy Valner con el presidente del Atlético de Madrid: "¿Conoce o tiene relaciones profesionales o comerciales con Enrique Cerezo?". Otra de las preguntas del SUP trata de conocer la participación del supuesto testaferro en la visita realizada a Estados Unidos por una delegación madrileña encabezada por González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid: "Indique si la presentación de Egeda US [entidad vinculada con Cerezo], coincidió con Enrique Cerezo, Pedro Pérez, Ignacio González, el señor Gil y representantes de la Confederación de Empresarios de Madrid".
El escrito del SUP trataba de profundizar aún más en la participación del presidente de la Comunidad de Madrid en la compraventa: "¿Quién le sugirió que el contrato de alquiler fuera arrendado a Lourdes Cavero y no a Ignacio González?¿Le consta algún pago realizado por Lourdes Cavero, arrendataria del ático, cuentas, por qué importe y forma de pago indicando las cuentas desde las que le hubiesen realizado las transferencias?".
Sin contestar
Pero estas preguntas permanecen un año y medio después sin contestar. Y no se han obtenido respuestas pese a que la jueza Isabel Conejo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, reactivara la investigación al reincorporarse a su plaza tras finalizar la baja por maternidad.
Así, en un auto de 16 de junio de 2014, la jueza reclama una comisión rogatoria a Estados Unidos en la que de nuevo solicita que se "practique la declaración testifical de Rudy Valner", en la que se tenía que incluir las preguntas del Ministerio Fiscal y del SUP de octubre de 2013. Pero Isabel Conejo incluye tres apartados más. El primero iba encaminado a obtener información sobre una cuenta corriente en el banco US Bank, mediante la cual Rudy Valner pagó el ático.
Los beneficiarios
El segundo apartado trataba de determinar los beneficiarios de la sociedad con la que se compró inicialmente el ático: Coast Investors, inscrita en el estado de Delaware (EEUU).
También la jueza solicitaba en el auto la documentación de otra empresa: Waldorf Overseas Investments, la matriz de Coast investors: "Constituida por First Corporate Solutions y remita informe de cuentas de dicha sociedad o certificado de inexistencia de las mismas, así como cuentas bancarias abiertas a su nombre, actividad económica, [...] si dicha entidad es nula a tenor de la normativa aplicable en Delaware, y si carece de entidad jurídica para ser titular de cuenta corriente alguna".
De forma paralela a lo que ocurre con la petición de información de Estados Unidos, la comisión rogatoria del Reino Unido acumula un retraso de más de dos años.
Las comisiones rogatorias del 'caso del ático' de González: cuatro años sin respuestas y con errores continuos
Adolfo Prego
Este retraso ha provocado la paralización de la investigación judicial, que en los últimos días ha incluido la declaración de la testigo Karen A.G. Pero sobre todo la renuncia del letrado Adolfo Prego a defender a Ignacio González y a su mujer.
Este abandono se produjo días antes de que el diario El Mundo publicara el 2 de marzo la informaciónEl Mundo sobre la reunión celebrada en 2011 en un establecimiento madrileño con los comisarios del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Las grabaciones apuntan a que el todavía presidente de la Comunidad de Madrid trató de evitar que la opinión pública conociera que era el auténtico propietario del ático, y no el presunto testaferro Rudy Valner. Sin embargo, González aseguró que la entrevista no fue otra cosa que un "chantaje".
La comisión rogatoria clave del caso del ático lleva al menos un año y seis meses sin respuesta. La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos para conocer el saldo y los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors.