La Audiencia de Barcelona ha concluido que Unió se lucró a través de una fundación afín y le ha condenado como partícipe a título lucrativo a devolver 177.932 euros de los que se benefició al no haber abonado diversas facturas que le correspondían, según ha informado Europa Press.
En una sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia concluye que Unió se benefició de que la Fundació Catalunya i Territori (FCT, afín al partido) sufragó recibos por trabajos que en realidad se hicieron para la formación democristiana.
En 2005, Unió ordenó al administrador de la mercantil Kontrast Produccions facturar al Grupo IMS tres facturas por un total de 116.483 euros que se correspondían por trabajos que en realidad habían sido para el partido en servicios relacionados con la organización de congresos, reuniones y eventos.
En septiembre del año siguiente, la FCT –siendo Joan Albert López su tesorero y secretario– abonó en 2006 dos recibos por un total de 61.448 euros por otros trabajos Kontrast Produccions a la formación democristiana.
La sentencia contra Unió se produce en el marco de una causa más amplia, en la que figuran como cabezas de la trama los administradores del conglomerados de empresas del Grupo IMS: Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés.
El Modus OperandiModus Operandi
El Grupo IMS tenía un segundo nivel de mercantiles formado total de 19 sociedades, al frente del que López y Cortés situaron a meros "hombres de paja" que se limitaban a acatar sus órdenes.
Para lucrarse, pidieron a varios bancos y cajas de ahorro la apertura de múltiples líneas de descuento a nombre del grupo IMS, aparentando que tenían una actividad económica relevante y solvente para descontar a través de ellas miles de facturas que no se correspondían a trabajos algunos y se giraban a las sociedades de segundo nivel.
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Estos dos empresarios se incorporaron a la FCT en diciembre de 2002 como vocales del patronato y también aprovecharon para apoderarse de diversas sumas que extrajeron de la caja de la fundación para ingresarlas en las arcas del grupo empresarial.
La Audiencia ha condenado a López y a Cortés a ocho años y ocho meses de cárcel –por falsedad documental, apropiación indebida e insolvencia punible– y deberán indemnizar a la FCT con 1.786.651 euros por los fondos desviados; por otra parte, a las entidades bancarias deberá abonarle las cantidades que se acrediten en la ejecución de la sentencia.
El tribunal también ha impuesto al que era presidente de la fundación, Josep Boqué, y al particular Xavier Soriano seis meses de cárcel como cómplices responsables de un delito de insolvencia punible.
La Audiencia de Barcelona ha concluido que Unió se lucró a través de una fundación afín y le ha condenado como partícipe a título lucrativo a devolver 177.932 euros de los que se benefició al no haber abonado diversas facturas que le correspondían, según ha informado Europa Press.