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La Comunidad de Madrid oculta las cuentas del 'chiringuito' que dirigió Abascal correspondientes al año de su mandato

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Secretas. Así son, por el momento, las cuentas finales de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, que justo en su último año de vida –2013– tuvo a Santiago Abascal como gerente por decisión directa del Gobierno de Ignacio González y tras haber dirigido la agencia regional de Protección de Datos en la etapa de Esperanza Aguirre.

Una semana después de que infoLibre formulara por primera vez al Ejecutivo madrileño varias preguntas relativas a esa fundación –cuya actividad real constituye en sí misma un misterio, que ni siquiera pudo ser fiscalizada y que en su día fue calificada de "chiringuito" incluso por dirigentes del PP–, sus portavoces confirmaron este lunes un dato de relevancia: que las cuentas de 2013 nunca fueron depositadas en el Registro de Fundaciones pero que "están en el Protectorado", es decir, "en la Secretaría General Técnica" de la Consejería de Políticas Sociales.

La fundación inició su proceso de extinción y liquidación tras el acuerdo adoptado el 17 de diciembre de 2013 por su patronato, cuya composición refleja el control directo que ejercía el Gobierno autonómico. Según la Comunidad de Madrid, la liquidación de esta fundación fue aprobada el 29 de enero de 2015. 

En esa fecha, enero de 2015, la secretaria general técnica de la consejería de Asuntos Sociales era Carmen Balfagón, que durante años había ocupado la Dirección General de Dependencia en el Gobierno regional. Hace un mes, Vox fichó a Balfagón como vicesecretaria de Acción Social.

En cuanto supo el papel que, a tenor de lo dicho por la Comunidad de Madrid, había desempeñado Balfagón, infoLibre pidió este lunes por la tarde a los portavoces de Vox conocer las explicaciones de su nueva dirigente sobre por qué las cuentas de la fundación no fueron remitidas al Registro. No hubo respuesta.

Tampoco el PP ha facilitado una explicación. Pese a la insistencia de este periódico, ni el Ejecutivo regional explica por qué no se entregaron esas cuentas al registro –lo que en la práctica implica dejarlas fuera del circuito de publicidad obligada que preceptúa la ley madrileña de fundaciones en su artículo 121.7ni acepta desvelar aún su contenido. Aquella era otra etapa, es el mensaje que una y otra vez ha reiterado el equipo de comunicación del presidente Ángel Garrido.

Una de las fuentes oficiales pulsadas había sostenido el viernes que las cuentas de 2013 no se depositaron en el Registro de Fundaciones "porque el año no había acabado cuando se extinguió la fundación".

Este periódico pidió reiteradamente a los portavoces de la Comunidad de Madrid que precisaran qué norma establece esa excepción, si es que existe. No hubo respuesta.

La única opción que el Gobierno autonómico contempla para permitir el acceso a la última memoria anual del chiringuito que Abascal dirigió en su recta final, y así lo han expresado sus portavoces a infoLibre, es la de presentar una solicitud en aplicación de la Ley de Transparencia.

Pero esa fórmula no solo no garantiza de antemano una respuesta afirmativa por parte de la Administración requerida, en este caso la Comunidad de Madrid, sino que en el mejor de los casos entraña una espera de un mes: ese es el plazo que la norma concede para resolver cada petición.

El examen del documento que en teoría debe reflejar lo que la fundación hizo en su último año de existencia se demoraría así de manera inevitable hasta después de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno, del PP, con el apoyo de Vox además del de Ciudadanos.

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En 2013, el número dos del patronato de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social era el actual consejero madrileño de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo. Y como presidente ejercía el entonces consejero de Políticas Sociales, el hoy diputado autonómico del PP Jesús Fermosel

De ese patronato también formaba parte Carmen Balfagón, que en aquellas fechas ostentaba el cargo de directora general de Dependencia. En 2012, una de las principales actividades de la fundación había sido el lanzamiento de un manual sobre dependencia que costó 92.000 euros. La nueva dirigente de Vox ascendió a la Secretaría General Técnica de la consejería en marzo de 2014. Se convirtió así en la número tres del departamento. Desde ahí, saltó en 2016 a la dirección del Imserso con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Dominado por el Gobierno madrileño, el patronato de la fundación acordó iniciar su liquidación y extinción el 17 de diciembre de 2013. Cuarenta y un días antes, Abascal se había visto forzado a comparecer en la Asamblea de Madrid, donde el diputado Alberto Reyero, entonces de UPyD y hoy de Ciudadanos, lo sometió a un duro interrogatorio que se cerró sin que el ahora líder de Vox respondiera a preguntas clave.

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Abascal solo ofreció ese 5 de noviembre de 2013 dos cifras tangibles: la del presupuesto (252.818 euros) y la de su sueldo (82.491 euros anuales brutos). Los diputados que acudieron a aquella sesión salieron, y así lo constata el Diario de Sesiones, sin saber a qué exactamente había dedicado la fundación o pensaba hacerlo antes de que expirase el año los 170.000 euros disponibles una vez descontadas sus retribuciones. La plantilla la formaban exclusivamente él mismo y un ayudante.

El presidente de la formación ultraderechista aseguró dos veces ante la Cámara autonómica que su fichaje se había producido en abril. Pero, según el Gobierno madrileño, el patronato de la fundación aprobó la designación de Abascal el 18 de febrero de 2013. El 28 de enero de 2014 cesó "a petición propia".

El viernes, Abascal reconoció durante una entrevista que la Fundación para el Mecenazgo era "innecesaria" pero justificó su sueldo de 82.000 euros. "Estaba trabajando", dijo.

Secretas. Así son, por el momento, las cuentas finales de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, que justo en su último año de vida –2013– tuvo a Santiago Abascal como gerente por decisión directa del Gobierno de Ignacio González y tras haber dirigido la agencia regional de Protección de Datos en la etapa de Esperanza Aguirre.

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