Lo que oculta la campaña contra la 'Ley Celaá': la concertada exige "pluralidad" mientras aviva la segregación escolar

La campaña ya está en los medios y en las redes. Pero también en la calle, concretamente ante el Congreso de los Diputados, donde se ha producido una manifestación contra el “atropello a las libertades”. Paremos la Ley Celaá. #StopLeyCelaá, proclama la campaña junto al lema Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos. Si el lector no se ha topado todavía con los materiales, convocatorias y actos de la Plataforma Más Plurales, lo hará posiblemente en breve.

Porque es una campaña potente, bien organizada, con sólidos apoyos, con esmero en la presentación. Eso en cuanto a la forma y los recursos. En cuanto al fondo, es una rebelión, una demostración de fuerza y convicción contra el proyecto de ley educativa impulsado por la ministra Isabel Celaá, que la concertada y sus grupos de presión ven como una “agresión”. Una “agresión”, según los promotores de la campaña, a un modelo que garantiza la “pluralidad educativa”. “La hostilidad que manifiesta la Lomloe hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos”, dice la campaña, que pone el foco en un significado de “pluralidad”, la que aporta al sistema el tener una red pública y otra privada, pero también financiada por fondos públicos. Y en un significado de “igualdad de oportunidades”, el de todas las familias de elegir si quieren elegir un centro público o privado, que sería también financiado con fondos públicos.

Pero no toda la “pluralidad” ni toda la “igualdad” consisten en lo que defiende la Plataforma Más Plurales en un ecosistema socioeducativo. Y el español tiene déficits en ambos apartados, tanto en pluralidad como en igualdad. ¿Qué aporta aquí la concertada? Un hecho: el alumnado extranjero se concentra en mayor medida en la enseñanza pública que en la concertada, más homogénea. Además, hay informes que acreditan el empleo de barreras de entrada y selección del alumnado en la concertada.

La campaña

Con gran repercusión en los medios, la campaña goza de un poderoso núcleo de promotores. El paraguas es la Plataforma Concertados, el gran brazo civil de defensa de la educación privada financiada con fondos públicos en España. También está Escuelas Católicas. Y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). La Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa). La Fundació Escola Cristiana de Catalunya. La Federación Madrileña de Familias Numerosas. Y varias entidades más.

“La Lomloe pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares”, advierten las organizaciones en la página web de la campaña, donde alertan contra la “posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa”. “Hay quien opina que es una garantía de igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la administración?”, preguntan las organizaciones, que creen que la Lomloe “se inventa” un “derecho a la educación pública”.

El catálogo de posicionamientos de la campaña es el clásico de la defensa del modelo de doble red, una pública y otra privada, mayoritariamente esta última en manos de la Iglesia y financiada con fondos públicos. La concertada, afirma su manifiesto, supone la expresión del derecho a la “libertad de elección de centro”, entendida esta libertad como la obligación del Estado de sufragar opciones privadas si son elegidas por los padres. Lo contrario, es decir, lo que prepara el Gobierno, es una “agresión a la libertad de conciencia”. El debate sobre el modelo educativo se desplaza hacia lo moral-religioso.

El discurso pone énfasis en un concepto presentado con la máxima dignidad: “pluralidad”. La página web, de hecho, es www.masplurales.es. El nombre de la agrupación es Plataforma Más Plurales. La concertada no sólo es garantía de “pluralidad educativa”, sino que “posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo”. “La Ley Celaá supone la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”, señalan las organizaciones en su manifiesto.

Se trata de un argumentario discutible, con datos e informes en la mano.

35 años de historia

Una mirada atrás. La ley educativa de 1985, origen del actual sistema de conciertos, acaba de cumplir 35 años. La norma explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo. Tenía su lógica. Hubiera sido inviable ignorar a mediados de los 80 la red de centros tejida por la Iglesia, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa por el boom demográfico y el avance cultural. Existía en aquella España, señalaba la ley, un sistema “dual" en el que los colegios privados recibían subvenciones "en cuantía rápidamente creciente", algo que contrastaba “con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas".

Era una situación que requería corrección. Añadía la introducción de la norma del 85: "Lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad". La ley fijaba medidas para garantizar que los centros concertados no incurrieran en prácticas contrarias a la igualdad, a través de limitaciones para imponer cobros a las familias.

Gasto a dos velocidades

Hay indicadores sólidos para afirmar que la ley no ha colmado sus objetivos. En primer lugar, por el gasto. La inversión pública en conciertos y subvenciones a la educación privada crece a mayor ritmo que el gasto en la red pública. Mientras la concertada bate año a año su récord, la pública seguía en 2018 sin recuperarse de la Gran Recesión.

La serie del Ministerio de Educación permite ver una evolución desde 1992 hasta 2018 con datos homogéneos. En 2018, el gasto público total en educación ascendió a más de 50.800 millones. Todavía no es el máximo histórico. Ese dato continúa por debajo de los de 2010, 2009 y 2008. En cambio, el gasto en subvenciones y conciertos a la enseñanza privada bate año a año su récord desde 2014, sobrepasando desde 2016 los 6.000 millones. No hay números superiores a esos, tampoco antes de la crisis. La concertada vive una auténtica primavera.

Selección del alumnado

Los concertados –no todos– realizan una ubicación selectiva de los centros, lo cual constituye una barrera de entrada, que funciona como filtro de selección. "Los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe Mapa escolar, publicado en 2019 por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento. Sus 176 páginas constituyen un material valioso porque en una situación de escasez de datos, ponen la lupa en una realidad concreta, la ciudad de Valencia. "La segregación escolar no sólo afecta negativamente al rendimiento escolar, sino también a la cohesión social y la igualdad de oportunidades", señala.

Pero, ¿cómo se produce? El informe recorre toda una red de mecanismos y estrategias. Por ejemplo, la ubicación de los centros. Pero la llamada "segregación residencial" no es el único factor. Añade el informe, colgado en la web del Ayuntamiento de Valencia: "Muchos centros educativos concertados ofrecen servicios complementarios, como el comedor escolar o las actividades extraescolares, a un precio muy superior al de la oferta escolar pública; o cobran cuotas indebidas que, bajo el carácter formal de voluntarias, se exigen de manera pseudo-obligatoria al no informarse de su carácter voluntario. Todo esto desincentiva a las familias con menos recursos económicos [...] Se han detectado procesos irregulares en el acceso a los centros concertados, por lo que, muy a menudo, estos consiguen evitar el acceso de niños de familias de rentas bajas".

El informe alerta incluso de fraudes: "Se han documentado mecanismos concretos para sortear la zonificación como la compra o alquiler de viviendas dentro de las áreas preferentes o a través de empadronamientos ficticios". Prácticas así son secretos a voces, pero rara vez se presentan en informes de instituciones oficiales. "Se destaca también la existencia de mecanismos de selección económica por parte de los centros concertados a pesar de la supuesta gratuidad de los centros, mediante el pago por las familias de diversos conceptos más o menos inevitables (uniformes o actividades que realiza todo el alumnado) o bastante generalizados; o se encarecen servicios básicos como el comedor".

El estudio se muestra crítico con un modelo basado en "políticas de zonificación" y enmarcada bajo el concepto de "libre elección". "La segregación escolar es un proceso complejo, producto de muchos factores entre los que destaca la segregación residencial, pero no es el único. La segregación escolar se promueve también desde decisiones de política educativa, como el fomento de mecanismos de cuasi-mercado potenciando opciones de elección de centro, la eliminación del criterio de proximidad mediante el establecimiento de un ‘distrito único’, o la publicación de rankings", señala. El informe incide en cómo todo ello afecta al tejido social: "Los centros con una composición escolar desequilibrada, donde predomina una población escolar con necesidades educativas especiales, tienden a ser poco deseados por las familias del entorno. Si no se corrige este efecto, dicho desequilibrio se incrementa curso tras curso". Círculo vicioso.

El Ministerio de Educación no dispone de datos homogéneos sobre ubicación de centros concertados que permita una visión de detalle. Pero esto no significa que no haya referencias oficiales de interés. Por ejemplo, en el eje urbano-rural. Un informe del Ministerio de Educación de curso 2016-2017 denota un interés relativamente escaso de la privada por los pueblos pequeños No hay desglose entre centros privados-privados y concertados. Pero el dato merece atención. Los privados en general se ubican en un 75,1% en municipios de más de 25.000 habitantes. En el caso de los públicos, este porcentaje es del 40,6%.

Está demostrado que la educación concertada genera más gastos a las familias que la pública. En 2012, el gasto familiar por alumno fue de 527 euros en la pública y de 1.212 en la concertada, como detalló este artículo de los investigadores Jesús Rogero y Mario Andrés Candelas. Un motivo son los cobros de los que alertaba el informe Mapa escolar en Valencia. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha denunciado este fenómeno. Y ello a pesar de que la legislación prohíbe a los concertados "percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones y establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". En septiembre de 2018, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) publicó un estudio según el cual más del 96% de los centros concertados cobran cuotas obligatorias a las familias. La media detectada eran 159 euros. El informe movió incluso a una reacción de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que afirmó que era inadmisible que se aplicasen "cobros altísimos a las familias".

Un informe de 2019 de la federación de familias Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes Cicae llegó a conclusiones similares tras la visita de 50 centros en Madrid. El 90% cobran por actividades obligatorias, según el informe. La media de pago es de 153 euros al mes. El informe se detiene en los recovecos por los que se cuelan estas prácticas. Los centros se mueven en un terreno lleno de grises. Está extendido el desconocimiento de la ley. Los centros se benefician del compromiso familiar con el centro. Por otra parte, elevan la barrera de entrada, ya que el conocimiento de los cobros disuade a las familias con menos recursos. El estudio recoge frases pronunciadas por responsables de los centros para justificar el tinglado: "Es la cuota del colegio, lo que se paga por asistir a este colegio". "Es la aportación que se hace al colegio por el proyecto propio que da a los alumnos". "Es una cuota que aportan las familias para alcanzar los objetivos". "Es parte del proyecto del colegio, la diferenciación con respecto a otros colegios". "Esto no es una fundación ni orden católica, es una SL".

La semana pasada la asociación Cicae y la confederación de familias Ceapa han presentado un nuevo informe [ver aquí y aquí el informe y aquí un artículo en detalle]. El examen de 366 centros abunda en los mismos resultados: se da la práctica generalizada de presentar como obligatorios los pagos voluntarios y se producen discriminaciones a alumnos cuyos padres no hacen aportaciones. “En los públicos es gratis, pero en los concertados hay una cuota”, es uno de los mensajes recabados por los autores, que fingían ser padres interesados. El informe desvela todo un catálogo de tretas para forzar el abono de cuotas. Un estudio presentado en mitad de la campaña de Más Plurales.

Es interesante conectar estos datos con los que muestra la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se comprueba que el gasto familiar por hogar en la enseñanza ha alcanzado su máximo, 480,59 euros por hogar en 2019. Diez años atrás la cifra estaba en los 315,97 euros. La subida supera el 50%.

Alumnado pobre

La educación privada –dentro de la cual se encuentra la concertada– no ha asumido alumnado proveniente de entornos socioeconómicos menos favorables en la proporción que correspondería a su trozo de la tarta. Un informe de 2019 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) señala que la enseñanza privada atiende mayoritariamente a alumnos que cuentan con entornos socioeconómicos más favorables (el 65% de su alumnado) y participa poco en la formación de los alumnos cuyos entornos son desfavorables para la educación (8%). En cambio, esta última tipología de alumnos representa un tercio del alumnado de los centros públicos, porcentaje que alcanza el 50% en Extremadura, Canarias y Andalucía, señala el informe. “Esa distinta composición del alumnado influye en el rendimiento medio de los centros, que se refleja en sus tasas de repetición y las puntuaciones en PISA”, añade el documento, “lo que da como resultado centros públicos más debilitados por este motivo”.

“Los centros públicos forman al 70% de los alumnos del sistema educativo español y los centros privados, concertados o no, al 30% restante. Además de por el volumen de estudiantes atendidos, los centros públicos y privados se diferencian sustancialmente por el perfil socioeconómico medio de sus alumnos”, señala el informe, que advierten un sesgo social distinguiendo tres escalones en las condiciones de entorno que ofrecen las familias para la educación: más favorable, medio y menos favorable.

Tener alumnos de mejores condiciones previas influye en los resultados. La puntuación PISA promedio en Ciencias de un alumno que estudia en un centro de entorno más favorable supera en España a la de uno menos favorable en 67 puntos, lo que equivale a dos años de estudio. La probabilidad de ser repetidor es mayor en los centros públicos y se multiplica por 5,5 entre los alumnos de entornos desfavorables. Influido por este hecho y por la composición del alumnado de los centros, el porcentaje de repetidores antes de los 15 años es mucho mayor en los centros públicos (37,7%) que en los privados (17,1%), aunque hay notables diferencias autonómicas. Es una dinámica que se retroalimenta. Concluye el informe: “Las políticas de igualdad de oportunidades educativas deben orientarse a apoyar especialmente a los alumnos que se enfrentan a mayores obstáculos derivados de su entorno socioeconómico y a los centros en los que estos se forman”.

Alumnos extranjeros

Los alumnos extranjeros merecen una mirada en detalle a los datos oficiales del curso 2018-2019. El alumnado total desde Infantil a Secundaria es de 8.217.662. La concertada ocupa 2.102.403, más de un 25,5%. ¿Y el alumnado extranjero? En total son 795.525, de los que 112.471 van a la concertada (14,13%). Es decir, con un 25% del alumnado total, la concertada recibe un 14,13% del alumnado extranjero, según datos oficiales.

En Primaria, los alumnos de la concertada ascienden a 833.949, que suponen un 28,39% del total (2.937.337). El porcentaje de extranjeros es menor: 41.019 sobre el total de 308.712 (13,28%). A la concertada van en Secundaria 597.453 del total de 1.975.403, un 30,24%. Los extranjeros en la concertada en ESO son un 18,65%: 32.630 sobre 174.950.

Segregación

La selección del alumnado forman parte sustancial de la segregación escolar, es decir, de la agrupación homogénea de alumnos por clases sociales, un fenómeno identificado ya por diversas autoridades educativas como desafío del sistema. La Lomloe lo sitúa en el punto de mira. Hay datos que avalan la expansión de la segregación. El informe Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, señalaba ya en diciembre de 2017 que el sistema educativo español era el sexto más segregador de Europa. La segregación promedio se sitúa entre 0,32 o 0,38, según el índice utilizado. Eso significa que entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiarse de centro para que no hubiera segregación.

A juicio de Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un fenómeno vinculado a prácticas de la escuela concertada. Así ha descrito la mecánica para un artículo de infoLibre en enero de este año: los centros concertados, mediante su ubicación selectiva y sus cobros, se quedan con un alumnado de familias con mayor capacidad económica. El hecho de que los conciertos no cubran todas las necesidades de los concertados –aspecto en el que sus promotores tienen razón– provoca que sean más baratos para el Estado en términos brutos; pero, al mismo tiempo, más caros para las familias. En palabras de Bonal, autor del artículo Equivalència territorial en la planificació educativa a Barcelona: Diagnòstic i propostes, "a muchos colegios concertados la dotación insuficiente del concierto les sirve de excusa para cobrar cuotas implícitas, lo que actúa como mecanismo de selección y de segregación escolar".

Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad de Madrid, con una dilatada trayectoria investigadora sobre segregación educativa, se muestra en desacuerdo con la idea de “pluralismo” que pretende hacer suya la campaña de la concertada. “Seleccionan a su población a través de distintas barreras. La más evidente es la económica, a través de cuotas, pero también lo hacen con la ubicación de los centros”, señala. Rogero apunta además a la “barrera cultural”, en referencia a la mayoría religiosa de estos centros. “Hay una selección geográfica, porque la escuela pública es la que cubre fundamentalmente las zonas rurales, otra selección cultural y otra económica”; recalca Rogero, que señala que la lucha contra la segregación es “crucial” en la búsqueda de la “equidad”.

Hay otro tipo de segregación: por género. Las negociaciones de la nueva ley también apuntan a la prohibición de la separación de niños y niñas en la educación concertada.

Plataforma Más Plurales

infoLibre trasladó a Jesús Muñoz de Priego Alvear, portavoz de la Plataforma Más Plurales y abogado especialista en Derecho educativo, diversas cuestiones abordadas en el artículo para recabar su punto de vista. Prefirió responder por escrito que en conversación telefónica [ver aquí su respuesta completa]. Muñoz de Priego rechaza que la concertada atienda a menor porcentaje de alumnos extranjeros, apoyándose en un informe elaborado por el Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas de 2016, según el cual en las escuelas concertadas católicas el 6,7% de sus alumnos son hijos de ambos padres inmigrantes (nacidos en África, Asia, Latinoamérica o Europa del este), frente al 7,1% en el resto de colegios, y un 9,4% son hijos de parejas mixtas, frente al 8,6% de otros centros. En referencia a los datos de Educación, el abogado no es “dado a dar credibilidad plena a los informes”, menos aún “en un ámbito tan politizado e ideologizado como el de la educación”. Y señala: “Hay cosas que no se sostienen. Una gran parte de los centros concertados son colegios de la Iglesia o entidades afines. La misma que se dedica a atender a los más necesitados en centros y casas de acogida […]. En qué cabeza cabe que los mismos que hacen esto puedan rechazar a inmigrantes [...]”.

En cuanto al auge del dinero público dedicado a conciertos, Muñoz de Priego señala desconocer los “datos económicos fidedignos”. Pero apunta: “Hay un mantra ideológico injustificable, que es aquel que dice que 'el dinero público para los centros públicos'. Y es inadmisible porque, en sí, no hay tal dinero público. La fuente de ingreso fundamental del Estado y las Administraciones públicas son nuestros impuestos, y se obtiene con el sudor de nuestra frente, no del de la Administración, que sólo debe gestionarlo. Por tanto, no es 'dinero público', es 'dinero de los contribuyentes'”. Añade: “El derecho a la educación se garantiza con plazas sostenidas con fondos públicos (y, por tanto, también en los concertados) y no sólo con plazas en centros de titularidad de la Administración”.

¿Cómo combatiría Muñoz de Priego el fenómeno de la segregación? “Siguiendo una política en las antípodas de la que pretende el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos”, responde. Es decir, “potenciando la libertad de enseñanza, dotando de más autonomía a los centros para que tengan más margen en lo pedagógico y lo organizativo y puedan dar soluciones más diversas”. Se muestra a favor de “otorgar mayor puntuación en los procesos de escolarización precisamente a los alumnos con más dificultades o desventajas socioeconómicas y educativas para que puedan elegir preferencialmente el que crean que es el mejor centro”. Además, defiende “acabar o reducir” la zonificación, que “crea verdaderos guetos en barrios deprimidos”.

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“La mayor parte de los centros concertados son centros con una antigüedad de entre 75 y 100 años. Se construyeron en los extrarradios de las ciudades, o extramuros. Con el paso de los años, las localidades, las ciudades y los pueblos han crecido y una gran parte de estos centros se han quedado en lo que hoy son zonas céntricas. En esas zonas, las viviendas se van encareciendo, y vivir ahí requiere disponer de unas rentas, y la Administración se empeña en un criterio de zonificación que impide que alumnos de otras zonas puedan acudir a ellos”, explica Muñoz de Priego, que insiste en eliminar las zonificaciones y denuncia que hay cierres de concertados con “demanda social”.

El portavoz de Más Plurales considera “de parte” el informe sobre los cobros irregulares en la concertada de Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes [el cuestionario fue enviado y respondido antes de la presentación del informe de Ceapa y Cicae]. “El cobro de cuantías por la prestación del servicio educativo en un centro concertado, con concierto general, es efectivamente ilegal y supone un incumplimiento de concierto. ¿Cuántos expedientes por incumplimiento de concierto se realizan anualmente a centros concertados por cobro de cantidades indebidas? ¿Cuántos procedimientos judiciales al respecto? Estos son hechos, y no valoraciones”.

Muñoz de Priego recuerda que también existen los “donativos, que son aportaciones de mera liberalidad, y que obviamente puede hacer quien quiera. Estaría bueno que pueda dar un donativo para la educación en Togo, pero no pueda hacerlo para la educación en mi barrio. […] Habría que permitir los donativos a los centros de titularidad pública”.