Consultoras, empresas y despachos privados especializados en mediación con el poder acomodan a medio centenar de exaltos cargos del PSOE, PP y Cs

Empresas, sociedades, consultoras, auditoras, fundaciones y despachos de abogados especializados en la mediación y la gestión de intereses privados en el sector público o en la obtención de contratos que dependen de las decisiones de la administración se reparten más de medio centenar de exaltos cargos del PP, el PSOE y Ciudadanos una vez fuera de la política.

La legislación sobre incompatibilidades y la ausencia de una regulación que impida las llamadas puertas giratorias —el acceso a la empresa privada por parte de políticos que en el pasado han tenido responsabilidades decisivas para los negocios y actividades de una parte importante de esas sociedades— es incapaz de frenar esta práctica. Y los partidos no acaban de dar pasos para solucionar el problema.

El programa electoral del PSOE de 2015, ya con Pedro Sánchez en la Secretaría General, prometía “regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de puertas giratorias, con incompatibilidad en los años posteriores al desempeño del cargo, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”.

Pero ese objetivo ya no estaba en el programa con el que los socialistas ganaron las elecciones del 10 de noviembre.programa Lo más parecido que se puede encontrar es la promesa de aprobar dos leyes —una contra la Corrupción y otra de Transparencia y Buen Gobierno— y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

Es casi exactamente la fórmula incluida en el pacto de Gobierno que los socialistas firmaron con Unidas Podemos: “Elaboraremos un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal” e incluirá una ampliación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. Y una ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante con atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia. Así como una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

El programa de la coalición, no obstante, incluye varios compromisos que van un poco más allá, como la promesa de abordar “la regulación de los lobbies lobbiespara hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”, o la regulación “de manera más efectiva” de “las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos”. “Endureceremos las sanciones por su incumplimiento”, proclama el pacto suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Las promesas electorales de Unidas Podemos eran mucho más explícitas y hablaban expresamente de “prohibir las puertas giratorias”. El programa de los morados decía que, “como se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos”. “Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro”, sentenciaba el programa de UP.

Por eso los de Pablo Iglesias se comprometieron a “prohibir que miembros del Consejo de Ministros, secretarios y secretarias de Estado, presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, miembros del Congreso y del Senado, así como del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, puedan trabajar, directamente o bajo cualquier fórmula de prestación de servicios remunerados, para empresas que cotizan en bolsa (en cualquier caso) y para empresas con más de 50 millones de euros de facturación (coticen o no en bolsa) cuando hayan tomado decisiones sobre su área de actividad”. Su compromiso llegaba al punto de prometer la tipificación “como delito los casos graves de puertas giratorias” y la aprobación de una “regulación para impedir que responsables técnicos de alto nivel (por ejemplo, técnicos de Hacienda) puedan favorecer después, con información obtenida en su paso por el servicio público, a grandes empresas que operan en la que ha sido su área de intervención o regulación”.

Unidas Podemos defendió también en la campaña electoral “regular los lobbies y hacer transparente su incidencia política”. De manera que “cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía” lo sepa. “Resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos”.

Lo cierto es que la regulación de lobbies y puertas giratorias sigue brillando por su ausencia, como certifica Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho? “El problema”, explica a petición de infoLibre, es que “la normativa existente, que ya tiene agujeros, no se aplica en la práctica por falta de voluntad política”.

Es se traduce en que el organismo encargado supuestamente de velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de altos cargos “no tiene ni los medios ni el liderazgo necesario para imponer su cumplimiento. Nadie tiene interés en que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) funcione de verdad”.

Falta control pero también, recuerda, ética política. “En un país con un marcado clientelismo político y económico las puertas giratorias son una salida muy importante para muchos políticos y ex altos cargos, de ahí que ningún partido tenga ganas de meterse en este asunto”. “Desde luego, a la gente importante no se le toca”, subraya.

La Oficina de Conflictos de Intereses carece de medios pea investigar y supervisar a dónde van los altos cargos cuando dejan sus puestos

Y “la OCI nunca suele ver incompatibilidades ni sancionar a nadie. Claro está que para eso habría que investigar dónde y a qué se van los ex altos cargos y tampoco tiene medios para hacerlo”. Sus análisis suelen ser puramente formales y se fían “de lo que dice el propio interesado cuando declaran: ‘Me voy al sector privado pero a hacer algo que no tiene nada que ver con mi puesto anterior”.

A los que hay que sumar “unos déficits de transparencia tremendos”. La Oficina de Conflicto de Intereses ha llegado a pleitear con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no dar información, “es surrealista. Así no hay manera”. 

La tentación de hacer carrera en el sector privado aprovechando las relaciones creadas durante el servicio público enorme. Los sueldos son muy variables y dependen además de incentivos por resultados, pero un informe de Adecco de 2019 acerca de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado español puede servir de referencia. El estudio señalaba entre los 28 puestos mejor remunerados la mayor parte de los que a menudo acaban ocupando los ex altos cargos.

Los socios de consultoras, según el citado informe, superan los 300.000 euros anuales. Los de despachos de abogados se mueven entre los 200.000 y los 250.000 euros anuales. Un director de operaciones, por ejemplo, se mueve en el entorno de los 150.000 euros anuales. Muy por encima de los sueldos públicos y, por supuesto, de la media salarial española.

La regulación, con todo, es complicada. ¿Hasta dónde es legítimo impedir que un expolítico realice actividades privadas? Elisa de la Nuez sostiene que la clave es determinar si hay conflicto de intereses. Si no lo hay, “no hay problema”.

También “parece razonable” añade, que aunque ese conflicto haya existido se establezca “un plazo prudencial. Transcurrido un periodo de tiempo mínimo o cooling off se puede permitir”.

Pero, “para qué vamos a engañarnos”, añade. “Cuando contratan a alguien como José Blanco, por citar un caso reciente, o a cualquier exministro del PP y del PSOE en una empresa de un sector muy regulado” como el eléctrico, ”¿para qué le van a contratar si no es para tener buenas relaciones con el poder político o para devolver favores pasados?” Porque, ironiza la secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, “por su trayectoria profesional no es”.

Blanco ha sido el último en ser señalado después de que se hiciese público su fichaje como consejero de Enagás, empresa de transporte de combustible privatizada en 1994 que cotiza en el ÍBEX 35.

El exministro de Fomento, que abandonó la política el año pasado después de ser excluido de las listas del PSOE al Parlamento Europeo, entró a formar parte de la consultora Acento en octubre pasado en calidad de director ejecutivo. En esa misma empresa se dan cita el exlíder del PP vasco y exministro de Sanidad, Alfonso Alonso (presidente), el exportavoz del PSOE en el Congreso Antonio Hernando (director general), la exeurodiputada socialista Elena Valenciano (senior adviser), el exdirector de gabinete del PP David Álvaro (director de prospectiva) y Raquel Herrera exasistente de dirección del PP en el Congreso (departamento financiero).

 

En esta empresa destaca el exdiputado socialista Eduardo Madina (director de la unidad de análisis y estudios de Kreab España), que dejó la política en julio de 2017, tras el regreso de Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Pero también tiene un puesto destacado Xavier Cima, exdiputado convergente en el Parlament de Cataluña. Fichó por Kreab como director de Asuntos Corporativos en noviembre de 2018, poco antes de que su esposa, la hoy líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciase su traslado de Barcelona a Madrid.

Kreab se dedica entre otras cosas a la defensa y la comunicación corporativa, la preparación de la salida a Bolsa de una compañía, la gestión de las comunicaciones en torno al capital riesgo, realiza distintos informes financiero, y asesora en procesos de fusiones y/o adquisiciones, privatizaciones y relaciones entre empresas e inversores.

La compañía emplea también a Miguel Ferre, inspector de finanzas del Estado, con el cargo de Financial Policy Senior Consultant. Ferre fue secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, un puesto al que llegó después de pasar por PriceWaterhouseCoopers (PwC), la segunda firma de consultoría más importante del mundo. Y a Rafael Catalá, exministro de Justicia y de Fomento, en calidad de Senior Advisor.

El de Catalá es un caso ilustrativo de la multiplicidad de puestos que puede llegar a ocupar un alto cargo. El exministro, según diversas informaciones, volvió al entorno de la empresa de apuestas deportivas Codere, de la que procedía cuando llegó al Gobierno. Un cargo que compatibiliza con otros en Legálitas y el bufete británico Herbert Smith Freehills.

La lista de ex altos cargos empleados en Kreab incluye también al exlíder de Uniò Josep Antoni Durán i Lleida, (Senior Adviser), a Cristina Villaba (directora de comunicación), exjefa de gabinete del secretario de Estado para UE del Gobierno de Zapatero, a Iban Rabasa, que pasó por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de la mano de Uniò (director de asuntos públicos) y a Lucas Calvo, que fue asistente parlamentario especializado en temas fiscales y económicos de UPyD en el Congreso (también es director de asuntos públicos).

La consultora sueca también fichó en su día a Jaime Olmos, como Deputy Managing Partner. Olmos formó parte del Gabinete de Miguel Arias Cañete (PP) cuando era ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que no le impidió ser durante un tiempo director de Relaciones Institucionales de dos grandes compañías del sector agroalimentario en España (Grupo Leche Pascual y García Carrión). 

LLYC (antes conocida como Llorente y Cuenca), la conocida consultora española, también se nutre de expolíticos, Y algunos se cuentan entre los más destacados como José Luis Ayllón, hasta 2018 mano derecha del presidente Mariano Rajoy, para quien ejerció como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y director de Gabinete. Ayllón es ahora director Senior de Contexto Político en LLYC.

Esta consultora emplea también a un exministro de Economía del PP, Román Escolano, como Senior Advisor del Área Contexto Económico. Y a Constantino Méndez que fue una figura muy relevante en las etapas de gobierno de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, en las que paso por diferentes responsabilidades en materia de Administraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social.

En LLYC trabajan además Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con José María Aznar, y Joan Navarro, director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas con Zapatero. Y acaba de regresar el exministro socialista Jordi Sevilla, que el 1 de septiembre se reincorporó como senior advisor y director del Área Contexto Económico en España, Sevilla estuvo hasta hace poco en la Presidencia de Red Eléctrica de España.

Atrevia, otra agencia española especializada en consultoría estratégica orientada a corporaciones, emplea a Joan Clos. El que fuera alcalde socialista de Barcelona y ministro de Industria con Zapatero, además de embajador en Turquía y Azerbaiyán, ahora es Senior Partner de la consultora.

También Hill & Knowlton, en este caso una empresa global de consultoría con sede en Nueva York, cuenta con expolíticos españoles. Es el caso del exdiputado socialista Francesc Vallès, que desempeña en la empresa norteamericana el cargo de asesor responsable de Regulatory & Public Affairs para sus oficinas de Madrid y Barcelona. Lo mismo que Weber Shandwick, una firma de relaciones públicas de la misma ciudad, en la que encontró empleo Javier Dorado, director general de Juventud en el gobierno del PP de Rajoy y donde se ocupa también del área de Public Affairs.

La presencia de expolíticos también es una constante entre las llamadas big four, las cuatro empresas de auditoría más importantes del mundo. En EY (antes conocida como Ernst&Young) ha encontrado acomodo desde hace poco Borja Sémper. El que fuera presidente del PP en Gipuzkoa dejó la política activa en enero por discrepancias con Pablo Casado. Ahora ocupa el puesto de director de relaciones institucionales en EY.

Allí está preparando su aterrizaje, según informaciones publicadas recientemente, la exministra de Agricultura y exvicesecretaria del PP Isabel García Tejerina, en principio como asesora externa. Y ya están Juan Pablo Riesgo, en calidad de socio del área de People Advisory Services —fue secretario de Estado de Empleo del Gobierno de Rajoy—, y Marta Fernández Currás como partner —fue secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos también con Rajoy—.

Miguel Ferre, ya citado en relación con Kreab, también está vinculado a EY a través de su Global Coporation Centre, del que es vicepresidente.

 

En Deloitte, la más grande las big four, está Juan Manuel Herrero de Egaña, en calidad de Of Counsel de su departamento legal. Un puesto en que tiene oportunidad de emplear los conocimientos que adquirió como director de los servicios jurídicos de la agencia tributaria con Rajoy.

La consultora, una firma gigantesca para la que trabajan 240.000 personas en todo el mundo, también halló empleo Pablo Zalba, presidente del ICO en el último gobierno conservador y exeurodiputado del PP. Allí dirige el departamento de Regulación y Políticas Públicas, que en el mundo de la consultoría hace referencia a los grupos de presión. Y José Manuel de Bunes, director general de Tributos con Zapatero. ¿Su ocupación? El departamento fiscal, naturalmente.

En PwC, abreviatura de PriceWaterhouseCoopers, trabaja como asesor legal David Mellado Ramírez, secretario general Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro. Y en KPMG, la cuarta gran consultora mundial, está Antonio Hernández García como socio de Internacionalización. Hernández fue director general de Política Energética y Minas durante la época de Zapatero.

Otro grupo de empresas privadas donde es frecuente encontrar a expolíticos españoles es el de los grandes despachos de abogados. Uno de los más importantes es Cuatrecasas, una firma legal fundada hace más de un siglo que en 2019 facturó 276,8 millones de euros. Este bufete fue el destino de la antes todopoderosa vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después de su derrota en las primarias del PP que la enfrentaron a Pablo Casado. Allí se ocupa, según la web de la propia firma, del departamento de asesoramiento jurídico de alto valor para la implantación de sistemas eficaces de gobierno corporativo, prevención de riesgos legales, control de cumplimiento normativo y gestión de crisis.

 

Su rival durante años en el PP, la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, siguió el mismo camino, pero en otra empresa. Ahora es socia de CMS Albiñana & Suárez de Leto. En ella se ocupa del departamento de procesal y en particular de conflictos societarios, controversias de índole civil, penal o tributaria, en materia de responsabilidad y cumplimiento normativo.

En la nómina de esta firma legal también se encuentran otros destacados ex políticos españoles, como Alfonso Codes Calatrava, socio del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados y ex secretario general técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy. O como Ignacio Astarloa, consultor de Derecho Público y Sectores Regulados del despacho y, entre otros muchos cargos, exsecretario de Estado de Seguridad con Aznar.

Herbert Smith Freehills, un bufete internacional con sede central en Londres, tampoco es ajeno a estas prácticas. En su lista de expolíticos están los exministros Rafael Catalá –ya citado en relación con la consultora sueca Kreab, y Josep Piqué, el que fuera titular de diferentes carteras n gobiernos de José María Aznar y en la actualidad consejo delegado de OHL.

Ministros de esa época se encuentran también en otras firmas de abogados, como MA Abogados, donde trabajan José María Michavila y Ángel Acebes. El despacho nació en 2011 de la fusión de varios bufetes y bajo el liderazgo precisamente de quienes fueran ministros de Justicia e Interior, respectivamente.

PSOE y PP destacan claramente como origen de la mayoría de estos fichajes pero no son los únicos. Las convulsiones que ha sufrido Ciudadanos han dado pie al aterrizaje de algunos de sus principales dirigentes en el sector privado. Y aquí es otro despacho de abogados el que más despunta: Martínez-Echeverría. En esta firma, fundada en 1983, la Presidencia Ejecutiva está ahora en manos de Albert Rivera, que hace apenas ocho meses ejercía las mismas funciones en Ciudadanos. Y donde tiene como número dos a José Manuel Villegas, que también ocupaba esa función en la formación naranja.

No es el único ejemplo que afecta a Cs. Toni Roldán, uno de los principales dirigentes del partido hasta hace poco más de un año, es hoy un empleado de la escuela de negocios ESADE, en la que pone a punto la puesta en marcha de un laboratorio de ideas en materia económica que promete fichar a otros expolíticos españoles.

En ESADE también presta servicio como director de Riesgos Globales Ángel Pascual-Ramsay, asesor económico y geopolítico de Zapatero.

Hay muchos más casos que no están en esta lista. Algunos conocidos y otros no porque precisamente la Oficina de Conflictos de Intereses no hace un seguimiento transparente de lo que sucede con los altos cargos cuando dejan la administración. Íñigo Fernández de Mesa, por ejemplo, que ha desempeñado cargos tan delicados como secretario general del Tesoro, secretario general de Economía o la presidencia de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, presta servicio ahora en la CEOE, en la consultora Rothschild & Co España, la administradora de fondo de inversión Altamar Capital o Scottish Power, la filial escocesa de Iberdrola.

No es el único. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha entrado en un foro de la Fundación ONCE en el que ya estaba José Luis Rodríguez Zapatero. La exministra de Empleo Fátima Báñez fichó por una fundación de CEOE, con quien se sentaba a negociar cuando estaba en el Gobierno. El exministro y expresidente madrileño Alberto Ruíz Gallardón dirige la filial española de ingeniería de Bouygues, el gigante francés de la construcción. Pedro Morenés, exministro de Defensa, preside Amper Ingenio, una empresa rescatada por el gobierno del que formó parte. Y José Manuel Soria, exministro de Industria, ha entrado en Domingo Alonso Group, la mayor compañía automovilística de Canarias, importador y distribuidor entre otras marcas de Volkswagen, Audi y Skoda.

Los ejemplos son abundantes también en la administración socialista. Estos son algunos casos de exministros: Pedro Solbes está Panda Security, Trinidad Jiménez en Telefónica, Miguel Sebastián en Indra, Francisco Caamaño en CCS Abogados, Antonio Camacho en Pérez-Llorca Abogados, Miguel Sebastián en Indra, Beatriz Corredor en Red Eléctrica, Cristina Garmendia en CaixaBank, Everis, Mediaset y la Fundación Cotec, Miguel Ángel Moratinos en el gobierno de Catar y Valeriano Gómez en Duro Felguera.

Los contratos envían un mensaje: “Si os portáis bien con mi empresa, aquí tenéis una jubilación dorada”

Contratar expolíticos no sólo pone a trabajar su experiencia sino que, advierte Elisa de la Nuez, permite a estas empresas enviar un mensaje importante “a todos los demás: si os portáis bien con mi empresa, cuando salgáis de la política —y siempre se acaba saliendo— aquí tenéis una jubilación dorada”. Eso es “muy importante para cualquiera, pero especialmente para los que no tienen otra profesión que la política”. Hay incentivos para que los altos cargos de cualquier partido lo tengan muy en cuenta. Y lo tienen.  

En opinión de esta experta en transparencia y corrupción, el de las puertas giratorias “no es tanto un problema de personas o de sectores como de modelo e incentivos. En un modelo clientelar: los favores se pagan”. Las empresas muy reguladas y otras que no lo están tanto pero que viven de concursos públicos necesitan tener buenos contactos dentro de las Administraciones. Y eso “lo pagamos los españoles, en términos de capitalismo de amiguetes, menos competencia y mayores precios. Por no hablar de corrupción. No sale gratis”, avisa. 

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Sin que eso suponga automáticamente poner en cuestión la trayectoria profesional de todo el mundo. “Si hay políticos que pasen al sector privado para hacer carrera profesional sin aprovecharse de los conflictos de intereses, pues fenomenal” concede. “Pero claro, entonces no te colocan directamente de consejero independiente en una empresa del ÍBEX”.

¿Hay remedio? “Llevamos años intentando conseguir una regulación estatal sería de los lobbies”, explica De La Nuez. “Es impresionante lo difícil que es, lo que demuestra que el lobby informal está muy instalado en la cultura española lobbyy que hay resistencia a regular algo que existe y funciona estupendamente para algunos”.

El objetivo de una buena regulación de los grupos de interés sería conseguir un acceso igual para todos los agentes, la máxima transparencia y la máxima rendición de cuentas. Y para conseguirlo harían falta “sanciones importantes por incumplimiento”, similares a los que existen en materia de seguridad vial o industria del tabaco, “porque lo que necesitamos es cambiar una cultura secular, en el que acercarse al poder de forma opaca y privilegiada para conseguir beneficios y prebendas está muy arraigada”. La cultura del “palco del Bernabéu”.