El gasto público en la red educativa privada crece con más fuerza y continuidad que el gasto público en la red educativa pública. Puede parecer paradójico, pero es lo que muestran los datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, analizados por infoLibre tras su actualización con las cifras de 2020. ¿Qué indican? Que hay dos velocidades de inversión pública y el carril que lleva el dinero a la red privada es más rápido.
2020, el primer año de la pandemia de coronavirus, asentó una tendencia que es observable también si tomamos como referencia los años 2010 y 2000. En los tres marcos temporales –un año, diez y veinte años– el dinero público dedicado a la concertada crece más que el dinero público dedicado a la red pública.
El gasto en concertada –una red mayoritariamente en manos de la Iglesia– realizado por las comunidades autónomas ascendió a casi 7.000 millones de euros, lo que supone su octavo récord histórico consecutivo, mientras el gasto educativo global ha superado en 2020 por primera vez el registro de 2009. En cinco comunidades –País Vasco, Baleares, Madrid, Navarra y Cataluña– la concertada supone ya más del 17% de la inversión.
España continúa sin superar el 5% de gasto educativo en relación con el PIB, cifra de la que sí estaba por encima en 2009, lo que sitúa al país en el furgón de cola europeo.
6.977,17 millones de euros
El gasto público en conciertos y subvenciones a la enseñanza privada en 2020 alcanzó los 6.977,19 millones, nuevo récord de la serie, que arranca en 1992. El dato de 2020 se alcanza tras subir un 4,87% con respecto a 2019.
Prácticamente todo el montante, el 99,69%, corresponde a las autonomías, competentes en educación. La partida subió en todas las autonomías, salvo en la Comunidad Valencia, donde registró un leve descenso (-0,03%).
De Extremadura al País Vasco
Las que registraron una mayor subida fueron Islas Baleares (+15,7%), Región de Murcia (+8,29%) y Cataluña (+7,58%). En Extremadura (+1,38%), Castilla y León (+2,21%) y Madrid (+3,54%) se produjeron los aumentos menos marcados.
País Vasco es –con diferencia– la comunidad en la que la concertada consume un mayor trozo de la tarta de la inversión pública: 769,32 de los 3.012,72 millones de la Consejería de Educación, un 25,53%. Detrás van Islas Baleares (19,64%), Madrid (19,26%), Navarra (18,26%) y Cataluña (17,77%). Las que menos dedican a conciertos son Extremadura (8,03%), Canarias (8,46%), Castilla La Mancha (8,59%) y Andalucía (9,85%).
Dos velocidades
El gasto público en concertada bate su octavo récord consecutivo mientras el gasto educativo global sólo ha logrado ahora, en 2020, superar los datos previos a la crisis presupuestaria consecuencia de la Gran Recesión. El primer año de la pandemia la inversión educativa alcanzó los 55.265,83 millones de euros, colocándose por encima de los 53.895,01 de 2009, que han sido durante diez años el máximo histórico.
El gasto en conciertos sube más que el gasto dedicado a la red pública tomando como referencia los años 2019 (4,87% frente a 3,99%), 2010 (20,26% frente a 2,09%) y 2000 (138,66% frente a 90,03%).
Es decir, mientras en los últimos diez años contabilizados el gasto en la red pública subía un 2,09%, en la concertada aumentaba un 20,26%. En los últimos 20 años, la relación ha sido de +90,03% en la pública y +138,66% en la concertada. Hay dos velocidades.
El gasto público educativo en relación con el PIB continúa por debajo del 5%, cifra que logró superar en 2009. Según los datos de 2020 de la oficina estadística de la UE, Eurostat, España es el sexto país que menos invierte en educación en relación con el PIB, sólo por delante de Grecia, Italia, Bulgaria, Rumanía e Irlanda.
Compromisos incumplidos
El gasto público en concertada, la mayoría en poder de la Iglesia católica, es uno de los elementos más controvertidos del debate educativo en España. Prácticas de la educación privada financiada con fondos públicos como la ubicación selectiva de los centros o el cobro de cuotas se encuentran entre las causas de la elevada segregación escolar en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Las barreras y filtros acaban provocando que la educación concertada, a pesar de ser en teoría gratuita, acoja menor porcentaje de alumnado inmigrante que el que le corresponde por su peso en el sistema.
Jesús Rogero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en desigualdad educativa, señala que, con carácter general, la concertada ha incumplido las tres condiciones a las que se comprometió en 1985, con la creación del actual sistema: "No seleccionar al alumnado, garantizar enseñanzas gratuitas y disponer las actividades confesionales con carácter opcional".
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"Estas fueron las tres condiciones asumidas por una red principalmente católica para seguir recibiendo dinero público después de 1985, cosa que antes hacía sin tener que cumplir nada de eso. El problema es que en ningún momento se ha cumplido, ni ha habido una supervisión pública que lo evite", explica Rogero, que califica el sistema de doble red de "fallido desde su nacimiento".
"En el caso de España, la singularidad del modelo es este incumplimiento. Aparte, podemos tener un debate ideológico sobre la conveniencia o no de financiar con dinero público la educación privada, pero eso seria ya otra cuestión", señala.
La Lomloe, aprobada en diciembre de 2020, pretende reforzar los controles para evitar la segregación. Está por ver si es eficaz o no en este empeño.
El gasto público en la red educativa privada crece con más fuerza y continuidad que el gasto público en la red educativa pública. Puede parecer paradójico, pero es lo que muestran los datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional, analizados por infoLibre tras su actualización con las cifras de 2020. ¿Qué indican? Que hay dos velocidades de inversión pública y el carril que lleva el dinero a la red privada es más rápido.