El PSOE cree tener amarrada la reforma laboral en el Congreso con Cs, PDeCat y partidos minoritarios

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Los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu no tienen por qué decidir si se convalida o se rechaza la reforma laboral. Son los partidos minoritarios –aquellos que tienen cuatro, dos o incluso un escaño– los que podrían decantar la balanza. El Congreso más fragmentado de la historia vota la próxima semana la convalidación del texto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, previamente pactado con los agentes sociales. En medio de las críticas de los socios habituales del Ejecutivo, aquellos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, por la falta de ambición del acuerdo alcanzado, la formación mayoritaria del Gobierno cree haber encontrado ya la fórmula alternativa para sacar la norma adelante.

Fuentes socialistas aseguran a infoLibre que ya tienen "prácticamente cerrados" los apoyos de varios grupos políticos, lo que les garantizaría contar con más síes que noes en la votación que se realizará el próximo jueves 3 de febrero. Aparte del voto a favor del PSOE (120 escaños) y Unidas Podemos (34), que cuenta con un parlamentario menos desde la pérdida de escaño de Alberto Rodríguez, el Ejecutivo ya tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos (9), que también tiene un parlamentario menos tras la marcha de Pablo Cambronero, el Partido Regionalista Cántabro (1), Coalición Canaria (1) y Nueva Canaria (1). En total, 166 apoyos.

Según las cuentas del PSOE, a estas formaciones se les sumarían los 4 diputados del PdeCat, capitaneados por Ferrán Bel. Fuentes de la formación trasladan a infoLibre que las conversaciones con el Gobierno continúan pero que la predisposición por su parte es buena. "Hemos dejado claro que no nos vamos a oponer a la convalidación del decreto, porque la propuesta del Gobierno encaja bastante con lo que hemos venido pidiendo. Siempre nos hemos opuesto a una derogación y lo que presenta el Gobierno no lo es, por lo que nos congratulamos que el Gobierno se aproxime a nuestros posicionamientos", señalan. Aunque sí creen que el texto es "mejorable" en algunos puntos, descartan votar en contra.

Asimismo, también confían en que el voto de Unión del Pueblo Navarro (2), que habitualmente vota en consonancia con el Partido Popular, sea favorable. Los navarros ven "difícil" rechazar un acuerdo suscrito por los agentes sociales y se mueven entre el o la abstención. En la misma posición se encuentra Tomás Guitarte, el único parlamentario de Teruel Existe, que indica que hay una "predisposición" para votar favorablemente. "Todavía estamos analizando con detalle su repercusión sobre el empleo y la actividad económica en el mundo rural y áreas con infradesarrollo y despoblación, y también se podría evaluar previamente su repercusión aplicando el  mecanismo de garantía rural", trasladan fuentes de la formación a este diario.

Si estos apoyos se confirman, esto se traduciría en 173 votos a favor, exactamente los mismos que hay actualmente en el bloque del no, con el Partido Popular (88), Vox (52), ERC (13), PNV (6), Eh Bildu (5), Junts per Catalunya (4), la CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) y el tránsfuga de Cs. En ese caso sería imprescindible amarrar el apoyo de Más País (2) o el de Compromís (1),ya que en el caso de empate la norma decaería. Ambas formaciones han asegurado que no van a hacer descarrilar la reforma laboral, aunque sí quieren que se tramite como Proyecto de Ley, a lo que el Gobierno se niega. Con su voto afirmativo el Ejecutivo tendría 176 votos a favor frente a 173 en contra.

Con todo, la posición oficial del PSOE es que el acuerdo se está "consolidando". "Los que voten no, como dijo el ministro de presidencia, Félix Bolaños, tendrán que explicar a cada contrato temporal por qué no le hubieran hecho indefinido", aseguran. Este optimismo del ala socialista contrasta con la "preocupación" que hay dentro de Unidas Podemos sobre que la reforma salga de la mano de Ciudadanos. "No es suficiente, no es viable, es una trampa y no dan los números", advirtió este martes el presidente del grupo confederal en el Congreso, Jaume Asens.

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En paralelo a estos cálculos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se afana en revivir la mayoría de la investidura para repetir la jugada de Pablo Iglesias con la que consiguió "espantar" a Ciudadanos. Aunque la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en la coalición lo tiene mucho más complicado que su antecesor. Más allá de los planes del PSOE con Ciudadanos, Díaz apenas cuenta con margen de maniobra para satisfacer las demandas de socios como ERC, Bildu o PNV.

Las negociaciones son intensas y su Ministerio ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformar el estatuto de los trabajadores para dejar clara la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Sin embargo, el PSOE cierra la puerta a esa posibilidad y se niega a hipotecar ningún acuerdo a futuro. "No se tocará ni una coma", insisten. Ese fue el requisito de la patronal para mantener su firma en el acuerdo. "Trabajo tendrá que acordar también con el PSOE las condiciones para buscar apoyos", aseguran en la dirección del grupo.

Asimismo los sindicatos tampoco son favorables a tocar el texto firmado y, en el caso de UGT, la negativa a la prevalencia de los convenios autonómicos es explícita, seguramente relacionada con la propia competencia sindical en Euskadi con otras organizaciones como ELA o LAB. 

Los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu no tienen por qué decidir si se convalida o se rechaza la reforma laboral. Son los partidos minoritarios –aquellos que tienen cuatro, dos o incluso un escaño– los que podrían decantar la balanza. El Congreso más fragmentado de la historia vota la próxima semana la convalidación del texto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, previamente pactado con los agentes sociales. En medio de las críticas de los socios habituales del Ejecutivo, aquellos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, por la falta de ambición del acuerdo alcanzado, la formación mayoritaria del Gobierno cree haber encontrado ya la fórmula alternativa para sacar la norma adelante.

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