"Una regulación de los lobbies que salvaguarde la defensa del interés público en todo momento, por encima de cualquier otra consideración". Por ello abogó el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en su discurso del primer día del debate de investidura del que salió derrotado en las dos votaciones. La promesa no es nueva ni en él ni en los responsables de otros partidos del arco parlamentario. Pero sí es cierto que él, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular durante la X Legislatura, ha tenido en su mano solucionar esta gran laguna legislativa en España desde hace casi 40 años. Pero no lo hizo.
En este contexto, los pasos que se han dado al respecto en España han sido principalmente voluntarios, con la autorregulación como base. En las instituciones, la tendencia a la opacidad, a que empiece a conocerse quiénes y por qué intervienen en las decisiones que al final acaban afectando a los ciudadanos la rompió el pasado marzo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)con la creación de un registro de grupos de interés. Cuando todavía no se ha producido un año de su entrada en vigor son 304 los inscritos.
En el listado destacan las consultoras, asociaciones de empresarios de múltiples sectores, representantes de los consumidores y también de las industrias farmacéutica y de la construcción. De las grandes del IBEX 35 sólo están presentes Telefónica, Cellnex Telecom y Red Eléctrica de España pese a que el grueso de ellas mantiene una relación constante con el superregulador.
El registro es de carácter voluntario, público y gratuito. Y esta práctica es pionera en España a nivel estatal. En EEUU los grupos de presión están regulados desde 1995 por la Lobbying Disclosure Act y las instituciones comunitarias europeas implantaron en 2011 el Transparency Register (Registro de Transparencia). Su finalidad es la de actuar como mecanismo institucional que haga transparente la contribución externa a la CNMC.
Una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados permitiría, por ejemplo, conocer la trazabilidad de las leyes. A saber: con qué personas, asociaciones, organizaciones... se han reunido los parlamentarios en el proceso de elaboración de los textos legales. Y, de paso, contribuiría a borrar la connotación negativa que en la sociedad tienen los grupos de presión, a los que en no pocas ocasiones se les relaciona con prácticas corruptas para conseguir influir sobre el legislador.
Capacidad de "modificar" las decisiones
"La intervención de la sociedad civil a través de los grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento de la Comisión, pero a la vez es prudente exigir que ese trato sea suficientemente transparente, y esté dotado de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantienen con nosotros, y en qué medida sus actuaciones contribuyen a modificar o conformar nuestras decisiones", podía leerse en el comunicado que la CNMC difundió para dar cuenta de la creación del registro.
"Las decisiones que adopta la CNMC afectan a millones de ciudadanos y, por ello, deben adoptarse con total transparencia. Esta institución en el ejercicio de sus funciones mantiene contacto con un amplio abanico de grupos y organizaciones que representan intereses concretos. Se trata de una actividad legítima y necesaria en el proceso de toma de decisiones para canalizar la intervención de la sociedad civil y garantizar que una regulación económica eficiente responda a las necesidades reales de los ciudadanos", explica la CNMC en el apartado de su web en el que se ubica el registro. La idea es, pues, arrojar luz a estos procesos que tradicionalmente están envueltos en la opacidad. De ahí la concepción casi generalizada de la actividad del lobby como algo negativo.
Quienes se inscriben en este registro asumen un "decálogo ético"en el que, entre otros asuntos, se comprometen a actuar con transparencia, no difundir información confidencial y actuar con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad.
El balance, a ojos del organismo regulador, es agridulce, sobre todo en lo que tiene que ver con las empresas que integran el IBEX 35. No obstante, se muestran confiados en que con el paso del tiempo –la iniciativa todavía no tiene un año de vida– las empresas con las que mantienen relación se vayan sumando. En este sentido, recuerdan que son firmas de gran envergadura en las que en ocasiones la toma de decisiones se dilata.
En defensa de los intereses empresariales
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) es una de las organizaciones inscritas en este registro. Según señala en el apartado "actividades como grupo de interés" que estos tienen que cumplimentar cuando se inscriben, la CEOE dice que "tiene por finalidad la defensa y representación de los intereses empresariales". Entre sus objetivos cita los de "fomentar y defender el sistema de iniciativa privada, la libre competencia y la unidad de mercado".
La CEOE se inscribió en este registro para "defender la libre competencia" y "coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender los intereses empresariales, generales y comunes, en todas aquellas iniciativas de la CNMC susceptibles de impactar en la competitividad y desarrollo empresarial".
Según el listado de reuniones de la CNMC, la CEOE no se ha reunido todavía con ningún representante del superregulador.
La cuota de las farmacéuticas
La industria farmacéutica es considerada tradicionalmente uno de los lobbies más poderosos. En el registro de la CNMC está representada por varias sociedades y por algunas consultoras especializadas en este área. Así, podemos encontrar a la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), a la Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española (Cofares), a la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa), a la Asociación Española de Medicamentos Genéricos o la Asociación de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos.
En al caso de Farmaindustria, por ejemplo, la patronal de la industria farmacéutica en nuestro país señala que su finalidad y objetivos como grupo de presión es defender y representar "los legítimos intereses colectivos de las empresas asociadas, la promoción del desarrollo de la industria farmacéutica, en todos sus aspectos, y velar por el respeto de los principios éticos en todo lo relacionado con el medicamento".
Una legislación "inevitable"
El registro también acoge a un número importante de consultoras. Una de ellas es Llorente & Cuenca. Carmen Muñoz, directora de Asuntos Públicos de esta empresa, señala en conversación con infoLibre que este tipo de iniciativas que empiezan a "normalizar las relaciones entre lo público y lo privado" son muy necesarias. "El hecho de que fuera voluntario era una oportunidad muy buena", señala. Muñoz explica que este tipo de registros, sobre los que hay muy poca cultura en España, requieren "una importante labor pedagógica con los clientes".
La directora de Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca, consultora integrada en el Foro por la Transparencia, se muestra convencida de que la legislación en esta materia en España no se puede hacer esperar mucho más. "Creo que es el momento. Hay movimientos de diferentes grupos políticos que en este impasse [en referencia a la situación de Gobierno en funciones] están barajando iniciativas". "Veo que es el momento, un poco por presión de la situación interna, de la cantidad de episodios lamentables que hemos tenido y también por la de la UE y los países de la UE que están regulando en este sentido", añade.
La semana pasada, la Comisión Europea (CE) propuso hacer obligatoria la inscripción en un registro público de los grupos de presión que mantienen contactos con los funcionarios del Parlamento y Consejo europeos, como ya ocurre en el caso del Ejecutivo comunitario. Esto implica que quienes no están en estos listados no pueden relacionarse con las instituciones públicas.
A juicio de Carmen Muñoz, el escenario ideal para hacer frente a la desrregulación de este sector pasaría por una reforma del reglamento del Congreso y una ley que regule el lobby en la actividad del Ejecutivo y la Administración. Y el enfoque, insiste, debería ser desde el marco de la transparencia y no desde el de la corrupción. Y es que, reconoce que en una sociedad tan abrumada por los escándalos de corrupción se corre el riesgo de que la regulación se haga desde ese marco.
"El trabajo que hacemos los lobbistas con los clientes es representar los intereses a través de intercambio de información con políticos que necesitan esa información porque van a regular sobre un determinado ámbito que es complejo. Es bueno que los políticos escuchen a todas las partes implicadas", mantiene.
Hasta la fecha, desde Llorente & Cuenca no se ha llevado a cabo ninguna acción de lobbie ante la CNMC. Desde el Foro por la Transparencia sí han mantenido contactos cuando se conoció la iniciativa del registro para conocer de primera mano cómo iba a funcionar.
Las grandes constructoras
También es significativa la presencia en este registro de firmas relacionadas con la construcción. Una de ellas es SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras Concesionarias de Infraestructuras, considerada el lobby de la construcción. Pero también hay representantes de materiales concretos dentro de este sector como el azulejo, el hormigón, el cemento o los áridos.
El listado de inscritos se completa con ONG y empresas relacionadas con el sector de la energía y el transporte.
Al Ibex 35 no le gusta la transparencia
La CNMC publica también en su página web las reuniones que mantiene con empresas. Desde octubre de 2013 a día de hoy, el registro contabiliza 1.370 reuniones. Sólo 246 de ellas, el 17,9%, se corresponden con empresas previamente inscritas en el registro de grupos de interés. La cifra es todavía bastante baja y pone de manifiesto que en España no está instaurada todavía una cultura de transparencia. Si en el registro sólo figuran tres empresas del Ibex, en el listado de reuniones nos encontramos con otras como Abertis, Repsol, Aena, Amadeus, Endesa, BBVA, Santander, Mediaset, Gas Natural Fenosa, Caixabank, Arcelor Mittal y Acciona.
Expertos en transparencia, políticos de izquierdas y de derecha y organizaciones dedicadas profesionalmente a hacer lobby coinciden en que la regulación de esta actividad no puede seguir siendo una tarea pendiente. La ley de transparencia, vendida por los conservadores como una de las más avanzadas de Europa, pasó por alto un capítulo específico para los grupos de presión. Fue, admiten, una oportunidad perdida.
La reacción, desarrollo y debate de esta ley coincidió con un repunte de los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular y los socialistas, la segunda formación con más representación en el Congreso, se negaron a seguir negociando sobre transparencia con un partido que la practicaba poco.
Contexto
En España la transparencia en este campo lleva siendo una asignatura pendiente desde 1978. En el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, fechado en septiembre de 2014, la organización Transparencia Internacional España hace un detallado repaso de las iniciativas que, sin éxito, han intentado regular la figura de los grupos de presión en España.
Cuando se estaba redactando la Constitución, Alianza Popular (AP) el partido que daría después lugar al PP, presentó un voto particular que incorporaba al artículo 77 , el que contempla el derecho de petición ciudadana, dos nuevos puntos. En el primero de ellos se recogía que las comisiones parlamentarias podrían recibir "delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público". En el segundo establecía que una ley orgánica fuese la encargada de crear un sistema de control y registro para los lobbies. Quedó en papel mojado.
El Congreso se acerca a una regulación de los 'lobbies' tras múltiples intentos fallidos en 39 años
Más de diez años después, en 1990, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley para la regulación "de los despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Hubo algún avance en el debate porque se aceptaron enmiendas del PSOE. Pero no pasó de ahí.
El Centro Democrático y Social (CDS) lo intentó con otra proposición no de ley en 1993. Se reclamaba al Gobierno que buscase una legislación sobre los lobbies que actúan en los parlamentoslobbies . Fue aprobada por una amplia mayoría pero después no fue promovida y se quedó en mera declaración de intenciones.
Rajoy llegó al Gobierno en noviembre de 2011. A lo largo de toda la legislatura, en sus grandes discursos nunca faltó esta promesa. Pero después ni la incluyó en su Ley de Transparencia ni movió a su mayoría más que absoluta para legislar al respecto.
"Una regulación de los lobbies que salvaguarde la defensa del interés público en todo momento, por encima de cualquier otra consideración". Por ello abogó el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en su discurso del primer día del debate de investidura del que salió derrotado en las dos votaciones. La promesa no es nueva ni en él ni en los responsables de otros partidos del arco parlamentario. Pero sí es cierto que él, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular durante la X Legislatura, ha tenido en su mano solucionar esta gran laguna legislativa en España desde hace casi 40 años. Pero no lo hizo.