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Pandemia y teletrabajo. Dos palabras que nos resultaban ajenas hace quince meses y ahora forman parte de nuestro vocabulario diario. También para los diputados, que se marcharon del Congreso un 10 de marzo de 2020 –con la intención de retomar la actividad en dos semanas– después del positivo en covid-19 de Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Algunos de esos diputados aún no han vuelto a pisar la Cámara Baja.
El régimen de semipresencialidad vigente desde entonces ha limitado los gastos en los desplazamientos de diputados, que corren a cuenta de las arcas del Congreso. En estos últimos meses la Cámara ha destinado 3.285.073 euros a cubrir los gastos de viajes de los diputados, un 38% menos del presupuesto que se destinó en el mismo periodo de 2018-2019. Entonces se abonaron 5.315.309 euros. La diferencia radica en que entonces todos –o casi todos– los diputados acudían al Congreso al menos tres veces por semana. El voto telemático estaba reservado a situaciones excepcionales, mientras que ahora se utiliza también para poder acudir a actos institucionales o de partido ajenos a la actividad parlamentaria.
Por lo que respecta al ejercicio actual, de los 6,2 millones que el Congreso tiene presupuestado en sus cuentas de 2021, se han destinado 1.650.429,44 euros, un 27% del total, entre enero y junio. Una cifra que supera en un 35% el presupuesto utilizado en el mismo periodo de 2020 (1.224.064, 14 euros), que incluyó los meses de confinamiento. Los números vienen desglosados en la página del Congreso pero los diputados no deben dar ninguna justificación pública para realizar estos desplazamientos.
La clasificación de la Cámara Baja, que tras escándalo del expresidente extremeño José Antonio Monago por sus viajes a Canarias, se comprometió a informar cada trimestre del gasto total en viajes, los sintetiza en cuatro categorías: de naturaleza parlamentaria (en los que están incluidos los viajes desde o hacia la circunscripción de origen o domicilio habitual); de naturaleza política (actividades que implican la visita a otra circunscripción, diferente a la de origen, en representación del pgrupo parlamentario); los viajes oficiales (en representación del Congreso); y otros gastos (en los que se incluyen gestiones, cancelaciones y cambios, así como billetes emitidos pendientes de utilización). Esos son los únicos datos que aparecen.
Es decir, no consta la cuantía de cada desplazamiento individualizado, tampoco se especifica el coste total por grupos parlamentarios ni se indica qué parlamentario los realizó y el motivo del traslado. Además de estos viajes, los diputados de fuera de la Comunidad de Madrid ingresan unos 1.960 euros por dietas, mientras que quienes se presentaron por la circuscripción madrileña perciben 935 euros mensuales. Unas dietas que todas sus señorías siguieron cobrando -a excepción del diputado socialista Odón Olorza- durante el confinamiento y los meses posteriores por la complejidad que presentaba esta renuncia a efectos de la Cámara. En su defecto la mayoría de grupos anunciaron la creación de un fondo para destinar a la lucha contra el covid-19.
El Congreso se prepara para la ‘vuelta a la normalidad’
En este contexto pandémico, la actividad en la Cámara Baja sigue funcionando, pero a medio gas. Es más, algunas de las restricciones acordadas al inicio de la pandemia siguen vigentes. Entre ellas, el acuerdo al que llegaron los portavoces de los grupos de no sobrepasar la mitad del aforo del hemiciclo. Una directriz convertida en prohibición para los periodistas parlamentarios, que no tienen permitido acceder al pasillo del Palacio del Congreso.
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Fuentes de la presidencia del Congreso aseguran a infoLibre que la Mesa de la Cámara, que tiene previsto reunirse este miércoles, estudiará revocar el acuerdo que limita al 50% el número de diputados presentes en el hemiciclo y, con él, las restricciones a la prensa. Estas mismas fuentes destacan que "el reglamento del Congreso indica específicamente que los diputados tienen el derecho y el deber de asistir a las sesiones plenarias". Por ese motivo la limitación de aforo no se acordó, de manera formal, ni en Mesa ni en Junta de Portavoces, pero sí fue motivo de disputa política.
Esta limitación tensó el enfrentamiento entre los grupos en algunos plenos del Congreso, especialmente los que se celebraron durante el estado de alarma. Es más, los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, admiten haberse saltado ese límite en alguna ocasión, pero no de manera generalizada, y aseguran que por lo general han respetado los límites establecidos (unos 60 diputados en el caso de los socialistas y 46 por lo que respecta a los conservadores). Otros grupos, como Unidas Podemos o Ciudadanos, afirman que siempre han cumplido con la norma, pero se muestran partidarios de una vuelta a la “normalidad” parlamentaria.
Los morados destacan que, al inicio de la pandemia, priorizaron que acudieran diputados de la circunscripción de Madrid o aquellos que se encontraran en la capital con carácter permanente. Fuentes del partido explican que, de este modo, querían evitar que otros parlamentarios tuvieran que desplazarse de sus domicilios en los momentos más graves de la pandemia. Además, también evitaban hacer uso de esos gastos por desplazamientos anteriormente citados.
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