Es miércoles. Primera hora de la mañana. Un grupo de representantes políticos elegidos por los ciudadanos se congregan para debatir cuestiones que, en teoría, son una prioridad para el país. Para un país que vive una pandemia, que acumula decenas de miles de muertes y que necesita con urgencia un plan económico para intentar contener una crisis de gravísimas consecuencias. Pero lo que queda del debate es que al presidente del Gobierno le han llamado "dictador" desde la bancada del principal partido de la oposición, que el insulto fue respondido al grito de "¡gamberro!". Que el líder de la oposición ve al jefe del Ejecutivo como un "líder fallido" y que éste, a su vez, le responde que es la cabeza de un partido que ha dejado de ser "de Estado". "Antisistema". No estamos en el rodaje de una serie. No es ficción. Ocurrió esta semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y no fue el único intercambio tenso ni las únicas palabras gruesas. La foto de un Parlamento muy dividido, la de la extrema tensión y la polarización se fue superponiendo a lo largo de toda la jornada.
En esta ocasión, el clima político que lleva ya meses caldeado alcanzó temperaturas más altas movido por el registro de una proposición de ley para reformar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) promovida por PSOE y Unidas Podemos, los grupos que sostienen al Gobierno. Una iniciativa encaminada a romper con el bloqueo a las renovaciones en el órgano de gobierno de los jueces por la negativa del PP a llegar a acuerdos con el Ejecutivo mientras el partido morado siga formando parte del Consejo de Ministros. Y que parece ser un aviso a navegantes. Cuentan en la Moncloa que su intención de recurrir a iniciativas similares para desbloquear otras instituciones pendientes de renovación es firme si el PP no recapacita. En Génova, cuartel general de los conservadores, responden que igual de firme es su disposición a oponerse en el Parlamento y en los tribunales.
Otro elemento a no perder de vista es el de la moción de censura contra el presidente del Gobierno registrada por Vox y que se debate la próxima semana en la Cámara Baja.
¿Estamos ante el fin de los consensos en España o es algo sólo coyuntural? ¿En qué campos sí se entienden –o se han entendido– los grandes partidos? ¿Dónde quedan las bautizadas como "políticas de Estado"? infoLibre intenta dar respuesta a estas preguntas de la mano de estudiosos de la Ciencia Política.
Una mirada a 2004...
Hay una serie de elementos que hacen que la situación actual no sea equiparable del todo a otros momentos del pasado reciente. Pero el grueso de las fuentes consultadas señalan que no puede decirse de forma categórica que es ahora cuando la política se ha convertido en un frente de batalla sin precedentes. "No es la primera vez que la oposición, en especial el Partido Popular, tiene un discurso tan duro con el Gobierno", defiende la politóloga Berta Barbet.
"Después de 2004 ya ocurrió algo así", añade. No obstante, destaca que "las redes sociales y la llamada campaña permanente han hecho que estas estrategias agresivas de oposición cuenten con nuevas herramientas que pueden hacerlas más grandes". Su conclusión es que aunque el tema esté cada vez más presente en el discurso de muchos, la estrategia de hacer oposición a base de imposibilitar la acción de gobierno no es algo nuevo.
Efectivamente, en los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las crónicas periodísticas también recogían los términos "crispación" y "confrontación", palabras que los políticos también se arrojaban a la cabeza. Sirva un ejemplo. Las tensiones entre los socialistas y el Partido Popular fueron el tema recurrente en la fiesta de la Constitución –6 de diciembre– de 2004. Ese día, en conversación informal con los medios de comunicación en el Congreso, el presidente Zapatero consideró que el clima de crispación política protagonizado por el PP de Mariano Rajoy en las semanas previas no respondía, a su juicio, a una estrategia, sino a una situación "coyuntural". "Es un acceso febril que pasará", señaló a los informadores, según relataba el diario El País. El por entonces jefe de los socialistas lo atribuyó a la confluencia de tres elementos: la comparecencia de José María Aznar en la comisión de investigación del 11-M; la acusación del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a Aznar de apoyar el golpe de Estado contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, y la decisión del Gobierno de reformar la Ley del Poder Judicial. El de la reforma de la Ley del Poder Judicial es un elemento que también hay que meter ahora en la coctelera.
"Se habla mucho de la polarización de hoy, de cómo vivimos en un contexto altamente polarizado. Pero la polarización, entendida como confrontación de bandos o una guerra de trincheras en términos de cómo lo siente la opinión pública, en parte ya aumentó muchísimo durante la primera legislatura de Zapatero", coincide Lluis Orriols, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford.
"Ahora vivimos momentos de altísima confrontación política. Pero, insisto, no es algo nuevo. Ya durante la época que algunos llamaron 'de la crispación', la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, aumentó muchísimo la confrontación política, las divisiones entre bandos, la percepción de que el rival político es ilegítimo. Pongamos esto en perspectiva", añade.
...pero con nuevos ingredientes añadidos
¿Qué diferencias hay con los momentos vividos en 2004? "Lo que sí que es nuevo es el momento de profunda inestabilidad política que vivimos actualmente", completa Orriols su reflexión anterior. "Llevamos cinco años de una enorme inestabilidad, de multiplicación de actores políticos, de fraccionamiento del Parlamento y, sobre todo, de que el mapa electoral no se consolida y todos los partidos están la mayor parte del tiempo más pendientes de su supervivencia que de construir mayorías o políticas que podrían ser interesantes a medio plazo", destaca. Este "cortoplacismo", a su juicio, contribuye a esa confrontación. Otra cuestión que apunta como diferencia a lo que vivimos hace 16 años es la de la existencia de partidos más extremos.
Pablo Simón también pone sobre la mesa como elemento diferenciador la fragmentación política. Esta, no obstante, dice que no tiene por qué ser un elemento que impida los acuerdos. No tiene por qué ser algo negativo. El problema es, a su entender, que cuando a la fragmentación se suma la polarización, es decir, "la distancia ideológica", los puntos de concordancia sí se reducen. "Cuando la fragmentación se acompaña de volatilidad electoral, de un sistema de partidos que todavía no es estable y que, además, ese sistema de partidos está polarizado, hace que llegar a los compromisos sea muy difícil. En un contexto en el que todo el mundo compite con todo el mundo, tú tienes incentivos para diferenciarte de tu rival, no para parecerte a él", mantiene este politólogo y profesor en la universidad Carlos III de Madrid.
A ojos de Simón no es que los partidos "estén en un desacuerdo enorme", sino que tienen muchos "incentivos" ante el electorado para mostrar dicho desacuerdo. "Esa fragmentación acompañada de polarización en una estructura de competición inestable hace que los acuerdos de amplio espectro, es decir, transversales son ya totalmente imposibles en España", mantiene.
En este contexto, entiende que vamos a una situación de "bibloque" en la que los actores tienen incentivos para extremarse cada vez más y que hace que las mayorías por vía cualificada sean mucho más complicadas. "Muchísimo más complicadas de conseguir", concluye.
consensos de los que se habla poco y consensos imposibles
Simón recuerda la cara B de lo que parece desde hace años, con mayor o menor intensidad, una ruptura de consensos. "Hay datos que señalan que en España los grandes partidos han llegado a más acuerdos de lo que parece. Si uno coge las reformas que se han hecho de leyes orgánicas o de cuestiones incluso de materia constitucional en España, PSOE y PP han llegado a unos acuerdos que están en torno al 70% de las leyes votando juntos. Y lo que ocurre es que evidentemente hay discrepancias sobre temas que son vistosos y esas discrepancias son las que tradicionalmente el bipartidismo ha expuesto en mayor medida", comenta el politólogo. Una discrepancia clásica es, por ejemplo, la del campo educativo, cita. Hasta la fecha, no ha sido posible que PP y PSOE se pongan de acuerdo sobre un pacto en materia de educación. Pero, insiste, ha habido cuestiones para las que, en el pasado reciente, los dos grandes partidos no tuvieron problemas en ponerse de acuerdo. "La sucesión de la Corona o la reforma constitucional", señala.
Hasta la fecha, el bipartidismo clásico no se ha quebrado en cuestiones relacionadas con la monarquía. PSOE y PP han ido de la mano a la hora de impedir una comisión de investigación sobre el rey emérito en la Cámara Baja.
Pero a esta cara B hoy se impone una cara A. Si el Gobierno no va de farol –fuentes del Ejecutivo dicen que su voluntad es más que firme si el PP no responde al último llamamiento de Sánchez– el intento, mediante una proposición de ley de sortear la necesidad de tres quintos de las Cámaras para renovar parte de los vocales del CGPJ no va a ser el único. Los puentes entre PP y PSOE parecen tan rotos que en la Moncloa estudian también vías legales para desbloquear la renovación de otras instituciones. A Sánchez e Iglesias, su presencia en el Parlamento no les da para sumar mayoría absoluta (176 diputados), pero sí la suman si logran atraer de nuevo al llamado "bloque de la investidura". Y en ello están volcados, tanto para la renovación del CGPJ como para los Presupuestos, una carrera de la que el PP también se ha bajado incluso antes de conocer el texto con la misma excusa que entonan para todo: "Con Podemos, no".
Esa mayoría reforzada de tres quintos que ahora se quiere modificar en la Ley Orgánica del Poder Judicial es también necesaria en el caso de Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, dos organismos también bloqueados.
El Tribunal de Cuentas tiene pendiente desde 2018 la renovación de la vacante de uno de sus doce consejeros, Lluís Armet i Coma. El mandato del resto expira en 2021. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas fija que los consejeros serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, "mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional".
El Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde julio de 2017. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, según la ley orgánica que regula esta institución. "Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado", reza la citada ley orgánica. "En caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión [una mixta de ambas Cámaras], y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado", añade.
En el caso del Tribunal Constitucional no hay atajo posible para sortear esa mayoría reforzada de tres quintos. Porque es la Constitución, y no una ley orgánica, la que tiene tasada su forma de elección. El tribunal de garantías tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados. Su presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés [ha dimitido esta semana] concluyeron su mandato el 7 de noviembre de 2019. Fueron designados por el Congreso el 20 de julio de 2012. Atendiendo a lo que señala el artículo 159.3 de la Constitución, deberían permanecer en el cargo nueve años, hasta julio de 2021. Pero dado que fueron nombrados tiempo después de que vencieran los plazos de sus predecesores, se les descuenta este tiempo según se contempla en el Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En función del título de la Constitución que se quiera reformar, se requieren los apoyos del 66% o del 60% de las Cámaras, algo que ahora el Gobierno no tiene a su alcance.
¿Qué papel juega la moción de censura de Vox?
Mientras el PP esquiva cualquier pregunta que le obliga a posicionarse sobre si se abstendrá o votará en contra de la moción de censura a Sánchez, el Gobierno se esfuerza en trasladar el mensaje de que los partidos de Casado y Santiago Abascal tienen la misma agenda.
¿Puede entenderse la polarización de estas semanas en el contexto de la moción de censura de Vox? "El hecho de que el PP tenga por la derecha la oposición de un partido que tiene como estrategia fundamental de hacer política la de erosionar al Gobierno, claramente le dificulta bajar el nivel de tensión", responde Barbet, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Leicester. Pero añade un matiz: "Aunque el PP podría estar teniendo una línea distinta a Vox y distanciarse en vez de hacerle espejo".
Para Orriols la moción de censura de Vox es "un capítulo más de una serie". "No va a cambiar en sustancia nada. Lo que va a hacer es visibilizar que hay un actor nuevo, que es Vox, que tiene capacidad de plantear una moción de censura, que tiene los números para hacerlo.
Cree, además, que el hecho de que Vox tenga capacidad de iniciativa política pone al espacio de la derecha en una situación de inestabilidad. Traslada al PP, considera, la preocupación de no perder esa iniciativa. "Pone al PP en una situación altamente incómoda, de tener que convivir con dos impulsos: el de buscar consensos, el de pensar como partido de Gobierno que ellos van a heredar en algún momento este país y que, por lo tanto, desde la oposición al Gobierno tienes que ir tomando decisiones y construyendo consensos en temas que se suelen llamar 'cuestiones de Estado', pero, por otro lado, tienes la competición con Vox, que te genera esa inquietud de que si estás más pendiente de construir consensos y aumenta la insatisfacción política, la desafección, el cabreo ciudadano... Vox te acabe arrollando", advierte Orriols.
Al hilo de esto, Simón habla de un "doble escenario". El primero, de "bloqueo": "Dado que no hay posibilidad de llegar a acuerdos, las reformas que requieren amplios consensos quedan atrás". Lo cual provoca que, conocedor de esto, el Gobierno aparque determinadas cuestiones. El segundo escenario genera que "las minorías parlamentarias" acaben imponiéndose "por medio del rodillo" y se termine legislando por la vía del real decreto ley. Que es lo que está ocurriendo.
La pandemia y la polarización
El Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol ha publicado recientemente el estudio Polarización en España: más divididos por ideología e identidad que por políticas públicas. Elaborado por Luis Miller, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, concluye que en España "lleva años creciendo la polarización afectiva e ideológica". "Los partidos políticos españoles se encuentran cada vez más lejos en su posición ideológica y territorial y los sentimientos de los votantes de un partido hacia el resto están entre los más negativos del mundo", resume.
Luis Miller, especialista en polarización: "Felipe VI se ha convertido en un rey de parte"
Ver más
Su conclusión, que parte del estudio de sondeos y encuestas en los últimos años, es que en España "estamos mucho más polarizados respecto a cuestiones identitarias (ideológicas o territoriales) que respecto a políticas públicas concretas.
A raíz de este análisis de datos, el autor se atreve a poner sobre la mesa algunas ideas para "relajar" el clima de polarización instalado en la política española. Partiendo de la base de que una de las claves de la polarización actual en España, y también en otros países, es la de que las identidades (partidista, ideológica y territorial) polarizan más que las políticas públicas (fiscal, migratoria), "hablar de políticas puede hacer rebajar una tensión que ha ido en aumento cuando se apela a identidades, ya sean territoriales, partidistas o ideológicas".
En el caso de la pandemia del covid-19 esto es todavía más acusado, según el autor. Considera que "al hablar de medidas concretas, y no de gestión en general, la polarización parece incluso menor, por lo menos al principio de la pandemia".