Les Corts Valencianes remitirán a la Fiscalía del TSJCV especializada en delitos de odio, racismo y xenofobia el escrito presentado por el grupo parlamentario Vox en el que pide documentación sobre las subvenciones a colectivos LGTBI, así como la que acredite, entre otros, que cumplen los requisitos legales de presentar el documento de antecedentes penales de aquellas personas en contacto con menores, por si pudieran constituir un delito de odio.
Así lo ha explicado el presidente del parlamento valenciano, Enric Morera, al término de la reunión ordinaria de la Mesa a la que ha llevado el escrito de Vox, dirigido a su persona. No era preciso tratarlo, por tanto, en este órgano, pero ha querido ponerlo en contacto con el resto de miembros. Vox no está presente en ella.
Morera ha decidido no proceder a la tramitación de esta petición de documentación sin tener antes la opinión de Fiscalía "porque es un tema gravísimo que se haga un señalamiento a un colectivo muy determinado para vulnerar sus derechos particulares y colectivos y las libertades públicas". Ningún grupo de los presentes se ha opuesto a esta decisión.
"Nos ha costado mucho llegar a este punto como para volver al pasado, a la ley de vagos y maleantes e incluso a la Inquisición, no voy a permitir que se señale a ningún colectivo para indicar que pueden estar cometiendo algún tipo de delito", ha remarcado. Por ello, considera que el escrito de Vox podría constituir "una falta o delito de odio hacia algún colectivo muy determinado" y no se va a permitir "que se haga un señalamiento de algunos colectivos como posibles causantes de no se sabe qué cosas".
"Es muy preocupante, es una causa general contra el colectivo LGTBI, no vamos a tolerar que haya ninguna persecución a ningún colectivo, y menos a aquellos que han padecido tanto y a quienes hay todavía países en los que se les persigue", ha dicho, para agregar que "ni la Comunitat Valenciana ni Les Corts Valencianes van a dar ni un paso atrás en la defensa de las libertades democráticas que ha costado mucho conseguir". La vicepresidenta, la socialista María José Salvador, ha hecho hincapié en este mensaje, advirtiendo de que desde Les Corts no van a permitir "la estigmatización de nadie por su condición sexual" y, por tanto, tampoco una petición de información personal sobre este colectivo.
Entiende, según ha explicado, que todas las personas que trabajan en contacto con menores cumplen con la ley de protección del menor y presentan este certificado, y es "una aberración jurídica que se pidan específicamente los antecedentes penales de las personas que forman parte del colectivo LGTBI". "Además, que nos digan los diputados de Vox si es que cuando una persona trabaja en un centro de menores o en cualquier otro ámbito se le pide un carnet de LGTBI", ha dicho, para incidir en que esta solicitud está "absolutamente fuera de lugar" en el siglo XXI y no se va a consentir que "un grupo llegue ahora a poner en cuestión la dignidad" de este colectivo.
El PP hubiera hablado con Vox por "cortesía"
El vicepresidente segundo, el conservador Jorge Bellver, ha resaltado que el presidente Morera ha hecho uso de su potestad para pedir la opinión de Fiscalía y ellos no se van a oponer. No obstante, ha indicado que "por las buenas relaciones parlamentarias hubiese sido posiblemente más oportuno que antes de tomar esta decisión el presidente hubiera tenido una reunión con el grupo Vox para explicarle que se están pidiendo cosas que no van a ser concedidas por parte de la administración".
Ha explicado, en este sentido, que si esta petición se hubiera tramitado y hubiera llegado a la administración no se hubiera podido proporcionar esta información porque la ley impide que se dé. "Yo, por cortesía parlamentaria, hubiera tenido una reunión antes con Vox", ha insistido, para admitir que ve excesos en el escrito: "Hay una petición de información a título personal de certificados de penales que las propias leyes dicen que esa información no es pública y que no se puede dar".
Unides Podem lo ve anticonstitucional
Cristina Cabedo, secretaria primera y representante de Unides Podem en la Mesa, ha agregado que además de ese posible delito de odio la petición puede ser inconstitucional porque pedir documentación únicamente relativa al colectivo LGTBI sobre antecedentes penales "atenta contra el artículo 10 de la Constitución, que habla sobre la dignidad, y contra el 14, que va sobre el principio de igualdad". El secretario segundo, Luis Arquillos (Cs), ha apuntado que ve "ciertos excesos" en el escrito de Vox que justifican esa decisión de llevarlo a Fiscalía y por ello han apoyado la decisión de Morera.
Tras estas declaraciones, la portavoz de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha explicado que su objetivo es "comprobar que la finalidad de las subvenciones a asociaciones y colectivos LGTBI se está cumpliendo" porque "el ciudadano tiene derecho a saber el dinero público a qué se está destinando, porque ya está el antecedente de Andalucía, que había ciertos aspectos en que se estaba destinando el dinero a donde no se debía".
Además, ha subrayado que se pide constatar que "se está cumpliendo con la legalidad" y que a cualquier persona que trabaje con menores se le exige el certificado negativo de delitos sexuales: "Lo único que estamos pidiendo es saber que se está cumpliendo con la ley y se le está pidiendo a todo el mundo".
Vega ha señalado que "no se están pidiendo los certificados de penales del colectivo LGTBI, sino de todas las personas que trabajan con menores". "La orientación sexual de cada uno no nos importa, entra en la esfera íntima de cada uno", ha agregado.
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"Está en su derecho de llevarlo a la Fiscalía"
Respecto a la decisión de llevar su petición a Fiscalía, ha señalado que si el presidente "lo considera conveniente está en su pleno derecho" y esta decidirá. Vox tomará entonces las medidas que tenga que tomar y responderá como tenga que responder, ha indicado.
Si finalmente se les deniega la información pedida, pedirán la motivación y si no están de acuerdo lo recurrirán, ha concluido.
Les Corts Valencianes remitirán a la Fiscalía del TSJCV especializada en delitos de odio, racismo y xenofobia el escrito presentado por el grupo parlamentario Vox en el que pide documentación sobre las subvenciones a colectivos LGTBI, así como la que acredite, entre otros, que cumplen los requisitos legales de presentar el documento de antecedentes penales de aquellas personas en contacto con menores, por si pudieran constituir un delito de odio.