Las contradicciones del PP: vota con Bildu, no respeta la lista más votada y complica la Alcaldía de Barcelona

El 28M supuso una victoria de la derecha en el mapa territorial español. Todo ello tras una campaña en la que el PP atacó a Pedro Sánchez con temas como los pactos con sus socios parlamentarios y las supuestas compras de votos por correo. Pero la apertura de las urnas y el recuento también ha marcado otro antes y después para el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo se han olvidado de parte de sus consignas durante la campaña y están cayendo en sus propias contradicciones.

Uno de los temas centrales de la campaña fue EH Bildu y la inclusión en las listas de condenados por delitos de sangre. Los populares se lanzaron contra Pedro Sánchez por haberse apoyado en el grupo vasco para sacar algunas leyes durante la legislatura. Pero el PP, a los cuatro días de las elecciones, dio su voto a favor a una proposición de ley impulsada por los abertzales en el Parlamento vasco sobre el autoconsumo energético. Muriel Larrea, portavoz durante el debate y presidenta del PP de Gipuzkoa, lo justificó así: “El voto a favor era necesario y así lo hemos hecho”. Sucedió esto un día después, además, de que Alberto Núñez Feijóo ofreciera los votos de su partido allí donde hicieran falta para que EH Bildu no gobierne.

¿La lista más votada?

El Partido Popular también ha caído en otra contradicción después de las elecciones del 28: ya no habla de la lista más votada. Los de Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a llegar a pactos para lograr las mayorías necesarias para la investidura aunque no fueran la primera fuerza. Este es el caso de Extremadura, donde María Guardiola fue la segunda opción tras Guillermo Fernández Vara. Aunque hay tensión con Vox y no quiere que entren en el Ejecutivo, la popular se ha postulado para ser la presidenta y tendrá que pactar con la ultraderecha para lograrlo. 

Los populares no respetan esta regla tampoco en Canarias, donde la lista más votada fue la encabezada por el presidente socialista en funciones, Ángel Víctor Torres. Los populares han cerrado un acuerdo de Gobierno con Coalición Canaria, por el que harán presidente a Fernando Clavijo, mientras que la Vicepresidencia recaerá en el popular Manuel Domínguez. 

El PP también puso en el foco en la recta final de campaña la supuesta compra de voto por correo en Mojácar (Almería). Este tema, después del 28M, ha desaparecido de la agenda de los populares. Se da la circunstancia de que el último detenido y en prisión por este caso está ligado a los conservadores. La dirección del PP no entró en tromba como sí hizo con los implicados del PSOE, incluso se llegó a vincular al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con la trama por parte de dirigentes como Esteban González Pons.

Los populares también en estas horas han caído en su propia contradicción respecto a las huelgas. El vicesecretario Esteban González Pons escribía este jueves en Twitter respecto a las protestas en Justicia: “Nos cuentan de dentro del Ministerio que se está coaccionando a los sindicatos de funcionarios para que abandonen su encierro, negándoles, incluso, recibir comida. Esas formas son impropias en una Democracia. El Gobierno debe mantener la negociación con limpieza”.

La crítica que hace Pons no la hizo con la Comunidad de Madrid en diciembre del año pasado después de que los sanitarios del comité de huelga de médicos de familia, encerrados en la Consejería de Sanidad, denunciaran que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso impedía que se les hiciera llegar comida caliente, a pesar de la mediación de la Policía.

El dilema de Barcelona

Los populares, como reconocen, se encuentran también en una situación que “no es fácil” en Barcelona. Sus votos pueden ser decisivos a la hora de elegir el día 17 al futuro alcalde: Xavier Trias (Junts) o Jaume Collboni (PSC). Daniel Sirera, líder del PP en el consistorio con cuatro concejales, ha asegurado que no apoyará a un candidato soberanista, pero sus condiciones para sustentar a Collboni hacen casi imposible que el socialista lo logres de esa manera (un gobierno con los populares y sin los comunes, tercera fuerza). Esta fórmula en voto es muy complicada, pues al ser el socialista segunda fuerza, sólo puede obtener el bastón de mando con mayoría absoluta.

Las contradicciones del Partido Popular durante estos días también afecta a la propia fecha de las elecciones. Feijóo ha puesto en duda esta fecha insinuando que el presidente busca la desmovilización: “Sánchez quiere que los españoles elijan urnas o vacaciones”. Asimismo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha intentado sembrar sombras de fraude. Estas palabras contrastan con la propia decisión de Feijóo hace tres años, cuando llevó a Galicia unos comicios el 12 de julio.

Durante estos días posteriores al 28M también han salido a relucir algunas medidas que el Partido Popular no señaló durante la campaña que centró en “derogar al sanchismo” frente a las propuestas de gestión. José Luis Martínez-Almeida, que obtuvo la mayoría absoluta ese domingo, atrasó hasta el lunes la publicación de las plazas públicas en escuelas infantiles, que han dejado fuera a 10.000 niños cuyas familias lo solicitaron.

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También después de las elecciones se ha conocido la subida por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (que obtuvo mayoría absoluta el 28M) la subida de más de un 12% del precio del menú de los comedores escolares. Ahora será de 5,50 euros, una cantidad fijada por el propio Ejecutivo regional (suponiendo un coste adicional de 110 euros para las familias al año).

La crisis en Castilla y León

En este escenario después del 28M, las miradas también están puestas en los pactos a los que tiene que llegar el PP con Vox para dominar asambleas autonómicas y ayuntamientos. La dirección nacional pretende aplazarlos lo máximo posible para que no afecten a su imagen de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Por eso ha dado prioridad a buscar las alianzas con regionalistas, como con el PRC en Cantabria o Coalición Canaria en el archipiélago.

Pero estos días tras las elecciones están también marcados por la crisis en el Gobierno de Castilla y León. formado por el Partido Popular y Vox, por el conflicto que enfrenta al Ejecutivo regional con los ganaderos por la tuberculosis bovina. La decisión de rebajar los controles por parte de la Consejería de Agricultura, en manos de la ultraderecha, ha desatado un choque también con el Ministerio de Agricultura, los tribunales (se ha aceptado suspender la orden) y la Unión Europea. El duelo es también interno entre los populares y los de Santiago Abascal, poniendo también sobre la mesa la contradicción de la imagen que vende el PP de que los gobiernos de la derecha son más estables que los de la izquierda.