"La constitución del Canal como sociedad anónima santificó el modelo de gestión corrupta"

“El agua concita mucha solidaridad”. Así de contundente se muestra Jesús Navas (Santo Domingo de la Calzada, 1954) cuando se sienta a charlar, junto a la abogada Liliana Pineda (Bogotá, 1962), con infoLibre de Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), un libro cuya primera edición vio la luz en noviembre del año 2014 y que ahora, tras los acontecimientos derivados de la operación Lezo, actualizan con “muchos más datos y rigor”. “No hay ánimo de lucro. Sólo buscamos que esta información llegue a la ciudadanía”, sostienen el editor y la jurista en entrevista con este diario.

La obra se mete de lleno, a través del capítulo que firma Pineda, en la trama corrupta que utilizó durante años la empresa pública madrileña como su cortijo particular. Sin embargo, también aborda otros aspectos que van desde las consecuencias ecológicas que tiene la privatización del Canal hasta la importancia de la movilización ciudadana en esta batalla que todavía se libra. Y lo hace de la mano de ocho expertos y once ilustradores –“Seis de ellos ganadores del Premio Nacional de Ilustración”, recuerda Navas– que han aportado su granito de arena al proyecto sin recibir un euro a cambio. 

El saqueo

El Canal de Isabel II dio el salto a América Latina a comienzos de siglo con la creación de la sociedad vehículo Canal Extensia y la compra de Inassa por 73 millones de dólares, un precio por encima de su valor real. Desde entonces, no ha parado de devorar allí empresas de todo tipo. Su foco dejó de centrarse exclusivamente en la gestión del agua y empezó a meter la cabeza, por ejemplo, en el sector de los hidrocarburos o las telecomunicaciones. “En el momento en que se crea Canal Extensia, empieza a conculcarse la norma. No estaban facultados para poner en marcha dicha sociedad. Por eso, antes de que les pillen, crean una ley para sanear el proceso anterior”, explica Pineda.

 

Una vez atado este primer cabo, Ignacio González desembarcó en la Presidencia del organismo. Lo hizo en 2003, con Esperanza Aguirre como líder del Ejecutivo madrileño. Comienza, para la abogada colombiana, la segunda fase de la “utilización institucional” del Canal: el periodo de contrataciones. “[González] Empieza a hacer sus operaciones y chanchullos, un tejemaneje por el que se otorgaban caciquilmente los contratos”, explica. Ya no era Extensia la que estaba bajo la lupa, sino que era el propio Canal el que hacía operaciones “de dudosa legalidad”. Son los años, por ejemplo, de la construcción del campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí, un proyecto que benefició directamente a la familia González.

Posteriormente, la trama comenzó a darse cuenta de que había ciertos movimientos complicados de hacer si no se tenía una “absoluta discrecionalidad”. “Cuando los modelos de gestión que tienes ya no te valen para corromper o saquear, tienes que idear otros”, resume Pineda. Fue entonces cuando se puso sobre la mesa el proceso de privatización. En 2008, el Gobierno madrileño dio luz verde a una norma que permitía la entrada de capital privado al 49% de las acciones del Canal. En 2011, se habilitó la constitución de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión. Y en 2012, se remodeló el Consejo de Administración del Canal, reduciéndolo a la mitad y dejando fuera a los representantes de los trabajadores.

La absoluta opacidad

Según explican Pineda y Navas, se preparó un traje legislativo a medida. Y el movimiento “fundamental” fue la constitución de la sociedad anónima, “elemento institucional que santificó el modelo de gestión corrupta que se ha desarrollado por parte de la dirección del Canal”. El pasar a estar gestionada como si fuera una mercantil, completa la abogada, les permitió “hacer lo que les dio la gana”. Estos cambios normativos fueron, en definitiva, los que dieron vía libre a que todas las decisiones se empezaran a tomar “a puerta cerrada y en petit comité” por “una camarilla”.

Con la llegada del nuevo modelo de gestión, se instauró la opacidad en el Canal de Isabel II. Aspectos clave del funcionamiento del organismo, como el reparto de beneficios anuales, la distribución de dividendos de los accionistas, la emisión millonaria de bonos de deuda o las inversiones en empresas del Grupo Canal o en sociedades extranjeras quedaron fuera de la lupa. En este sentido, resulta reveladora, por ejemplo, la arriesgada compra de Inalsa sin consultar ni al Ejecutivo madrileño –en aquel momento presidido por Ignacio González– ni a la Asamblea de Madrid.

“El caso de Emissao  –se adquirió por 21 millones y un año después su precio se desplomó hasta los 5 millones– ejemplifica cómo se permitió todo aquello sin que nadie se enterase. Cuando en la Asamblea de Madrid se pedía a los dirigentes del PP que llamaran a rendir cuentas a la dirección del Canal, decían que ya no era un ente público que debiera rendirlas”, recuerda Liliana. ¿Y la Cámara de Cuentas de Madrid? “Fue tomada por ellos. Colocaron allí a los suyos para que hicieran la vista gorda. Publicaban informes sobre el Canal cada siete o diez años”, añade.

Lo más "importante" es "el reproche social"

De hecho, el pasado miércoles el presidente del órgano fiscalizador madrileño, Arturo Canalda –exgerente del Canal de Isabel II–, fue imputado junto a varios colaboradores del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente irregular de Inassa en 2001. La operación recibió luz verde del Gobierno de la Comunidad de Madrid a pesar de un informe jurídico que cuestionaba el precio y advertía de la posible ilegalidad de gestionar los pagos a través de Panamá. Ahora, tal y como adelantó infoLibre, Anticorrupción estudia si pedir también al juez la imputación de Gallardón.

“Yo espero que sí [le imputen]. Esperemos que esto ya esté resuelto en mayo de 2018”, dice Pineda sobre el exlíder del Ejecutivo madrileño. En este sentido añade que no es por una cuestión “de venganza”, sino de “responsabilidad”. “Lo más importante de estos procesos es el reproche social. Es decir, que la gente que ha gestionado lo público con tanta liberalidad que roza la corrupción y el saqueo se vean como apestados. Esto es más importante, incluso, que la pena misma”, apostilla la abogada colombiana, que añade que para que “eso se consume” se necesita “que los jueces y los tribunales ejerzan sus funciones”.

También apunta como “fundamental” que el Ministerio Público “realmente responda a los intereses sociales”. Una Fiscalía a la que hay que reprochar profundamente “su inacción durante tantos años”. Porque, dice, una democracia “no puede funcionar” sin fiscales que ejerzan sus funciones de acusación frente a la corrupción y que presten atención a las denuncias de la ciudadanía. Habla en referencia al antiguo responsable de Anticorrupción, Manuel Moix, contra el que el pasado mes de junio el TCJ15M –con Pineda como abogada– interpuso una querella –a la que dio finalmente carpetazo el Supremo– por archivar sin investigar hasta tres denuncias contra Ignacio González.

Más allá de la corrupción

Sin embargo, la obra no se centra exclusivamente en la trama de corrupción desarticulada con la operación Lezo. Va un paso más allá. De la mano de ocho expertos, el libro repasa la situación del agua, su intento de mercantilización, la presión ciudadana para conseguir la remunicipalización de los servicios o las consecuencias ecológicas que lleva aparejadas la privatización del Canal. “No se habla sólo del Canal, sino que hay toda una primera parte en la que se analiza el agua como un derecho humano, se repasan todas las luchas en el Estado español…”, explica Navas.

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Porque el papel de la sociedad civil a la hora de destapar los tejemanejes y paralizar el proceso de privatización del organismo madrileño ha sido, dicen, esencial. Desde la plataforma vecinal Parque Sí en Chamberí hasta la Marea Azul, pasando por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. En este sentido, apuntan que “la movilización sigue”. “No hemos dejado las calles, hemos escalado institucionalmente. Y no desde el punto de vista de llegar a las instituciones, sino de llegar a instituir”, dice Pineda.

Sin embargo, el libro no se queda ahí. También hace hincapié en una precariedad laboral que se ha instalado en la empresa desde que se cambió el modelo de gestión –“La plantilla envejece. Al mismo tiempo que se han contratado becarios mal pagados, se han fichado altos cargos con sueldos extraordinarios”, aseveran– y pone sobre la mesa una propuesta de gestión democrática para tratar de terminar con un modelo mercantil basado exclusivamente en la maximización de beneficios.

Así, se propone que la gestión del servicio se realice sin tener en cuenta las normas y criterios del mercado, asumiendo el derecho humano al agua y al saneamiento. Además, exigen un modelo que sea transparente, en el que se rindan cuentas por sus actividades y decisiones y en el que la ciudadanía pueda participar a través de la creación de un Observatorio del Agua. Es, tal y como definen Pineda y Navas, “una nueva concepción del mundo pasada por agua”. Todo ello acompañado, por supuesto, de una ciudadanía consciente de que está ante un bien común escaso que es necesario cuidar.