El Consejo de Europa aprovecha el 'caso Villarejo' para reclamar a Policía y Guardia Civil "tolerancia cero" frente a la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) saca a España de su mecanismo de supervisión. El organismo dependiente del Consejo de Europa considera, en su último informe de evaluación –con fecha del pasado mes de junio–, que el país ha llevado a cabo “algunos avances” que han permitido cumplir total o parcialmente diez de las once recomendaciones que se pusieron sobre la mesa hace casi seis años. El actual nivel de cumplimiento ha dejado de ser, por tanto, “globalmente insatisfactorio”. A pesar de ello, todavía quedan muchos agujeros por tapar. Y algunos de ellos están presentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil–. En el documento hecho público este miércoles, el Greco plantea la necesidad de llevar a cabo en ambos cuerpos una “evaluación estratégica” de los riesgos existentes “en áreas y actividades proclives a la corrupción” a fin de “detectar problemas y amenazas emergentes”. Un paso al frente centrado en una “tolerancia cero” que evite en el futuro un nuevo escándalo como el del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017.

El organismo dependiente del Consejo de Europa es consciente de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gozan de buen prestigio. Según el Eurobarómetro de 2017 sobre corrupción, apenas un 31% de los españoles considera que el soborno y el abuso de poder están generalizados en la Policía. Un buen dato por debajo de la media comunitaria que quedó empañado con el estallido de la Operación Tándem. El conocido como caso Villarejo, apunta el Greco, ha hecho “sonar la alarma sobre la eficacia de los sistemas de control interno” y ha demostrado que es necesaria una reevaluación de estos mecanismos de supervisión, sobre todo “a nivel de altos mandos”. “Máxime cuando las irregularidades detectadas [de Villarejo] se cometieron durante un periodo de 25 años”, sostienen desde el Grupo de Estados contra la Corrupción. Además, recuerdan que el caso del comisario jubilado “ha suscitado preocupación nacional sobre la politización de la Policía”. Solo hay que recordar que en una de las piezas en las que se ha dividido la macrocausa se investiga la existencia de la llamada policía patriótica.

“Ha llegado el momento de que den un paso adelante”

En su análisis de la situación, el Greco no logró identificar ninguna “evaluación estratégica” de los riesgos existentes “en áreas y actividades” sensibles a la corrupción a fin de detectar problemas o amenazas emergentes, como podría ser la venta de información policial. Además, tampoco pudo “encontrar pruebas de la existencia de una estrategia de prevención específica” ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil. Esto, apunta, “pone en entredicho” la “capacidad real” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “predecir o analizar las tendencias” que emanan de las quejas de los ciudadanos o las malas prácticas internas. Por todo ello, el organismo dependiente del Consejo de Europa pide a ambos cuerpos que se pongan manos a la obra. “Ha llegado el momento de que (…) den un paso adelante y muestren tolerancia cero frente a la corrupción mediante el desarrollo de políticas focalizadas en la integridad”, asevera el informe.

Pero esta no es la única exigencia. A la Guardia Civil le pide que elabore un código de conducta –la Policía Nacional ya lo tiene–  e insta a ambos cuerpos a que instauren “un mecanismo creíble y eficaz de supervisión y ejecución” para que se cumpla a rajatabla. También recomienda al Instituto Armado que reconsidere “el sistema de cupos de entrada” para los descendientes en las oposiciones –un 7,92% de los puestos que salen a concurso están reservados para hijos de guardias civiles– al entender que “es claramente contrario al principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a la hora de acceder al servicio público y presenta riesgos significativos de amiguismo y nepotismo”. Y exige a ambos cuerpos la realización de un estudio “sobre el riesgo de conflicto de intereses durante el periodo de servicio activo y después del cese del mismo” para, a continuación, elaborar “normas y orientaciones” en este ámbito. No son infrecuentes, apunta el informe, los casos de retirados “que obtienen puestos de alta dirección en empresas de seguridad del sector privado”.

El Greco también pone el foco en la concesión de diferentes tipos de prestaciones. “Una cuestión problemática planteada in situ se refiere a las decisiones sobre la concesión de medallas y condecoraciones”, señala el documento, que recuerda que hay casos en los que agentes premiados con estas insignias “han sido posteriormente sometidos a procedimientos penales o expedientes disciplinarios y no consta que se les haya revocado la concesión de la medalla ni se les haya retirado la correspondiente compensación económica”. El Grupo de Estados contra la Corrupción entiende que los diferentes tipos de prestaciones, desde los complementos y primas de actividad hasta las condecoraciones, “pueden resultar útiles a la hora de potenciar la excelencia en el servicio”. Pero también es consciente de que “existe el riesgo de abuso” en el modo en que se distribuyen dichas prestaciones. Por eso, exige que se revisen los criterios y procedimientos de concesión promoviendo “la transparencia, la coherencia y la justicia en su aplicación”.

Asesores, transparencia y puertas giratorias

Los expertos del organismo dependiente del Consejo de Europa también dedican buena parte del documento a los Gobiernos centrales y todo lo que les rodea. El organismo celebra el “esfuerzo notable” llevado a cabo para “modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos”. Pero recuerda que todavía queda una “zona gris” por cubrir: los asesores. Aunque las autoridades alegasen que estas personas están cubiertas “por las normas y reglamentos aplicables a los funcionarios”, desde el Greco apuntan que dichos puestos también pueden ser ocupados por profesionales ajenos a la Administración Pública. Por ello, recomienda que sean sometidos “a requisitos de transparencia e integridad equivalentes” a los del resto de empleados con altas funciones ejecutivas. “Estas personas, debido al tipo de trabajo de gestión/de toma de decisiones que realizan, pueden enfrentarse a retos y dilemas éticos en sus actividades cotidianas similares a las enumeradas explícitamente en la ley de altos cargos”, señala el informe.

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Las lagunas en torno a la transparencia es otro de los problemas detectados. El Greco tira de las orejas a la Administración por utilizar habitualmente la “protección de datos, seguridad o privacidad” como excusas para denegar solicitudes de acceso a la información, una “reticencia” que no presagia “nada bueno” para “la cultura general de transparencia en la gobernanza en la que España se ha embarcado”. Y elogia los esfuerzos realizados por el Consejo de Transparencia para arrojar luz sobre el sector público. Un organismo que, recuerda, cuenta con unos recursos “muy escasos” con los que, además, tiene que pagar “los honorarios de abogados privados” para defender sus asuntos ante una Abogacía del Estado que representa a los organismos de la Administración. “El Greco considera muy lamentable la reticencia a la divulgación [de información]”, sostiene el informe, que recomienda que se proporcione al Consejo de Transparencia “la independencia, la autoridad y los recursos adecuados para llevar a cabo sus funciones de supervisión de manera eficaz”.

Los saltos de altos cargos del sector público al privado también preocupan al Grupo de Estados contra la Corrupción. Los expertos reconocen que “la arquitectura de los estándares sobre puertas giratorias” está “razonablemente desarrollada sobre el papel”. Sin embargo, señalan que lo que “mina” la credibilidad del sistema “es su funcionamiento”. En este sentido, recuerdan que el índice de autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en la última década ha sido del 98% y que se han producido “muy pocas sanciones” por el incumplimiento de los requisitos para fichar por el sector privado. “Surgen dudas de si esta situación es el resultado de situaciones no incompatibles o más bien de un sistema laxo de autorizaciones”, recalca el informe, que considera necesario que un organismo independiente revise la legislación que rige las limitaciones al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese y que ésta se refuerce “en lo que se considere necesario”.

A lo largo de la treintena de páginas que abarca este bloque, el Consejo de Europa también hace hincapié en la importancia de normativas claras sobre la relación con los grupos de interés, recomienda que se amplíen los requisitos de información financiera de los altos cargos con información más detallada y desliza la idea de modificar el aforamiento para que “no obstaculice la acción penal contra miembros del Gobierno de los que se sospeche que han cometido un delito”. Antes del 31 de diciembre de 2020, el Ejecutivo deberá poner sobre la mesa un informe sobre las medidas adoptadas para aplicar todas las recomendaciones propuestas.