La publicación este miércoles de las balanzas fiscales de las comunidades, cuyos datos señalan que existen 13 regiones –más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– que reciben más de lo que aportan a la caja común y cuatro autonomías –Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana– en la situación contraria, provocó un torrente de declaraciones contrapuestas desde las diferentes regiones.
Andalucía, por ejemplo, hizo hincapié en que, a pesar de que en términos absolutos es la que más solidaridad recibe, teniendo en cuenta su población se sitúa en el séptimo lugar; Extremadura quiso poner el foco en que no es "la que más recibe" en términos absolutos, a pesar de que en términos relativos sí se sitúa en primer lugar, y Cataluña se centró en defender que los datos, a pesar de que revelan un déficit fiscal menor al que denuncia la Generalitat, confirman que la autonomía "no plantea fantasmadas" cuando se queja de un supuesto trato desfavorable.
Y es que la publicación de estas balanzas fiscales –sistema de cuentas públicas territorializadas, en el argot del Ministerio de Hacienda–, que reflejan que Cataluña sí que aporta más de lo que recibe pero rechazan que sea la comunidad más perjudicada por las transferencias entre autonomías, tiene un marcado efecto a tan sólo seis días de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. En este sentido, el consejero andaluz de Economía, José Sánchez Maldonado, señaló a infoLibre que estas cuentas "siempre" se utilizan para "justificar ciertas acciones". Pero, más allá del maremágnum de declaraciones, ¿qué es lo que hace falta saber para comprender el informe?
La metodología: Flujo monetario o Flujo carga-beneficio
El documento presentado este miércoles por Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y uno de los tres expertos elegidos por el Ministerio de Hacienda para realizar el cálculo de las balanzas fiscales, se fundamenta en la metodología del flujo carga-beneficio. Este método consiste en computar las inversiones que se realicen en una comunidad pero que afecten al conjunto del Estado no sólo en dicha región, sino –de forma proporcional– en cada una de las autonomías, y los ingresos donde residen las personas que finalmente soportan la carga.
En este sentido, el consejero andaluz de Economía explica en declaraciones a infoLibre que utilizando esta metodología se evita que, por ejemplo, los ingresos del impuesto de sociedades de El Corte Inglés se cuenten sólo en la capital española a pesar de que la empresa "tiene su sede en Madrid y paga allí el impuesto de sociedades" de los ingresos de todos sus centros. Por ello, Maldonado afirma que, a su juicio, esta forma de contabilizar es "la más adecuada" ya que "responde a la realidad de las cosas".
Pero su visión no la comparten muchos de los partidos catalanes. El consejero de Economía de Mas, Andreu Mas-Colell, señaló este miércoles que, a pesar de que a su juicio incluso con la metodología utilizada en el estudio se refleja que el Estado perjudica a Cataluña, el Gobierno debería calcular las balanzas fiscales con otros métodos. ERC fue mucho más directa: para Joan Tardà, diputado en el Congreso, el Ejecutivo se ha hecho "trampas al solitario" con la metodología elegida. Y es que lo que reivindican tanto ERC como CiU es el cálculo de la propia Generalitat, que señala que Cataluña aporta 15.000 millones de euros más de lo que recibe anualmente de las arcas del Estado.
La enorme disparidad entre las cifras se debe, precisamente, a la forma de hacer las cuentas. El Gobierno catalán basa su cálculo en el método del flujo monetario, que consiste en imputar las inversiones tan sólo a los territorios que las reciben directamente, sin tener en cuenta que se hayan podido ver beneficiados por los gastos realizados en otras regiones. En este sentido, Mas-Colell ha reclamado que se publiquen los resultados de las balanzas fiscales tomando como referencia las dos metodologías, como ha hecho "siempre" la Generalitat. No obstante, incluso con los cálculos realizados en base al método del flujo carga-beneficio, la diferencia es grande: frente a los 8.000 millones de euros que, según Hacienda, la autonomía tiene como déficit fiscal, las cifras facilitadas por el Gobierno catalán sitúan esta cifra en los 11.000 millones.
El 'efecto sede' de Madrid
Tal y como recoge el informe y se ha encargado de recordar el presidente autonómico, Ignacio González, Madrid es –tanto en términos relativos como en términos absolutos– la comunidad que más aporta a las arcas públicas: su saldo negativo es de 16.723 millones de euros anuales, lo que supone que cada uno de sus ciudadanos pongan 2.575 euros más de los que reciben por parte del Estado. En este sentido, González hizo hincapié en que la región que preside es la "más solidaria", algo de lo que aseguró sentirse "orgulloso" a pesar de que, a renglón seguido, pidió corregir "un modelo injusto".
Pero, ¿son exactos los datos que proporciona el informe a este respecto? Según Sánchez Maldonado, es lógico que una de las comunidades más ricas como es Madrid tenga estos resultados, pero también matiza que el efecto sede puede haber influido efecto sedea la hora de hacer las cuentas. Y es que, tal y como explica el consejero andaluz, que la capital de la región sea también la de España provoca que, por ejemplo, muchos de los funcionarios del Estado vivan en Madrid y paguen ahí sus impuestos "a pesar de que también prestan sus servicios para el resto del país".
Este fenómento, al igual que la existencia de empresas cuya sede fiscal se encuentra en la capital, puede influir en las cuentas, tal y como admite Maldonado en declaraciones a infoLibre. No obstante, el responsable de Economía de Andalucía hace hincapié en que este no es un problema que afecte tan sólo a la balanza de Madrid, ya que otras ciudades de gran tamaño o que sean capitales de sus comunidades autónomas como Barcelona o Sevilla también se encuentran en unas circunstancias parecidas.
El principio de ordinalidad
Una de las reivindicaciones clásicas de partidos como CiU, ERC e incluso el PSC es la implantación del llamado principio de ordinalidad, una demanda que aceptó reivindicar igualmente el PSOE tras las presiones de sus compañeros catalanes. Básicamente, este principio supone establecer un tope a la solidaridad, para evitar que si una comunidad es la tercera que más impuestos recauda se pueda convertir en la décima en recursos recibidos per cápita, tal y como denunció en su día la Generalitat. El modelo está basado en la metodología que se sigue en Alemania, donde las transferencias entre los diferentes Estados federados no pueden alterar su puesto dentro de la clasificación de riqueza por habitante.
En este sentido, no sólo varios de los partidos catalanes e incluso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defienden este principio: el propio Estatut lo recoge en su artículo 206.5, que proclama que "el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación".
Y es que las diferencias son palpables, aunque en su mayoría están relacionadas con los niveles de riqueza de cada comunidad. La región más beneficiada a nivel fiscal –sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla– es de lejos Extremadura, que al ser la región más pobre recibe 2.697 euros por habitante más de los que aporta. En contraposición, cada ciudadano catalán pone 1.119 euros más de los que recibe del Estado –situándose así como la tercera autonomía por detrás de Madrid y Baleares–, si bien según datos de 2013 Cataluña tenía el cuarto PIB per cápita más elevado de España.
No obstante, también existen excepciones. Es el caso de la Comunitat Valenciana, que a pesar de contar con un PIB per cápita más bajo que la media –según el INE, en 2013 ascendió a 19.502 euros frente al promedio de 22.279– aporta por cada habitante 394 euros más de los que recibe, lo que supone un total de 2.018 millones de euros. Esta circunstancia ha provocado las quejas del presidente regional, Alberto Fabra, así como del consejero de Economía, Juan Carlos Moragues, que aseguró que las cifras suponen "una discriminación manifiesta e irracional".
Tampoco se corresponden con su riqueza las aportaciones que realizan comunidades como Aragón o La Rioja, que reciben respectivamente 469 y 39 millones más de lo que aportan a pesar de contar con un PIB per cápita superior a la media de España. Y algunos de los desfases más llamativos se producen en las autonomías que gozan de un concierto económico: el País Vasco y Navarra. A pesar de ser, respectivamente, la primera y tercera regiones más ricas de España por habitante, Euskadi recibe 720 euros más de los que aporta por cada ciudadano, mientras que esta cifra en la Comunidad foral asciende a 54 euros.
La publicación este miércoles de las balanzas fiscales de las comunidades, cuyos datos señalan que existen 13 regiones –más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– que reciben más de lo que aportan a la caja común y cuatro autonomías –Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana– en la situación contraria, provocó un torrente de declaraciones contrapuestas desde las diferentes regiones.