Corposindicalismo centralista en Renfe
Las incidencias en Rodalíes Renfe no son tales: son consistencias. Lo que debiera ser excepción (el mal funcionamiento) se ha cronificado para devenir un mal cotidiano. La obsolescencia por dejadez gestora es causa del desastre. Hay algo aún peor: una visión anticuada e interesada del servicio público, que se nutre de ideas centralistas y corporativistas.
Rodalíes de Catalunya incluye 209 estaciones y 1.200 kilómetros de vías. La usan diariamente medio millón de ciudadanos que sufren retrasos graves cuatro de cada cinco días y cancelaciones de miles de trenes cada año. A pesar de que la Generalitat tiene transferidas estas competencias desde 2010, parecía que el acuerdo de noviembre de 2023 entre PSOE y ERC sobre su traspaso integral iba a ser una solución basada en la sustitución de Renfe por la Generalitat.
En aquellas fechas los comités de empresa de Renfe y Adif ya plantearon una huelga relacionada con el traspaso de competencias y su afectación a los trabajadores de la empresa, que se saldó con un acuerdo para desconvocarla. Ahora, de nuevo, los sindicatos han considerado vulnerados los anteriores acuerdos, esencialmente por la creación de una nueva empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif, por la exclusión de la línea R1 en Cataluña de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), y porque consideran que no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste por la pérdida de economías de escala y el incremento del entramado societario para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Argumentan, además, que el traspaso provocará una disminución de los estándares de seguridad y la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Los sindicatos han llegado a advertir de que el traspaso de Rodalíes implica incomunicar a Catalunya por ferrocarril.
Finalmente, la huelga se ha desconvocado “in extremis” mediante un acuerdo que se basa en que los trabajadores de Renfe y Adif mantendrán las mismas condiciones y dependerán del Estado a través del Grupo Renfe, aunque el control operativo será de la Generalitat. A esta fórmula la han denominado “adscripción temporal” de Rodalíes a Renfe. Curiosa solución: manteniendo las condiciones laborales interesadas de los trabajadores de Renfe, ya no se perjudica el interés general ni se incomunica a Catalunya por ferrocarril ni se arriesga la seguridad de la infraestructura. Mejor aún: ahora sí que la cosa va a funcionar. Obvio: el meollo está en la confusión entre interés corporativo e interés general, está en el mantenimiento a toda costa de las condiciones laborales de estos trabajadores que, por lo visto, debiendo ser extraordinarias, las deben ver muy amenazadas por el traspaso a la Generalitat, sobre todo si atendemos a las declaraciones de los propios sindicatos: "Hemos introducido un blindaje de permanencia para los profesionales de Renfe y Adif. Hemos aprovechado esta situación para establecer el mecanismo que nos proteja en ambas empresas públicas, de cara a futuros procesos que puedan venir por la aplicación del cuarto paquete ferroviario. Así, en ningún supuesto se podrá obligar a las personas trabajadoras a cambiar de empresa fuera del Grupo Renfe y Adif".
Este fenómeno es cosa común en este país: la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Aena, o el mismísimo Senado han sido objeto de fracasadas propuestas descentralizadoras que terminaron en la papelera para evitar que se perjudique intereses corporativos bajo la excusa de evitar que “España se rompa”.
En 2004, tras un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Zapatero trasladó de Madrid a Barcelona la sede de la CMT. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló el traslado al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. Se trataba de la defensa de intereses corporativos usando como pantalla los “peligros” de la descentralización. Incluso el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, presentó su dimisión por su oposición al traslado, calificando al Gobierno de "poco preparado" y "mal asesorado", y calificó como "una chorrada" y “una deportación” su decisión de cambiar la sede del organismo: no sea que “España se rompa”.
Recuerden la crisis de los controladores aéreos en 2010 con la empresa pública Aena, que llevó al cierre del espacio aéreo y al primer estado de alarma de la democracia. Tras este conflicto subyacía el modelo de gestión de Aena, que, desde 1998, se endeudó fuertemente por la construcción y ampliación de infraestructuras, como el Plan Barajas con ingentes desviaciones de costes, o las obras en aeropuertos pequeños con escaso tráfico. En la crisis de 2008, el pago de la deuda se convirtió en un gran problema que exigía un cambio de modelo de gestión al que los controladores se opusieron para defender sus escalas salariales recurriendo al poder derivado de sus funciones. Aún hoy, el modelo centralizado de gestión aeroportuaria se mantiene para disfrute de algunos y castigo de la mayoría de los ciudadanos. No sea que “España se rompa”.
Trasladar el Senado a Barcelona fue una idea de Pasqual Maragall hace 33 años para reforzar el concepto de cocapitalidad. Como sucedió después con el caso de la CMT, se anunciaron protestas de sus trabajadores en caso de que el Senado tuviese que trasladarse a Catalunya.
Subyace a todo esto un problema no resuelto: centralización o descentralización significa, también, una lluvia de millones sobre uno u otro territorio derivada del peso del empleo público y de la concentración de actividades empresariales. A pesar del modelo constitucional descentralizado, los principales órganos institucionales y reguladores están en Madrid, concentrando alrededor del 30% del personal del sector público del Estado. La descentralización no es sólo un principio constitucional rector en sí mismo. La descentralización también es un instrumento para la gestión de otros fenómenos como la despoblación, la revitalización territorial o el acercamiento de servicios a la ciudadanía. A la centralización propugnada por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, se oponen otros presidentes del PP (caso de Galicia) o regionalistas como el de Cantabria.
La centralización es un concepto caduco, que resulta de la desconfianza en la idea de diferencia por parte de las élites, y otros beneficiarios interesados, en la creencia de que la igualdad resulta de la homogeneidad. Alemania, Portugal o Estados Unidos son ejemplos de lo contrario. El “España se rompe” resulta muy útil para aglomerar opiniones a favor de intereses corporativos no confesados ni confesables. Como bien sabemos, envolver el bolsillo en cualquier bandera suele dar réditos interesantes e interesados.
Cuando colectivos diversos agitan el gallinero con argumentos centralistas (España se rompe) en ocultación de sus intereses corporativos (mi privilegio se rompe), estamos en presencia de un ejercicio de arrogancia
En conclusión: ¿Cómo serán las condiciones laborales de una descentralización para que no puedan ser asumibles por los afectados? ¿No será que se trata más bien de privilegios centralizados difícilmente subrogables? ¿No estaremos ante intereses laborales, más que ante derechos laborales? La diferencia es obvia: un derecho genera un deber recíproco que genera a los demás el deber de respetarlo, un interés no. Uno puede tener interés en mantener un privilegio, pero nunca tendrá derecho a ello porque no existe el deber de respetarlo. Y si lo tiene, es que el Estado no está bien diseñado y es ineficiente. Cuando colectivos diversos agitan el gallinero con argumentos centralistas (España se rompe) en ocultación de sus intereses corporativos (mi privilegio se rompe), estamos en presencia de un ejercicio de arrogancia. Arrogancia por cuanto abusan de su posición de manera insolidaria en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos a quienes deben servir. No deberían olvidar que el concepto de servicio público, con sus privilegios y servitudes, lo es porque se justifica en la defensa del interés público, no en la defensa del interés corporativo. ¿Qué clase de sindicalismo es este que no es de clase y que pretende que España se rompe cuando algo suyo se rompe?
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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.
