La reforma educativa impulsada por el ya exministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo del PP en Las Cortes no gusta a los nuevos Gobiernos de izquierda que salieron de las urnas el pasado 24-M (todavía faltan por conformarse los de Asturias y Navarra, que previsiblemente caerán en manos del PSOE y Geroa Bai) y así lo han repetido por activa y por pasiva. Sin embargo, y a pesar de esos "desacuerdos profundos" –tal y como los define el secretario de Educación del PSOE y exconsejero canario José Miguel Pérez– las comunidades asumen que, este curso, sólo pueden hacer "leves retoques" para minimizar el impacto de una ley orgánica contra la que rechazan declararse insumisos.
Por el momento, Aragón es la comunidad que de manera más firme ha optado por utilizar sus competencias para disminuir el impacto de la reforma en ESO y Bachillerato –etapas en las que la ley comenzará a entrar en vigor este curso– al suspender los currículos para estas enseñanzas que había aprobado el anterior Ejecutivo del PP. Pero esta posibilidad ya ha sido desechada por los nuevos Gobiernos de la Comunitat Valenciana y Baleares arguyendo que "no hay tiempo material" para hacerlo. Y tampoco parece estar sobre la mesa en Castilla-La Mancha y Extremadura. En estas comunidades, por tanto, los retoques serán más leves.
Además, el margen de maniobra de las comunidades autónomas en Primaria es todavía menor porque en esta etapa la ley ya está vigente. En la primera etapa educativa, la Lomce entró en vigor el curso pasado en primero, tercero y quinto y el próximo curso lo hará en los cursos pares. Además el pasado mayo los estudiantes de tercero hicieron la prueba de diagnóstico, muy criticada por profesores y familias.
No obstante, la voluntad de estas comunidades es forzar una Conferencia de Educación en julio en la que se visibilice su oposición, pero el ministerio no valora esa posibilidad. Entre tanto, la consejera catalana, Irene Rigau, dijo este lunes que se estaba coordinando con las comunidades autónomas en las que no gobierna el PP –todas excepto Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León– en un documento que recoge "cuestiones básicas" de cara al próximo curso.
01. el órdago de Aragón
La minimización de la Lomce fue uno de los aspectos que marcaron el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos en Aragón. Así se evidenció tras la llegada al poder de los socialistas en esa comunidad. Pocos días después de tomar posesión, la nueva consejera de Educación, Mayte Pérez, firmó la orden que determinaba la suspensión de las órdenes de aplicación de la ley en ESO y Bachillerato que había dejado aprobadas el anterior Gobierno del PP-PAR.
Aunque se trata de una ley de ámbito estatal, las autonomías tienen cierto margen de maniobra en cuanto a la aplicación curricular. Tienen competencias, por ejemplo, para definir los horarios lectivos máximos, complementar los contenidos de algunas materias, definir cuáles serán las asignaturas de libre configuración autonómica o determinar el alcance de las evaluaciones externas que no son reválidas. Lo que ha hecho Aragón, por tanto, es anular ese desarrollo que había hecho el Gobierno del PP-PAR. De esa forma volvieron a estar en vigor los publicados para la anterior ley, la LOE. Para ceñirse a los mínimos de la actual norma y no tener problemas legales lo que hizo el Ejecutivo es publicar un documento de instrucciones [consultar en PDF, aquí].
Esta fórmula ha posibilitado que Aragón la organización en Secundaria "va a variar muy poco con respecto al curso pasado", según destacó la consejera en rueda de prensa. Entre las novedades está la vuelta de la asignatura de Educación para la Ciudadanía; la reducción de una hora de Religión en primero de la ESO, que pasará a una más de idioma extranjero; la eliminación de algunas asignaturas de la Lomce como Cultura emprendedora o Derecho Foral Aragonés ("por falta de tiempo para organizarlas"), así como la recuperación de los talleres de Lengua y Matemáticas.
Esta es la manera de sortear la reforma sin incumplir la ley que han seguido otras autonomías que hasta ahora no estaban en manos del PP para minimizar su impacto. Andalucía, por ejemplo, no ha llegado siquiera a publicar los decretos autonómicos que desarrollan la Lomce y se ha limitado a trasladar a los centros unas instrucciones sobre cómo tenían que planificar el próximo curso. A través de esas instrucciones, el Ejecutivo andaluz incrementó el número de horas dedicadas a la adquisición de competencias para que así los alumnos de la FP Básica pudieran obtener directamente el título de graduado en ESO sin pasar por la reválida, tal y como contempla la reforma o mantuvo Educación para la Ciudadanía.
Aunque con diferentes matices el resto de autonomías hasta ahora opositoras (País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias) también han utilizado estos resquicios para minimizar el impacto de la ley. En Euskadi, por ejemplo, la evaluación externa de tercero de Primaria se planteó como una prueba piloto en 30 centros y no se hizo en todos.
02. los retoques de otras autonomías
Sin embargo, otras autonomías que también están ahora en manos de la izquierda desechan la opción de tumbar directamente los decretos de Secundaria y Bachillerato que deben aplicarse a partir de septiembre. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, desde el Gobierno de PSPV y Compromís explican que "no hay tiempo material" para hacer ese trámite y que por eso han optado por tramitar un decreto de modificación "con una declaración de urgencia" en el pleno del 17 de julio sobre el que ya había aprobado el Ejecutivo de Alberto Fabra (PP).
El principal cambio afecta a las asignaturas troncales de modalidad de primero de Bachillerato –dependiendo de la modalidad pueden ser Matemáticas, Latín, Física y Química...– que pasarán de tener tres a cuatro horas semanales para "garantizar una mejor base de conocimiento de áreas fundamentales". Esto obligará a suprimir una optativa o específica, ya que el alumnado de primero de Bachillerato tenía que elegir un total de tres. Además, se eliminan las evaluaciones externas previstas para cuarto de Primaria, que evaluaba al centro en su conjunto; y la de detección precoz en primero de Primaria. Y sólo se mantienen "las establecidas por la Lomce", es decir, las que deben pasar todos los alumnos en tercero y quinto de Primaria, al margen de las reválidas. Además, los centros de Infantil y Primaria podrán ampliar las clases de 45 a 60 minutos.
En Castilla-La Mancha el Gobierno en funciones de María Dolores de Cospedal aprobó el decreto de aplicación de la Lomce en los cursos que se estrenan con ella en el curso que comenzará en septiembre. Este texto normativo incluye las nuevas optativas y los horarios, es decir, cómo cambia la carga lectiva en las asignaturas troncales y el tiempo que se dedicará al resto. El nuevo ejecutivo, que lidera el socialista Emiliano García-Page, ha mostrado su total desacuerdo con la Lomce, pero por el momento sólo se ha comprometido a que evitará el despido de 100 interinos que, a su juicio, se quedaban sin trabajo al reducirse a la mitad el horario de tutorías en primero y tercero de ESO.
Algo similar ocurrirá en Baleares, donde el Gobierno de Francina Armengol (PSOE) asumirá la normativa que dejó el PP de José Ramón Bauzá. No obstante, sí ha asegurado que se modificará "todo aquello que se pueda sin necesidad de dictar un nuevo decreto". Sí existe el compromiso de no tocar la plantilla de profesores, las materias artísticas que con la Lomce dejan de ser obligatorias así como el Consejo Escolar, que también perdía competencias con la reforma. En Extremadura, según confirman a infoLibre fuentes del Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre qué se hará con la aplicación de la Lomce.
03. La estrategia de Cataluña y la Conferencia de Educación
Entre tanto, la consejera catalana, Irene Rigau, dijo este lunes que se estaba coordinando con las comunidades autónomas en las que no gobierna el PP –todas excepto Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León– en un documento de trabajo que recoge "cuestiones básicas" de cara al próximo curso. Su objetivo, según explicó, es enviar ese texto al Ministerio de Educación antes de irse de vacaciones para "dejar los deberes puesto, en el buen sentido de la palabra" de cara al inicio de curso escolar en septiembre. Amplió que ese texto "tiene un contenido clarísimo" de calendario de aplicación, financiación e ideología, según informó Europa Press. Preguntada por esta cuestión, una portavoz de la consejería de Enseñanza de la Generalitat se ciñó a las palabras de la consejera y declinó dar más información.
No obstante, en las autonomías consultadas en las que gobiernan o cogobiernan los socialistas dicen desconocer los detalles de este documento. E insisten en que su objetivo ahora es forzar la convocatoria de una Conferencia de Educación –el foro en el que se reúnen comunidades y ministerio– para mostrar al nuevo titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, su rechazo a la norma y explicarle los problemas que se están encontrando con su aplicación. Esta reunión sería la ocasión perfecta, además, para visibilizar el rechazo de los nuevos Gobiernos a una norma que ha sido muy criticada por la comunidad educativa.
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"La petición al ministro es que se reúna con todas las comunidades autónomas este julio para que conozca el grado de dificultad que está teniendo esta norma más allá de los desacuerdos profundos. Se daría cuenta de que nunca ha habido una disparidad tan grande entre las autonomías", señala el secretario de Educación del PSOE y exconsejero canario José Miguel Pérez. Estas dificultades son, a su juicio, la "celeridad" que se ha impuesto en la elaboración de los currículos; la financiación, porque "no se están cumpliendo la previsiones planteadas en la ley"; y el "problema político", que supone que exista un acuerdo de todas las fuerzas políticas que ahora tienen representación en el Congreso –salvo PP y UPyD– para derogar la reforma tras las generales del próximo otoño.
Varias autonomías –Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón...– han expresado a los medios de comunicación su voluntad de reclamar este encuentro. Un portavoz autorizado del Gobierno de Castilla-La Mancha asegura a este periódico que la petición formal se realizó la semana pasada. En Aragón también detallan que se hará de forma "inminente". Sin embargo, en el Ministerio de Educación afirman que "no se ha recibido petición expresa" y reiteran que Méndez de Vigo quiere reunirse primero con los consejeros –ya lo ha hecho con la de Aragón– y que "posteriormente convocará una conferencia sectorial". Su voluntad, por tanto, no parece ser la de convocar ese órgano en julio, especialmente teniendo en cuenta que debe convocarse con diez días de antelación.
El reglamento de la Conferencia de Educación [consultar en PDF, aquí] establece que "a iniciativa de la Presidencia [que ostenta el ministro] o de los vocales de seis comunidades autónomas podrán celebrarse sesiones extraordinarias (...) que versen sobre cuestiones específicas". En el ministerio, sin embargo, insisten en que es el ministro el que "tiene la potestad de decidir si la convoca y el momento oportuno para convocarla". En el aire queda, por tanto, saber cómo actuará Méndez de Vigo si se encuentra en los próximos días con al menos seis peticiones de reunión.
La reforma educativa impulsada por el ya exministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo del PP en Las Cortes no gusta a los nuevos Gobiernos de izquierda que salieron de las urnas el pasado 24-M (todavía faltan por conformarse los de Asturias y Navarra, que previsiblemente caerán en manos del PSOE y Geroa Bai) y así lo han repetido por activa y por pasiva. Sin embargo, y a pesar de esos "desacuerdos profundos" –tal y como los define el secretario de Educación del PSOE y exconsejero canario José Miguel Pérez– las comunidades asumen que, este curso, sólo pueden hacer "leves retoques" para minimizar el impacto de una ley orgánica contra la que rechazan declararse insumisos.