La Comisión de Venecia no ve conflicto en la separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley, informa Europa Press.
Así indican que las amnistías se deben adoptar con una amplia mayoría cualificada en tanto que pueden tener efectos "muy divisivos" en la sociedad.
En un resumen de su informe, este organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal Justicia de la UE (TJUE).
La Comisión de Venecia también pide acotar de manera más precisa el ámbito "temporal y material" de aplicación de la amnistía para hacer más "predecibles" sus efectos.
Respecto a los delitos de malversación y corrupción, también señala que se debe asegurar un vínculo causal más cercano entre los actos constitutivos de estos delitos y las consultas del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 y sus actos de preparación.
Asimismo, sobre el terrorismo señala que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley.
División virulenta en la sociedad
En la misma línea advierten que el procedimiento legislativo de urgencia "no es apropiado para las leyes de amnistía" dadas las consecuencias "controvertidas y de amplio alcance" que conllevan. Este tipo de normas, por tanto, deben estar inspiradas por la inclusividad, la participación y deben someterse el debate público durante un periodo de tiempo adecuado.
Señalan además que las amnistías generalmente vienen motivadas por razones de reconciliación política y social. Sin embargo, advierte de que estos objetivos "legítimos" requieren métodos coherentes, para que "no se frustre" su propósito.
La Comisión de Venecia también indica en su informe que la Ley de Amnistía "ha intensificado una profunda y virulenta división en la clase política, las instituciones, la judicatura, la academia y la sociedad española.
El procedimiento limita la consulta pública
Por tanto anima a las autoridades y a las fuerzas políticas a tomarse el tiempo necesario para el dialogo y la cooperación leal entre instituciones y entre la mayoría gubernamental y la oposición con el objetivo de lograr "una reconciliación social y política".
En ese sentido apuntan que la Ley de Amnistía se presentó como una proposición de ley, un procedimiento que limita la consulta pública a los interesados y a las instituciones del Estado y se ha seguido un procedimiento de urgencia.
Respecto a la independencia judicial y la separación de poderes, señalan que las amnistías tienen el efecto de anular o prevenir decisiones y procedimientos judiciales. Por tanto para ser consecuente con estos principios los jueces deben ser los encargados de decidir si cada individuo cumple los criterios determinados por el Parlamento para estar incluidos en la amnistía.
Las comisiones de investigación no deben llamar a jueces
La Comisión de Venecia recomienda además que las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los independentistas en el Congreso de los Diputados no llamen a comparecer a jueces y recuerdan que este tipo de comisiones parlamentarias deben dedicarse al escrutinio del Poder Ejecutivo.
De este modo recomienda que esas comisiones no deben recibir el mandato de citar ni siquiera invitar a jueces a comparecer, en especial para dar explicaciones de sus casos. En este sentido recuerdan que el propósito de este tipo de comisiones de investigación parlamentaria suele ser supervisar y escrutar el trabajo del Gobierno.
El PSOE sostiene que la Comisión de Venecia cree que la amnistía no choca con la Constitución ni el Derecho Europeo
El PSOE sostiene que el dictamen concluye que la norma se está tramitando "con todas las garantías" y que su contenido "se enmarca dentro del Derecho constitucional español y también en el marco del Derecho Europeo".
Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, la socialista Isaura Leal, quien se ha desplazado a la ciudad italiana para asistir a la reunión plenaria que celebra allí este órgano del Consejo de Europa.
Leal ha destacado que el informe que esta comisión ha elaborado a instancias del PP se ha aprobado por "unanimidad" y se ha declarado "enormemente satisfecha" porque, desde su punto de vista, ha quedado acreditado que la proposición de ley que el Congreso ha enviado al Senado tiene cabida "en el marco del Derecho internacional y del Derecho europeo".
Según ha destacado, el dictamen de la comisión también señala que la ley es respetuosa con "el principio de igualdad" y la "separación de poderes" y que se ha tramitado "conforme a los procedimientos establecidos" y "con todas las garantías". A su juicio, la Comisión de Venecia deja así claro que no era necesario reformar la Constitución para aprobar una amnistía, como defendía el PP.
Preguntada sobre la interpretación que han realizado los populares del dictamen aprobado en Venecia, que igual pasó cuando se conoció el primer borrador dista mucho a la que hacen desde el PSOE, Leal ha argumentado que se estaba limitando a trasladar lo que acababa de "presenciar" en el plenario.
"La ley la aplicarán los jueces y además cuenta con una mayoría parlamentaria que la acredita con el aval suficiente y social de la ciudadanía", ha enfatizado, incidiendo en que ha sido aprobada por "siete de los nueve grupos" que integran el Congreso, lo que, según sus cálculos, "representa el 80% de la ciudadanía de Cataluña".
Por último, ha remarcado que el "objetivo legítimo" de esta norma es "la reconciliación social". En su opinión, la ley "contribuirá a terminar con décadas de un conflicto en Cataluña, que quedará superado con un futuro de esperanza para todos".
El PP dice que la Comisión de Venecia denuncia el terrorismo en la amnistía y que vulnera la separación de poderes
El PP ha asegurado que la Comisión de Venecia ha introducido las alegaciones que ha aportado el Senado, en las que se denuncia que esta norma abarque "algunos delitos de terrorismo", a la vez que ha censurado una "vulneración de la separación de poderes y la independencia del poder judicial".
La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía
Según fuentes de la Presidencia del Senado, el Pleno de la Comisión de Venecia que ha aprobado el dictamen ha aceptado introducir las enmiendas propuestas por la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta. El propio presidente de la institución, Pedro Rollán, ha intervenido en el Pleno que lo debatía.
En este contexto, los populares afirman que el dictamen de la Comisión de Venecia "denuncia que la Ley de Amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".
Según el presidente del Senado, Pedro Rollán, otro de los puntos que ha aceptado el Consejo de Europa tiene que ver con los números para aprobar la proposición de ley de amnistía: "La Comisión de Venecia advierte de la necesidad de una mayoría cualificada más alta para aprobar una ley como esta, y no quedarse en la mayoría requerida simplemente por una ley orgánica".
La Comisión de Venecia no ve conflicto en la separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley, informa Europa Press.