La Unión Europea se fundó sobre los valores indivisibles y universales de dignidad humana, igualdad, solidaridad y libertad. De ahí que cuestiones como la libertad de expresión y de reunión siempre hayan formado parte de la propia naturaleza del proyecto común. Pero el conflicto en Oriente Próximo ha impactado de lleno sobre estos derechos fundamentales en el Viejo Continente. Francia o Alemania, dos de los padres fundadores de la comunidad europea, han decidido en los últimos días restringir la libertad de reunión prohibiendo cualquier manifestación a favor de la causa Palestina. Y lo han hecho amparándose en la necesidad de mantener la seguridad pública, una de las excusas que más usan los Estados.
La libertad de reunión es un "derecho fundamental en una sociedad democrática" que no debe interpretarse "de forma restrictiva". "La libertad de reunión protege una manifestación que pueda molestar u ofender a personas que se oponen a las ideas o reivindicaciones que se pretende promover", recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia, en la que recuerda que "cualquier medida que interfiera" con la libertad de reunión o manifestación, por muy "escandalosas e inaceptables" que ciertas opiniones puedan parecer a las autoridades, "perjudica a la democracia y a menudo incluso la pone en peligro".
Ahora bien, el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el que consagra el derecho a la manifestación, tampoco es una carta en blanco. La jurisprudencia de Estrasburgo ha dejado claro en repetidas ocasiones que dicho precepto "sólo protege el derecho a la libertad de 'reunión pacífica". "Por lo tanto, las garantías de esta disposición se aplican a todas las reuniones, excepto a aquellas cuyos organizadores o participantes estén motivados por dichas intenciones, inciten a la violencia o nieguen de otro modo los fundamentos de la sociedad democrática", recoge el TEDH en una sentencia reciente, relativa al opositor ruso Alexei Navalny.
El CEDH, además, abre la puerta a restringir manifestaciones en casos muy tasados: "El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos". "Una prohibición general de las manifestaciones solo puede justificarse si existe un riesgo real de que den lugar a disturbios que no puedan evitarse con otras medidas menos estrictas", apunta el constitucionalista Miguel Presno Linera en un artículo reciente.
A eso, a la seguridad, se han agarrado en los últimos días en Francia y Alemania para prohibir manifestaciones convocadas en apoyo a Palestina. En un telegrama dirigido el pasado jueves a todos los prefectos, el ministro del Interior galo, Gerald Darmanin, consideraba que este tipo de marchas eran "susceptibles de alterar el orden público". Una restricción del derecho fundamental que, en el caso de París, contó además con el aval de un tribunal administrativo, el cual resaltó que existía en el país un ambiente de "violencia extrema". Pocas horas antes, la Policía de Berlín había rechazado actos de este tipo al considerarlos, también, un "peligro para la seguridad y el orden públicos".
Las restricciones de las autoridades han sido duramente criticadas por la sociedad civil. "Es una violación de la libertad de expresión", señalaba tras el pronunciamiento del tribunal parisino el Colectivo Nacional por una Paz Justa y Duradera entre Palestinos e Israelíes. También Amnistía Internacional calificó la decisión de "grave y desproporcionado ataque al derecho a la protesta". En un comunicado, la organización recordó que este tipo de prohibiciones sólo pueden utilizarse, según el derecho internacional, como "último recurso". "Sólo puede ser legal si está motivada por una amenaza específica y se demuestra que ninguna otra medida menos restrictiva podría garantizar el orden público", completaba.
"Ante las atrocidades cometidas por Hamás en el sur de Israel, y el bloqueo y los fuertes bombardeos en la Franja de Gaza, es importante que los actores de la sociedad civil puedan movilizarse de forma pacífica y pública, en especial los que piden que las partes del conflicto respeten los derechos de la población civil. Es por eso por lo que no puede haber una prohibición sistemática del derecho a manifestar pacíficamente el apoyo a los derechos de la población palestina", señaló Jean-Claude Samouiller, presidente de Amnistía Internacional Francia.
A pesar de las prohibiciones, miles de ciudadanos se han echado a las calles en los últimos días para mostrar su apoyo a Palestina. En varias ciudades galas se produjeron movilizaciones, algunas de ellas reprimidas por la policía –igual que ocurrió en Berlín o Frankfurt–. Marchas y concentraciones de apoyo que también se registraron, bajo la estrecha vigilancia policial de más de un millar de agentes, en Londres. Y, del mismo modo, en varias ciudades españolas, entre ellas Barcelona y Madrid. En la capital, miles de personas marcharon desde Atocha hasta Sol para pedir el cese de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza.
La Unión Europea se fundó sobre los valores indivisibles y universales de dignidad humana, igualdad, solidaridad y libertad. De ahí que cuestiones como la libertad de expresión y de reunión siempre hayan formado parte de la propia naturaleza del proyecto común. Pero el conflicto en Oriente Próximo ha impactado de lleno sobre estos derechos fundamentales en el Viejo Continente. Francia o Alemania, dos de los padres fundadores de la comunidad europea, han decidido en los últimos días restringir la libertad de reunión prohibiendo cualquier manifestación a favor de la causa Palestina. Y lo han hecho amparándose en la necesidad de mantener la seguridad pública, una de las excusas que más usan los Estados.