El Congreso aprobó este miércoles en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo una proposición no de ley que insta al Gobierno en funciones a investigar si la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas "en la comisión de presuntos crímenes de guerra" y en "violaciones graves del derecho internacional humanitario" en los bombardeos efectuados en Yemen.
La iniciativa fue propuesta por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, que pactó el texto definitivo [ver en PDF] en una enmienda transaccional con el PSOE y el grupo de Podemos. El resultado final de la votación fue de 23 votos a favor –los de PSOE, Podemos, DiL, ERC, PNV y EH Bildu–, 15 votos en contra –los del PP– y cinco abstenciones –de los diputados de Ciudadanos en la citada comisión–.
El texto, además, reclama al Ejecutivo "revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde el 25 de marzo de 2015" mientras exista "riesgo sustancial" de que se emplearían para "cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional". En concreto, pide "denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen, cumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas".
La propuesta inicial del grupo catalán [ver en PDF] solicitaba igualmente la paralización de un contrato adjudicado por el Gobierno a Navantia para la fabricación de cinco buques de guerra en plantas de Cádiz y Ferrol que serán entregados próximamente a Arabia Saudí. Ese punto, sin embargo, fue suprimido tras la negociación con el PSOE para pactar la proposición que finalmente salió adelante.
Negocio armamentístico
Durante el debate, la diputada de ERC Ana María Surra afirmó: "Lo que votamos hoy es si para ustedes tiene más peso el negocio armamentístico y los puestos de trabajo de quien fabrica bombas o barcos militares, o las vidas de miles de personas que sufren las consecuencias del armamento". Surra recordó que el conflicto en Yemen ha provocado ya más de 30.000 heridos y 6.000 muertos, de ellos 3.000 civiles.
Pilar Cancela, diputada del PSOE, coincidió en que la situación en Yemen es "gravísima" y Ángela Ballester (Podemos), apuntó la necesidad de "corregir" una actuación "vergonzosa" del Gobierno y de acabar con los "negocios opacos" en materia de venta de armas. Luis Miguel Salvador, portavoz de Ciudadanos, dijo en cambio que no es "justo ni moralmente aceptable" plantear elegir entre "vidas humanas o puestos de trabajo".
El diputado del partido naranja señaló: "No estamos ni de acuerdo ni no de acuerdo con la producción de armamento". Ciudadanos justificó su abstención porque está a la espera de que el Ejecutivo responda varias preguntas parlamentarias sobre esta misma cuestión y prefiere no "adelantarse". El PP, por último, votó en contra y arguyó que España cumple "escrupulosamente" la ley en materia de exportaciones.
Drama humanitario en Yemen
Sólo un día antes de la votación en el Congreso, la oficina de coordinación para asuntos humanitarios de las Naciones Unidas informó de que uno de cada diez ciudadanos yemeníes se ha convertido en desplazados internos desde que Arabia Saudí comenzara su ofensiva en marzo de 2015. Según los datos de la oficina de la ONU, en la actualidad hay unos 2,7 millones de desplazados en el país, que tiene unos 20 millones de habitantes.
En marzo Amnistía Internacional afirmó que la situación en Yemen es de "desastre humanitario" y advirtió de que "la inmensa mayoría de la población civil depende de la ayuda humanitaria" y que "padece una grave escasez de alimentos, agua potable y suministros médicos". La ONG calificó el conflicto de "castigo colectivo a la población civil" y denunció frecuentes "ataque indiscriminados" que implican la muerte de civiles.
Armas españolas bajo sospecha
No es la primera vez en la que las exportaciones españolas están bajo sospecha por la posibilidad de que se hayan empleado para cometer crímenes en Yemen. En abril de 2015 varias ONG –Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Óxfam Intermón– exigieron suspender exportaciones y reclamaron que España respete el "principio jurídico de no autorizar armas para cometer atrocidades".
En la presentación de un informe sobre esta materia, representantes de las organizaciones advirtieron sobre esta cuestión. "El Gobierno español debe investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos bombardeos y suspender las transferencias de armas a las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades", dijo Jordi Armadans, director de FundiPau.
"Es hora de que el Gobierno deje de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas. El nivel de transparencia actual del informe gubernamental impide al Parlamento y a la sociedad civil saber quién usa qué tipo concreto de armas exportadas por España", afirmó por su parte, hace ya casi un año, el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez.
Arabia Saudí, cliente estrella
El Gobierno multiplicó por 2,5 las autorizaciones para vender armas a otros países entre enero y junio
Arabia Saudí, que encabeza la coalición internacional que bombardea Yemen, es uno de los principales compradores de armas españolas. En concreto adquirió el 9,1% de las armas que España exportó en 2014 –último año completo del que se han publicado las estadísticas–, el 10,4% en 2013 y algo más del 1% en 2012. En 2014 fue, de hecho, el tercer cliente de la industria española, sólo por detrás de Reino Unido y Francia.
En total, en esos tres años, Arabia Saudí compró más de 700 millones en armas españolas. La factura fue de 292 millones de euros en 2014 –adquirió un avión de reabastecimiento en vuelo, repuestos para aeronaves, sistemas electrónicos y munición–; de más de 400 millones de euros en 2013 –cuando España le vendió dos aviones de reabastecimiento en vuelo–; y de 21,3 millones en 2012.
La situación se agravó en el primer semestre de 2015, cuando Arabia Saudí se convirtió en el mayor comprador de material bélico español, por delante de Reino Unido, Malasia, Francia y Egipto. Además España autorizó vender en el futuro nuevo armamento a ese país por valor de más de 27 millones de euros y no denegó ninguna operación de exportación solicitadas por empresas y autoridades saudíes.
El Congreso aprobó este miércoles en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo una proposición no de ley que insta al Gobierno en funciones a investigar si la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas "en la comisión de presuntos crímenes de guerra" y en "violaciones graves del derecho internacional humanitario" en los bombardeos efectuados en Yemen.