El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. Los demandados, a menudo, no disponen de dinero suficiente para enfrentar largos y costosos procesos judiciales puestos en marcha con el único objetivo de ahogar sus cuentas.
Son las llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), también conocidas como demandas abusivas o demandas mordaza. Acciones legales iniciadas con el principal objetivo de intimidar, agotar financieramente, y silenciar a críticos o adversarios mediante un costoso proceso judicial. No buscan necesariamente ganar el caso en términos legales, sino más bien desalentar la crítica y la participación activa en asuntos de interés público mediante el temor a largos y costosos procesos legales.
En los últimos años, se han vuelto cada vez más frecuentes. Persiguen a periodistas, medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos, investigadores y cualquier individuo o entidad que se involucre en la crítica o el debate público. Son demandas que a menudo se basan en acusaciones de difamación, injurias, y otros delitos contra el honor, aunque el contenido de la crítica o denuncia pueda ser verdadero o estar amparado por el derecho a la libertad de expresión. Las demandas mordaza socavan la democracia y la libertad de expresión al crear un ambiente de miedo y autocensura, limitando así el debate público y la capacidad de la sociedad para abordar temas relevantes y controvertidos.
Dos años de plazo
Acabar con ellas es, precisamente, el objetivo de la directiva aprobada este martes en Bruselas por el Congreso de Asuntos Generales de la Unión. Con el voto a favor de todos los países —a excepción de Hungría— y la autoexclusión de Dinamarca. Aunque la norma, que España tendrá que trasladar al derecho interno en el plazo de dos años, solo obliga a establecer garantías contra las pretensiones manifiestamente infundadas o las acciones judiciales abusivas en asuntos civiles “con repercusiones transfronterizas”.
Extender esas normas a todos los casos, también los que tengan lugar dentro de cada país, queda en manos de los Estados miembros. España, como el resto de sus socios, podrá aprobar disposiciones nacionales que establezcan garantías procesales más eficaces en relación con el derecho a la libertad de expresión y de información, pero no estará obligada a ello.
La directiva establece varios mecanismos para luchar contras las demandas mordaza, entre ellos la posibilidad de solicitar la “desestimación temprana de las pretensiones manifiestamente infundadas” así como “medidas correctivas frente a las acciones judiciales abusivas contra la participación pública”.
La carga de la prueba de que la demanda es fundada recaerá en el demandante que haya interpuesto la acción para que el órgano jurisdiccional correspondiente pueda apreciar si es manifiestamente infundada o no. Las normativas nacionales deben prever la posibilidad de condenar a los demandantes a cargar con todos los tipos de costas procesales e incluso que puedan ser sancionados con el pago de una indemnización por daños y perjuicios o la publicación de la resolución judicial.
Una petición del Parlamento
El acuerdo tiene su origen en una resolución aprobada en el parlamento Europeo el 11 de noviembre de 2021, sobre el refuerzo de la democracia y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión, en la que el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que propusiera un paquete de medidas de Derecho indicativo e imperativo para abordar el creciente número de demandas mordaza contra la participación pública que afectan a periodistas, a organizaciones no gubernamentales ), a académicos y, en general, a la sociedad civil de la Unión.
El Parlamento expresó la necesidad de adoptar medidas legislativas en los ámbitos del Derecho procesal civil y penal, como un mecanismo de “desestimación temprana” para las demandas civiles abusivas, el derecho al reembolso integral de los costes soportados por el demandado y el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Aquella resolución también demandaba formación adecuada para jueces y profesionales de la Justicia sobre las demandas estratégicas, un fondo específico para proporcionar apoyo financiero a las víctimas de demandas estratégicas y un registro público de las resoluciones judiciales en estos casos.
La directiva aprobada por el Consejo obligará a España a proteger a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la participación pública en asuntos de interés público. Esto incluye a los periodistas, los editores, las organizaciones de medios de comunicación, los denunciantes de irregularidades y los defensores de los derechos humanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los sindicatos, los artistas, los investigadores y los académicos, frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas de la participación pública. Pero solamente si las demandas tienen “repercusiones transfronterizas”. A menos que el Congreso decida extender la protección a las demandas dentro de España, la protección de los medios en nuestro país seguirá en entredicho.
Objetivo: silenciar el periodismo
infoLibre es un los medios que ha sufrido este tipo de amenazas cuyo único objetivo era ahogar económica el periódico y obligarle a callar. En 2022, el excandidato del partido de extrema derecha Vox a la presidencia de Andalucía, Francisco Serrano [ver aquí dosier], demandó a este diario y a uno de sus periodistas, Ángel Munárriz, por un presunto delito de revelación de secretos contra este político, acusado de recibir de forma fraudulenta subvenciones por valor de 2,4 millones de euros. Las informaciones de infoLibre desencadenaron investigaciones policiales y judiciales por fraude contra Francisco Serrano y otras tres personas. infoLibre ya había sido objeto, en 2021, de otra demanda por presunta revelación de secretos del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras y el ex número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea. La dos causas fueron archivadas.
infoLibre protagoniza una campaña internacional de Reporteros sin Fronteras contra las 'demandas mordaza'
La directiva recién aprobada reconoce la necesidad de “un sistema sólido de garantías y de protección que permita a los periodistas de investigación desempeñar su papel crucial como guardianes en asuntos de interés público sin temor a represalias por buscar la verdad e informar al público”.
Las demandas estratégicas suelen ser interpuestas por entidades poderosas, como particulares, grupos de presión, empresas, políticos y órganos estatales, en un intento por silenciar el debate público. En ellas, se da a menudo un desequilibrio de poder entre las partes, ya que el demandante dispone de un mayor poder financiero o político que el demandado”, señala la norma aprobada este martes.
Cuando se da el uso indebido de una ventaja económica o de influencia política por parte del demandante contra el demandado, junto con la ausencia de fundamento jurídico, “suscita especial preocupación” a la Unión si las acciones judiciales abusivas en cuestión se financian directa o indirectamente con cargo a los presupuestos del Estado,.
El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. Los demandados, a menudo, no disponen de dinero suficiente para enfrentar largos y costosos procesos judiciales puestos en marcha con el único objetivo de ahogar sus cuentas.