Todos los expertos coinciden: la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (abreviado como COP y cumbre del clima), que se celebrará en Madrid a partir de este lunes 2 de diciembre, es “la cumbre de la ambición”. Al contrario de lo que dice el alcalde, no será la cumbre de un gran acuerdo, como el de París: ni es posible, ni se busca. Lo único necesario es que los países que firmaron en 2015 el pacto contra el cambio climático incrementen sus esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. También hay detalles técnicos que deberán quedar resueltos, pero el encuentro, principalmente, será un fracaso si no se consiguen nuevos compromisos con altura de miras y será un éxito si, por fin, se emprende el camino para limitar el calentamiento global a, al menos, 2 grados de subida media. No es la última cumbre, porque siempre se puede hacer algo para que el cambio climático sea menos destructivo: pero sí es una de las últimas antes de que la inercia del fenómeno convierta en demasiado difícil evitar sus peores efectos.
“En adelante, mis cinco prioridades serán ambición, ambición, ambición, ambición y ambición”, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la clausura de la COP24. Sus palabras han sido escuchadas y en la COP25 el foco está puesto prioritariamente en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC’s, por sus siglas en inglés), es decir, lo que cada país declara que está dispuesto a hacer para reducir sus emisiones contaminantes. El problema es que no hay, hasta el momento, ningún mecanismo que obligue a los firmantes del Acuerdo de París a que sus promesas sean coherentes con la necesidad de evitar un cambio climático devastador: y en esta COP y en la siguiente, o bien se articula un proceso vinculante, o se dependerá de la buena voluntad de los países (entre ellos, muchos negacionistas, con intereses en los combustibles fósiles o que ignoran o parecen ignorar las consecuencias). La ciencia le está dando la razón al líder de la ONU: el último gran informe cifra en más del 7% la reducción anual que deben hacer las naciones para quedarnos en 1,5 grados de calentamiento.
La cumbre del clima de Katowice (Polonia) se cerró con un acuerdo para establecer un libro de reglas que estableciera las normas a seguir para aplicar el pacto de París. Aunque pueda parecer secundario, es muy importante, porque todo juego sin reglas se convierte en desigual: la contabilización de emisiones, por ejemplo, tiene que ser la misma para todo el mundo. En ese sentido, quedaron flecos por abordar: y no se trata de detalles menores, sino de aspectos que pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. La mayoría de los temas por tratar tienen que ver con el artículo 6 del Acuerdo de París… que se redactó de manera abierta, sin concretar, para lograr el consenso y que cuatro años después da muchos dolores de cabeza.
“Las Partes reconocen que algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental”, arranca al artículo. Y del dicho al hecho hay un trecho, por lo que hay que definir cómo se articula esta cooperación. El mecanismo para lograrlo es el mercado de carbono: un espacio virtual donde los países compran y venden derechos de emisiones. Si un país debe reducir 30 unidades de CO2 –simplificándolo mucho– puede optar por reducir 20, y esos 10 restantes intercambiarlos por un proyecto que reduzca esa cantidad de emisiones en otra parte del planeta: por ejemplo, una planta de energías renovables. El país comprador, el primero, se asegura de cumplir con los compromisos climáticos: y el país vendedor obtiene financiación para sus proyectos de desarrollo sostenible. La Unión Europea cuenta con un sistema similar para su industria y sus compañías energéticas, abreviado como ETS. Se intenta que se convierta en un modelo común para todo el globo. Pero evitando las trampas. Una de las más comunes es la doble contabilidad: a la hora de rendir cuentas, el país comprador se anota la reducción de emisiones… y el vendedor también, lo que puede desvirtuar el cómputo global.
Otros flecos sueltos tienen que ver con el tema que, directa o indirectamente, ha dominado las cumbres del clima desde la de París de 2015: la justicia climática. Los países pobres exigen, y pelean, porque los países ricos financien parte de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Porque pueden y porque su tren de consumo es en gran parte responsable de la emergencia. Junto a las negativas de los países dependientes del petróleo y con Gobiernos directamente contrarios a la acción contra el calentamiento global (Arabia Saudí, Estados Unidos, Kuwait…), la confrontación entre países derivada del quién paga qué es el principal motivo de bloqueo en estos encuentros. Superar este escollo en Madrid sería una gran victoria para la presidencia, Chile, y para los anfitriones, España.
Los países más pobres, que suelen coincidir con los países más vulnerables al cambio climático, quieren que el Mecanismo de Varsovia, el órgano de la ONU destinado a lo que se conoce como “pérdidas y daños”, tenga financiación. Es decir, que las naciones más desarrolladas aporten dinero para paliar los efectos de los eventos extremos amplificados por el cambio climático, como huracanes, tormentas o sequías. También reclaman más aportaciones al Fondo Verde por el Clima, a través del cual se canalizan las transferencias de dinero en este sentido: actualmente, afirman varios informes, el dinero comprometido para 2020 está lejos de ser el suficiente para hacer frente a la emergencia climática.
Aunque los detalles técnicos logren ser solventados, algo bastante difícil, no basta para que la cumbre del clima de Madrid sea un éxito: el lema de la COP25 es “tiempo para actuar”. Se trata de la última cumbre antes de que llegue 2020, y 2020 es una frontera mental, científica y política. Los objetivos de reducción de emisiones más cercanos son en 2030, por lo que el próximo año dibuja una distancia de 10 años en la que son planteables cambios de calado en el modelo económico de las naciones desarrolladas –lo que se necesita para combatir el cambio climático–. 2020 es, también, el año en el que entra en vigor el Acuerdo de París, por lo que solo nos quedan dos cumbres para intentar desarrollar un mecanismo que obligue a los países a establecer objetivos suficientes –complicado, pero soñar es gratis–. Los papers de los investigadores indican que vamos tarde, pero que el viraje es posible con la suficiente determinación. Y en 2020 se concentran los esfuerzos del nuevo movimiento juvenil que exige responsabilidad a los gobernantes ante la crisis global.
Cómo llegan los países
El Grupo de los 20 (G20) engloba a los países industrializados y a los emergentes, y representa el 66% de la población mundial, el 85% del producto bruto… y el 70% de las emisiones. Cualquier acción contra el cambio climático debe contar con su participación decidida, y por ahora no hay buenas noticias que auguren un fin de fiesta esperanzador. Con respecto a la Unión Europea, tras la declaración de la emergencia climática por parte del Parlamento Europeo, se espera que el Consejo Europeo asuma el testigo y, tras negociaciones que han durado meses, apruebe el objetivo de neutralidad climática en 2050 para la totalidad de los Estados miembro coincidiendo con el final de la COP. Queda por saber si los objetivos para 2030, el paso intermedio, serán revisados durante las próximas semanas: sabemos que es intención del nuevo Ejecutivo comunitario, como explica Mediapart.
Pero más allá del club de los 28, no hay indicios de que en la cumbre recibamos muchas más buenas noticias. La guerra comercial entre Estados Unidos y China parece estar perjudicando a Pekín y obligándola a abandonar sus programas de energía limpia: tratándose del país que más emite en términos absolutos, es una pésima noticia. El gigante asiático ha aumentado en 42,9 GW su capacidad para generar electricidad con carbón. Estados Unidos, recién retirado del Acuerdo de París, tendrá presencia con su Gobierno federal… y con miles de representantes de sus asociaciones, de Estados federados comprometidos con la acción climática, del Partido Demócrata. Y también estará Rusia, otra gran emisora, que daría una gran sorpresa si se desmarcara de su línea habitual: unos objetivos de reducción de emisiones “críticamente insuficientes”, según las ONG. Brasil e India, por su parte, serán dos de los países que presionen más para obtener ventajas y financiación para los países emergentes.
¿Y España? El país se juega su imagen en la esfera internacional como anfitrión de urgencia de la COP25. Ya ha ganado el primer tanto: a la espera de ver cómo funciona todo el día de la inauguración, el montaje express en el Palacio de Ferias de Madrid ha transcurrido sin incidentes y la coordinación con Naciones Unidas y con los casi 200 países cuyos delegados tuvieron que cambiar de destino a última hora no ha reportado ningún problema. Ahora el reto es doble: por un lado, ser la anfitriona de una buena cumbre del clima en términos de ambición, o al menos una que no sea un desastre suicida. Y por otro lado, venderse al mundo como un país comprometido con la acción climática. Un esfuerzo de “diplomacia pública”, como lo defendió el pasado jueves el ex ministro de Exteriores, Josep Borrell.
En todo lo que tiene que ver con intentar dejar bien a España ante el mundo, interviene España Global: la Secretaría de Estado que en tiempos de Rajoy gestionaba lo conocido como “marca España”. El departamento dirigido por Irene Lozano ha lanzado una campaña titulada “España: actor global en la lucha contra el cambio climático” en la que, con vídeo incluido, explican las bondades y los avances del país desde que Gobierna el PSOE. Reivindican un Plan de Energía y Clima que contiene el anteproyecto de ley de cambio climático, rebautizado como “el Green New Deal español”, y que ha sido alabado en la esfera europea; un país “con excelentes condiciones” para la implantación de las energías renovables, la derogación del impuesto al sol o la apuesta por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La campaña no menciona que la ley está en un cajón por culpa del bloqueo político; las carencias en materias tan sensibles como el agua, la biodiversidad que se muere o la gestión de residuos; o los conflictos aún por dirimir en materia energética. A pesar de todo ello, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, intentará apuntalar el cambio de imagen que ha dado España en este tipo de eventos, favorecido por la experiencia de una responsable ya bregada en negociaciones similares.
Todos los expertos coinciden: la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (abreviado como COP y cumbre del clima), que se celebrará en Madrid a partir de este lunes 2 de diciembre, es “la cumbre de la ambición”. Al contrario de lo que dice el alcalde, no será la cumbre de un gran acuerdo, como el de París: ni es posible, ni se busca. Lo único necesario es que los países que firmaron en 2015 el pacto contra el cambio climático incrementen sus esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. También hay detalles técnicos que deberán quedar resueltos, pero el encuentro, principalmente, será un fracaso si no se consiguen nuevos compromisos con altura de miras y será un éxito si, por fin, se emprende el camino para limitar el calentamiento global a, al menos, 2 grados de subida media. No es la última cumbre, porque siempre se puede hacer algo para que el cambio climático sea menos destructivo: pero sí es una de las últimas antes de que la inercia del fenómeno convierta en demasiado difícil evitar sus peores efectos.