El Congreso enseña a los pseudomedios la puerta de salida: en marcha un nuevo reglamento sin PP y Vox

El Congeso empieza a moverse para poner límites a los pseudomedios. Todos los grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular y Vox, registraron este viernes una Proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para "establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información". La iniciativa se hace eco de las quejas por parte de los periodistas y asociaciones que desde hace años han visto "perturbado" "el ejercicio de su derecho a la información" por personas acreditadas que "se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente" la labor de los profesionales de la información, según se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa.

Eso es, precisamente, lo que llevan haciendo años EdaTV, Periodista Digital o la extinta 7NN y sus empleados, que han aprovechado esta falta de regulación en el Congreso—respecto a los deberes y los límites— para acreditarse en la Cámara Baja—con la autorización del departamento de prensa— desde donde amenazan, insultan y señalan a quienes no piensan como ellos, a los que denominan "palmeros", pese a que estos agitadores nunca preguntan a la derecha y tampoco siguen el día a día de la actividad parlamentaria. Su único objetivo es viralizarse a sí mismos.

Si la respuesta del político de turno al que preguntan, ya sea desde la sala del Congreso, o en otros enclaves tanto dentro como fuera de la institución, deriva en un encontronazo, la viralidad de sus informaciones está asegurada en sus cabeceras y, por supuesto, en X, la red social de Elon Musk con decenas de miles de trolls y cuentas sin identificar. Estos agitadores lanzan a sus seguidores contra cualquier periodista que ose cuestionar sus prácticas, faltas de respeto y señalamientos.

El texto, firmado por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, y ratificado también por Podemos, aboga por reformar el artículo 98. Si esta reforma entra en vigor, para lo que se necesita una mayoría que a priori ya tienen, será la Mesa de la Cámara la que "regulará el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medio" y "fijará los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

En la actualidad, en el Congreso hay más de un centenar de periodistas acreditados en virtud de los medios a los que representan, que son los que tienen que solicitar el permiso de entrada para sus trabajadores o colaboradores. Según el reglamento, es la Mesa del Congreso la que debe gestionar y conceder estas solicitudes. Sin embargo, en la práctica, este departamento el que toma estas decisiones de manera delegada. La reforma registrada este viernes puntualiza que la acreditación quedaría en manos del órgano del gobierno de la Cámara Baja.

Sanciones leves, graves y muy graves

El texto de la proposición incluye un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves que pueden llevar desde apercibimientos a la retirada definitiva de la credencial. Con todo, desde la iniciativa se recalca que el objetivo es evitar "comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía".

Este régimen detalla que las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Las graves, con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses. Y las muy graves con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial. 

Una de las prácticas recurrentes de estos pseudoperiodistas es saltarse los turnos asignados por los jefes de prensa de los partidos, aunque ello implique interrumpir al profesional que está haciendo la pregunta. Una conducta que, con la nueva reforma en vigor, supondría una infracción grave. Además, la reforma del Reglamento señala que los grupos pueden "designar a una persona que coordine sus ruedas de prensa".

También serían infracciones graves "la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello, el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización o la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable".

Entre las sanciones "muy graves" se incluye "la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma". Un comportamiento del que han hecho gala de manera recurrente los representantes de los citados pseudomedios.

Amenazas, interrupciones e insultos: así actúan los agitadores

La propuesta llega después de que en los últimos años, coincidiendo con la creación de nuevos medios de marcado sesgo de ultraderecha, el Congreso y las cámaras autonómicas han vivido situaciones nunca vistas, con preguntas fuera de lugar, faltas de respeto e interrupciones, por lo que algunos grupos decidieron reducir al mínimo sus ruedas de prensa. Ya en el año 2021 doce equipos de comunicación presentaron un escrito a la Secretaría General de la Cámara Baja para poner de manifiesto su preocupación por el comportamiento de "algunas personas acreditadas" en la sala de prensa. El Congreso no tomó decisión alguna al respecto.

Meses después, en mayo de 2022, la sala de prensa presenció cómo Javier Negre, responsable de EDA TV, llamaba "hija de puta" a Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, por negarse a responder a sus planteamientos. Él habló de manipulación en su plataforma. En esa misma sala de prensa Negre se dirigió a Iván Espinosa de los Monteros como "querido portavoz".

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Desde hace unos meses estos pseudomedios encontraron un nuevo objetivo al que dirigirse: ya no sólo acosan a políticos de izquierdas, sino también a sindicalistas, presentadores y periodistas. El último incidente se produjo con el exasesor de Vox, Bertrand Ndongo, acreditado en la Cámara Baja por Periodista Digital, como instigador. Hace escasas semanas subió a sus redes sociales una imagen de una profesional de laSexta a la que identificó con nombres y apellidos, por, supuestamente, tratar de impedir que el agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles, le hiciera una pregunta al ministro Ángel Víctor Torres.

Su señalamiento provocó un tenso enfrentamiento verbal entre algunos de los periodistas que cubren la actualidad de la Cámara Baja y Quiles y Ndongo, bajo inventadas acusaciones de censura. La idea es saturar el espacio mediático con mensajes negativos, haciendo casi imposible que la persona afectada pueda limpiar su nombre o contraatacar de manera efectiva. La repetición constante de las acusaciones sirve para fijarlas en la mente del público, independientemente de su veracidad.

Desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha pedido en reiteradas ocasiones que se retiren las acreditaciones de las personas que "incumplen las normas de respeto y convivencia" porque "perjudican, con ello, al resto de la profesión", pero la respuesta por parte del departamento de comunicación siempre ha sido la misma: no. Ahora, con la reforma del reglamento, estos pseudoperiodistas podrán ser sancionados y, en última instancia, expulsados, si mantienen esas prácticas.