El Congreso aprobará por fin la ley del 'solo sí es sí' tras el intento del PP de boicotearla en el Senado por una letra

La ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, nació como respuesta a un mandato feminista: poner el consentimiento para cualquier relación sexual en el centro del debate y de la legislación. Un clamor que se hizo fuerte tras la agresión de La Manada en los Sanfermines de 2016. Dos años y medio después de que el anteproyecto llegase al Consejo de Ministros, el Congreso dará este jueves el aval definitivo a la norma. 

La ley no se ha encontrado precisamente con un camino de rosas, con oposición desde el ámbito judicial (con un informe crítico del Consejo General del Poder Judicial) y fuertes discrepancias en el político (con posiciones enfrentadas entre el PSOE y Unidas Podemos por el tema de la prostitución). Su contenido transgrede algunos de los principios sobre los que hasta ahora se ha asentado la violencia sexual y su persecución, especialmente en lo que respecta al consentimiento: la ley corrigió el "no es no" y lo transformó en "solo sí es sí".

El texto incluye una amplia batería de medidas que abordan la violencia sexual desde un enfoque integral: desde la prevención y el combate en todos los ámbitos. La norma no solo introduce una nueva definición sobre el consentimiento y fusiona los delitos de abuso y violación, sino que se compromete a nutrir institucionalmente investigaciones sobre esta forma de violencia específica que se ceba con las mujeres, así como recopilar datos que pongan negro sobre blanco este fenómeno. También incluye dos puntos relativos a la prostitución: la recuperación de la tercería locativa –castigar a los propietarios de inmuebles que se lucran del ejercicio de la prostitución– y la penalización de la explotación no coercitiva.

El Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, ha sido el encargado de dar forma al proyecto y, tras años de obstáculos, contaba con que la norma saliera adelante el pasado 19 de julio, en un pleno extraordinario que se celebró en el Senado. Sin embargo, una enmienda de Junts Per Catalunya alteró los planes de Igualdad. La enmienda consiguió 130 votos a favor (entre ellos los del Partido Popular), 112 en contra y 17 abstenciones. En consecuencia, el proyecto no salió adelante y fue devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. 

Este hecho fue celebrado por el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, cuyo partido votó en contra de la norma en la Cámara Baja. “La ministra Irene Montero ha venido hoy al Senado para hacer su 'gran intervención' final en el día de la aprobación definitiva de su ley del solo sí es sí. Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene”, escribió.

En realidad, este intento del PP por boicotear la ley lo único que ha hecho es posponer la aprobación, ya que el Congreso le dio el visto bueno por 201 votos a favor, 140 en contra (los del PP y Vox) y dos abstenciones.

La ley no se aprobó por una letra: de forzosas a forzosos

La enmienda de Junts modificó una única letra al final de un párrafo del preámbulo de la ley que pide "dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas". Concretamente, lo que la formación catalanista cambió fue la referencia a "casos de aborto y esterilizaciones forzosas" por "casos de aborto y esterilizaciones forzosos". Además de los votos del PP, la enmienda consiguió el apoyo de la Izquierda Confederal (que incluye a partidos como Más Madrid, Compromís o Adelante Andalucía) y Esquerra Republicana-EHBildu.

Según señalan fuentes parlamentarias, no se trata de un cambio de una letra sino de un cambio de concepto que pretende especificar que el adjetivo forzosos abarca tanto a las esterilizaciones como a los abortos, lo que aclararía que no es violencia oculta cualquier tipo de aborto sino solo los forzosos. Esta premisa viene recogida en el artículo 39 del Convenio de Estambul.

Pero lo cierto es que esa misma enmienda ya se había votado y aprobado en el trámite anterior en el Congreso, pero un error en la transcripción hizo que no apareciera como tal en el texto final.

Tras la votación, Igualdad trató de evitar que el texto fuese devuelto al Congreso (lo que suponía retrasar la aprobación de la ley un mes más), entre los reproches de Irene Montero a los conservadores. "Esta es la aportación del Partido Popular a la política española. Utilizar una letra para retrasar una ley que puede permitir al Estado proteger y acompañar de forma eficaz a las mujeres que son víctimas de violencias sexuales", escribió. "Estamos tratando de reconducir la situación para que la ley se apruebe ahora y si no puede ser así, efectivamente muestra el nivel del partido popular y del señor Feijóo en la política española".

El equipo de Montero trató, en vano, de conseguir la aprobación definitiva en julio a través de un manifiesto conjunto firmado por todos los grupos políticos del Senado que incidiera en lo “nimio” de este cambio gramatical. Pero finalmente los letrados de la Cámara Alta avalaron la enmienda aprobada y el texto fue enviado al Congreso que por el parón estival no ha podido convalidarlo hasta este jueves, cuando se celebrará un pleno extraordinario.

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La ley también propone aumentar las penas por agresión con sumisión química. Este aspecto ha adquirido especial relevancia en las últimas semanas, tras las denuncias de pinchazos a mujeres en locales de ocio nocturno o festivales. Se desconoce si los pinchazos se producen con algún tipo de jeringuilla con una sustancia en su interior que busque la sumisión química de la víctima con el objetivo de perpetrar una agresión sexual o si, por el contrario, se producen con instrumentos punzantes para atemorizar a las mujeres.

Algunas formaciones, entre ellas el PP, exigieron un protocolo para evitar que se continúen produciendo estos pinchazos. En este contexto la ministra de Justicia, Pilar Llop, recordó hace dos semanas al PP que su formación impidió la aprobación de la ley del solo sí es sí. “El PP es igual a incoherencias S.A", ironizó Llop, después de que la portavoz adjunta de los populares, Marta González, reclamara a Sanidad la creación de un protocolo para dar "una respuesta uniforme" a los casos de pinchazos y "devolver la seguridad" a las jóvenes y a las familias de estas que sienten en "situación de peligro".

La ministra de Justicia aclaró que los pinchazos pueden suponer un delito de lesiones con agravante de género y recordó que los delitos contra la libertad sexual bajo sumisión química pasarán a ser consideradas agresiones y no abusos cuando se apruebe la ley del solo sí es sí.