Las comunidades autónomas ultiman distintas fórmulas para hacer convivir sus rentas básicas con el Ingreso Mínimo Vital

Luz verde sin votos en contra. El Congreso aprobó el pasado miércoles el Ingreso Mínimo Vital con la única abstención de la ultraderecha, representada institucionalmente por Vox, y con la expectativa de llegar a 200.000 personas de forma inmediata y a cerca de 2,3 millones de manera global. Será a partir de este lunes, pistoletazo de salida para las solicitudes. Con el nuevo escenario en el horizonte, las comunidades trabajan en la búsqueda de una estrategia para la convivencia entre sus propias rentas y el nuevo subsidio.

Las rentas mínimas de inserción son los distintos programas con los que cuentan las comunidades autónomas, ayudas dirigidas a "personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas" y que generalmente van acompañadas de un proceso de intervención social. Cada comunidad cuenta con su propio modelo, todos atravesados por una estructura similar en lo esencial. Ahora, las rentas tendrán que coexistir con el ingreso estatal, con el reto de no dejar a nadie atrás.

La publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) que consolida la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital abre la puerta a su compatibilidad con las prestaciones autonómicas. "En el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas", de manera que el ingreso "se configura como una prestación suelo que se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas". La ayuda, por tanto, permite a las comunidades "modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial".

Andalucía saltó esta semana a los titulares tras sus últimos cambios de dirección. Tal y como desveló infoLibre, la Junta de Andalucía incluyó entre sus planes paralizar la tramitación de su renta básica, la Renta Mínima de Inserción Social, por la entrada en vigor del ingreso estatal, según un documento oficial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El Gobierno autonómico argumentaba que la prestación andaluza tiene "carácter subsidiario" y que fija la obligación de sus beneficiarios de "solicitar las prestaciones" que pudieran corresponderles para "incrementar sus recursos económicos". De este modo, según la Junta de Andalucía, es necesario que antes de pedir la renta básica andaluza se solicite el IMV. La ayuda autonómica, según esta explicación, sólo se tramitaría para las solicitudes de los que tuvieran resolución denegatoria o no estuvieran cubiertos por la prestación estatal. Tan sólo un día después, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno rectificó y aclaró que "no se suspende", sino que se informará al que la pida de dicho "carácter subsidiario".

La renta andaluza se entreteje como una ayuda mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de manera que supone 419 euros. Esta ayuda puede incrementarse un 10% del IPREM por cada integrante de la unidad familiar distinto del solicitante. Cuando fue aprobada, la cuantía máxima, para familias de ocho o más personas, era de 779 euros. En mayo se beneficiaron 14.615 familias, su récord histórico, con un gasto de 11,3 millones, la nómina más elevada desde su implantación. El número de perceptores ha subido un 76% desde el inicio de la crisis del coronavirus.

Sustitución de las rentas autonómicas

No es Andalucía la única comunidad que alude al "carácter subsidiario" de la ayuda autonómica. En el año 2007, el Gobierno de Cantabria puso en marcha su Renta Social Básica, una ayuda mensual que busca garantizar unos ingresos del 80% del IPREM para el solicitante, con un techo límite del 125% del IPREM. El año pasado la cuantía máxima ascendía a 672 euros y actualmente llega a más de 5.800 personas, según el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga.

Fuentes del Gobierno cántabro explican a este diario que se están determinando los mecanismos para que no se cobren ambas rentas y evitar así duplicidades. Percibir las dos prestaciones "iría contra la normativa", señalan. Desde la comunidad se está "facilitando la comunicación entre los técnicos de la Seguridad Social y los servicios sociales de los ayuntamientos, que entendemos que es a donde acudirán muchos ciudadanos interesados en esta nueva prestación". En este sentido, apuntan, "se han organizado sesiones informativas para que los trabajadores sociales conozcan de primera mano cómo será la gestión del IMV y puedan resolver las dudas que tengan". La Renta Social Básica, regulada en la Ley de Servicios Sociales de Cantabria, "tiene carácter subsidiario, de tal modo que aquellas personas que pasen a cobrar el Ingreso Mínimo Vital dejarían de percibir la prestación autonómica". No obstante, matizan las mismas fuentes, la renta autonómica "va a permanecer, porque el trasvase de una prestación a otra no es automático, salvo para quienes perciban la prestación por hijo a cargo". Los fondos que se ahorren, ha señalado el vicepresidente de la región, irán destinados al desarrollo de políticas sociales.

Algo similar ocurre en Castilla y León, que cuenta con una Renta Garantizada de Ciudadanía, al 80% del IPREM como mínimo y al 130% como máximo, lo que se traduce en una cuantía mínima de 430 euros y otra máxima de 699 euros. El pasado mes de abril, la ayuda autonómica llegó a 9.300 hogares y 21.816 perceptores. "La gente que percibe la renta tiene que solicitar el IMV", explican desde la comunidad. "Nosotro mientras tanto seguiremos pagando la renta", aclaran, pero en el momento en que el perceptor "empiece a cobrar" el ingreso estatal, el autonómico "se paraliza". En esa tarea, el Gobierno de Castilla y León "les mandará una carta diciéndoles que tienen que solicitar a la Seguridad Social" la ayuda estatal.

En Galicia, la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) asciende al 75% del IPREM, con una cuantía de 403 euros en su mínimo y de 726 en su extremo más alto. La Xunta de Galicia, sostiene un portavoz autorizado de la Consellería de Política Social, "mantuvo una primera toma de contacto con el Gobierno central con el objetivo de que los perceptores" de la ayuda autonómica "que así lo desearan se puedan acoger de oficio" al subsidio estatal, "con todas las garantías legales y respetando todos los derechos de estas personas".

El interés de la Xunta de Galicia, insisten, es que las ayudas de inclusión social "se pongan a disposición de los hogares de manera eficaz y sin solapamientos", motivo por el que "en repetidas ocasiones se solicitó que fuesen las comunidades autónomas las encargadas de gestionar directamente el IMV y evitar así duplicidades". La Ley 10/2013, de inclusión social de Galicia establece que la recepción de la ayuda no es compatible con las pensiones no contributivas ni con otra prestación que suponga un ingreso igual o superior. "El Gobierno que salga de las urnas deberá en la próxima legislatura abordar la reforma de la ley para adaptarla al nuevo panorama que se ha abierto", dicen las mismas fuentes.

Complementar las ayudas

Illes Balears acaba de aprobar un decreto este mismo viernes para "adaptar las prestaciones". En las islas cuentan con una Renta Social Garantizada, regulada mediante el Decreto 117/2001, con una cuantía de entre 459 euros y 826 de máximo. "Lo que se hace es equiparar los perfiles" de los perceptores a aquellos que optan por el Ingreso Mínimo Vital, de manera que quienes reúnan los requisitos "siempre tendrán que solicitar" la ayuda estatal. "Si no te lo conceden, todos estos casos sobrevenidos los asumirá la comunidad a través de la renta social", explican fuentes del Gobierno de Francina Armengol. Si bien es cierto que se prevé un ahorro, las mismas fuentes indican que se trabajará por "una redistribución" de la renta autonómica para "adaptarla a la nueva situación", por lo que "la renta social llegará a gente a la que no llegaba antes" y también se "incrementará la renta de emancipación", una ayuda para la autonomía de los extutelados.

En Cataluña, sostienen desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "desde el principio se ha hablado de complementariedad" y en este caso ha habido "un buen diálogo y se ha estado en contacto" con el Gobierno de Pedro Sánchez "desde el primer momento". La idea, confirman, es que "entre una y otra se pueda llegar al máximo de personas". La Renda Garantida de Ciutadania ha dejado, a abril del presente año, un mínimo de 664 euros y un máximo de 1.208 al mes para 81.636 expedientes que corresponden a 127.711 beneficiarios. Desde la Generalitat piden una gestión propia "por cercanía con la ciudadanía".

En Extremadura, explican a este periódico, el Ingreso Mínimo Vital "es compatible y complementario" a la Renta Extremeña Garantizada. "Si el ingreso mínimo refleja una diferencia con la renta extremeña, se complementa esa diferencia". A día de hoy, un total de 7.107 extremeños reciben el ingreso autonómico, con una cuantía igual al 100% del IPREM mensual vigente y no superior al 160%, lo que se traduce en al menos 537 euros mensuales. La previsión es que "el IMV al menos llegará a 30.000 personas en Extremadura"

El objetivo en la Comunidad de Madrid es "no dejar a nadie atrás y que la Renta Mínima de Inserción sea un vehículo de inclusión social, llegando a todas aquellas personas que lo necesitan". En ese sentido, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma estar "diseñando un modelo" de renta autonómica que "identifique las lagunas de atención que deja la prestación estatal para darle cobertura" con la renta propia. La comunidad también propondrá un "modelo de complementariedad que logre un mayor impacto en la reducción de la tasa AROPE en la Comunidad de Madrid", explican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. Igualmente, la región prevé "reforzar las políticas de inclusión social con la participación de los servicios sociales municipales" y vincularlos "con intinerarios de inclusión". La directora general de Servicios Sociales e Innovación Social ha solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con el resto de comunidades, para "conocer y facilitar el intercambio de información". La Renta Mínima de Inserción, regulada en la Ley 15/2001, prevé una cuantía de 400 euros al mes como mínimo y 950 euros como máximo.

En Asturias, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se reunió este viernes con los grupos parlamentarios para resolver todas las dudas pendientes respecto a la coexistencia de las dos rentas. Fuentes de la consejería subrayan que para "minimizar la carga burocrática durante el proceso de trasvase de datos" se ha propuesto un sistema, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, basado en que "todas aquellas personas que son beneficiarias del salario social, a través de la firma de un consentimiento expreso, puedan derivar sus datos al ministerio sin tener que llevar a cabo más trámites". De esta manera, el Salario Social Básico, vigente en el Principado de Asturias desde el año 2005, "convivirá con el ingreso mínimo" porque existen casos que "seguirán bajo la protección" del ingreso autonómico. Actualmente, 22.338 personas reciben esta renta en el territorio, que oscila entre los 442 euros y los 730 mensuales.

La renta propia de La Rioja, detallan desde la Consejería de Servicios Sociales, seguirá vigente, aunque es inferior a la contemplada por el ingreso estatal. La propia consejera, Ana Santos, ha recordado que el ingreso vital "dignifica el importe de la Renta de Ciudadanía porque el de esta última oscila entre los 430 y los 672 euros mientras que la del Ingreso Mínimo Vital se incrementa hasta entre los 463 y los 1.015 euros para el caso de un hogar con tres o más menores". Santos ha confirmado en reiteradas ocasiones que la renta autonómica "tendrá que seguir existiendo para cubrir las necesidades de aquellas unidades de convivencia que no pueden acceder" a la ayuda central. El ahorro que previsiblemente se producirá con el trasvase, apuntan desde la consejería, se destinará a "asuntos sociales y a colectivos desfavorecidos", aunque los detalles están por concretar. Actualmente, 2.413 hogares en La Rioja están percibiendo la Renta de Ciudadanía y otros tres centenares la han solicitado durante la crisis del covid-19.

Decretos, estudios e informes jurídicos

Por la complementación apuesta Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana. La Renta Valenciana de Inclusión está cubierta actualmente por un presupuesto de 229,2 millones de euros y su cuantía va de los 630 euros a los 990 mensuales. Este viernes, la vicepresidenta anunció estar ultimando un decreto ley con el propósito de "encajar y armonizar" ambas figuras. El objetivo, esquivar posibles duplicidades, pero también evitar que cualquier ciudadano quede sin protección.

En Aragón también "se van a poner en relación las dos figuras, de manera que ningún tramo de la población quede desatendido o en situación desfavorable". Por el momento, sin embargo, las fórmulas están siendo objeto de estudio de cara a una futura concreción. En la comunidad existe el llamado Ingreso Aragonés de Inserción, una ayuda que llega a cerca de ocho mil personas, con una cuantía mensual de entre 491 y 736 euros.

En Murcia, por su parte, el Gobierno ha encargado un "informe jurídico para ver cómo afecta el Ingreso Mínimo Vital a la Renta Básica de Inserción", pero todavía no han alcanzado ninguna conclusión. En el mes de mayo, un total de 6.591 personas se beneficiaron de la renta autonómica, que cuesta a las arcas de la región 1,7 millones de euros. Los ingresos que contempla van de los 430 a los 806 euros.

Igualmente, Castilla-La Mancha estudia la gestión entre el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la comunidad, las ayudas de emergencia con motivo de la crisis del coronavirus y la nueva ayuda estatal, aunque la idea es que los subsidios sean capaces de complementarse. En el territorio, la cuantía mínima de la prestación se sitúa en 525 euros, después de que la Junta desligara el cálculo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Finalmente, Canarias trabaja en dos frentes: por un lado sustituir su actual Prestación Canaria de Inserción por una Renta Ciudadana y por otro lado hacer de esta última un complemento para el Ingreso Mínimo Vital. El pasado mes de abril, 6.340 unidades familiares recibieron la ayuda propia de las islas, lo que costó 3,7 millones a las arcas. En 2020, el importe mensual de la renta canaria va de los 489 euros a los 682 de máximo.

El caso de Navarra y Euskadi

El decreto que pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital concede la gestión de la ayuda a dos comunidades: País Vasco y Navarra. Será, en todo caso, a partir del próximo 31 de octubre. Entretanto, ambos territorios trabajan por consensuar la mejor convivencia entre sus propias prestaciones y la estatal. "El traspaso de competencias se hará a partir del 31 de octubre y hasta entonces estamos negociando una encomienda de gestión por parte de la Seguridad Social a nuestro Gobierno". Lo explican fuentes del Ejecutivo de Navarra. Los términos del acuerdo, aún sin concretar, versarán sobre la manera idónea para complementar ambas rentas y alcanzar el máximo, hasta ahora determinado por la renta autonómica. "Como la cobertura de nuestra renta es algo superior, estamos definiendo qué unidades familiares cuentan con los requisitos para optar al IMV y sumarles el complemento que corresponda".

El mismo procedimiento se seguirá en Euskadi, tal y como detallan desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. La Renta de Garantía de Ingresos está gestionada a través del Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), en base a la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. La ayuda está "vinculada a la búsqueda activa de empleo y las personas que la cobran firman un compromiso para participar en acciones que pueden mejorar su empleabilidad", aunque con algunas excepciones, dado que la prestación también complementa "las pensiones más bajas" para en torno a "un cuarto de las 53.000 personas perceptoras".

El periodo de transición hasta el 31 de octubre lo van a cubrir en territorio vasco mediante una complementación del ingreso estatal con la renta autonómica, igual que ocurre en la comunidad foral vecina. "Las personas que estén cobrando la Renta de Garantía de Ingresos no tendrán que hacer el trámite, lo va a gestionar la administración directamente" y la idea es que si el Estado aporta una cantidad, el País Vasco la complemente hasta el máximo regulado hasta ahora, porque "en casi todos los supuestos la Renta de Garantía de Ingresos paga un poco más". El mínimo de la ayuda vasca se instala en los 693 euros y el máximo se eleva hasta los 985 euros.