El considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, quiere pasar al contraataque. Después de que el letrado de otro de los imputados, Ignacio Peláez, lograra inhabilitar al magistrado que inició el caso, Baltasar Garzón, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha presentado un escrito de 65 páginas en el que solicita la anulación de las grabaciones realizadas por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que denunció el caso, y la posterior investigación policial: "Las grabaciones de José Luis Peñas, en las que se apoyó la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, constituyen una prueba ilícita". este es el motivo por el que Choclán considera que estas pruebas deben expulsarse de la causa, y las califica como un "atentado a la intimidad que resulta de las grabaciones continuadas de conversaciones privadas [...] y su posterior utilización para el inicio de la instrucción".
Choclán utiliza como justificación una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se considera ilegal la utilización de la cámara oculta en un reportaje periodístico, "al margen de la veracidad o posible interés público de la noticia".
El letrado de Correa asegura que las grabaciones se realizaron de forma "subrepticia": "Primero las grabó sin el conocimiento de los afectados, y segundo las divulgó igualmente sin su conocimiento ni su autorización. Todo ello aprovechando y abusando de la confianza y de las estrechas relaciones personales mantenidas con sus víctimas. Y lo hizo con la finalidad confesada de acopiar evidencias para incriminar a los grabados, si bien laten sospechas de una intencionalidad próxima a la extorsión".
Los peritos confirman que las grabaciones atribuidas a Correa son del cerebro de la trama ‘Gürtel’
Y la consecuencia, según esta versión, las grabaciones, al constituir una "lesión ilegítima" y "grave del derecho a la intimidad", no pueden ser tenidas en cuenta en un proceso. "Debiendo ser expulsadas del ordenamiento jurídico y, por tanto, no pueden desplegar consecuencia jurídica alguna, ni tampoco ser tomadas en consideración".
Para Choclán, las grabaciones fueron determinantes para el inicio del proceso, la imputación de Correa y la posterior detención del presunto cerebro de la red corrupta: "O lo que es lo mismo, la investigación policial, fiscal y judicial iniciada en este proceso, con la posterior práctica de diligencias probatorias, no se hubiera obtenido razonablemente, sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad".
Este es el motivo por el que el abogado de Correa solicita al juez Ruz que las grabaciones realizadas por el denunciante del caso, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas se expulsen de la causa, y que se declare la nulidad de la investigación policial, fiscal y judicial iniciada del proceso: "Así como la posterior práctica de diligencias probatorias que no se hubieran obtenido razonablemente, sin la vulneración inicial del derecho a la intimidad".
El considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, quiere pasar al contraataque. Después de que el letrado de otro de los imputados, Ignacio Peláez, lograra inhabilitar al magistrado que inició el caso, Baltasar Garzón, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha presentado un escrito de 65 páginas en el que solicita la anulación de las grabaciones realizadas por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que denunció el caso, y la posterior investigación policial: "Las grabaciones de José Luis Peñas, en las que se apoyó la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, constituyen una prueba ilícita". este es el motivo por el que Choclán considera que estas pruebas deben expulsarse de la causa, y las califica como un "atentado a la intimidad que resulta de las grabaciones continuadas de conversaciones privadas [...] y su posterior utilización para el inicio de la instrucción".