Desde que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid ofreció a Pablo Casado la oportunidad de hacerse con el control de la agenda política, la vida del líder de la oposición se había vuelto apacible. Atrás había quedado el segundo fracaso consecutivo de su partido en Cataluña. Incluso el desgaste asociado a los escándalos de corrupción todavía sin resolver y que obligaron hace apenas tres meses a anunciar la venta de la sede nacional del partido, el emblemático edificio de la calle Génova que durante casi 40 años ha servido de cuartel general a la derecha española.
El PP llevaba desde entonces construyendo la tesis de que España vive un cambio de ciclo electoral —por primera vez desde hace años las encuestas les sitúan en cabeza en las preferencias de los votantes— y trasladando una narrativa según la cual la división de la derecha ya es historia. Al hundimiento de Ciudadanos seguiría, en la hoja de ruta construida por el equipo de Casado, el retroceso de Vox. La mera recomposición del espacio conservador y la ley d’Hondt multiplicarían por sí solas las posibilidades matemáticas de que el PP quede por encima del PSOE en las próximas elecciones generales.
Pero el camino despejado hacia la Moncloa se ha terminado. En apenas unos días Casado ha visto cómo el líder de Vox, Santiago Abascal, le ganaba la iniciativa al ponerse el primero al frente de la manifestación de la plaza de Colón que el próximo 13 de junio volverá a reunir a toda la derecha —PP, Vox y Cs—. El miércoles se supo que Rodrigo Rato, el exministro al que el PP siempre presentó como el autor de un supuesto milagro económico durante el mandato de José María Aznar, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Y ese mismo día supimos que la también exministra María Dolores de Cospedal, con la que Casado compartió tareas de dirección en el PP de Mariano Rajoy y a la que debe su puesto de presidente del partido, ha sido imputada como supuesta autora de delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Casado llevaba desde hace meses evitando tener que hablar de su oscuro pasado en materia de corrupción y guerra sucia contra los jueces que investigaban a su partido. El líder del PP decidió después de las elecciones catalanas que ni él ni su equipo volverían a responder preguntas de los periodistas que tuvieran que ver con el itinerario judicial que su partido y sus exdirigentes tienen todavía pendiente. La fórmula funcionó, en parte gracias a que la actualidad puso en agenda otros asuntos como la moción de censura de Murcia o las elecciones madrileñas, y los periodistas dejaron de preguntar sobre estos temas.
Hasta que se conoció la imputación de Cospedal. Los medios aprovecharon la primera ocasión en la que Casado se ofreció a responder preguntas. Fue este jueves en Ceuta, pero el líder del PP volvió a dar la callada por respuesta diciendo que son asuntos que no tienen nada que ver con él. “No voy a volver a hablar de cuestiones que no me corresponden, que nada tiene que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular”, zanjó.
Pero aunque él no lo admita, lo cierto es que el caso de Cospedal ha vuelto a poner presión sobre los hombros de Casado. Entre otras cosas porque tiene que decidir si le abre al menos un expediente informativo, como ha hecho en otras ocasiones, o decide mirar para otro lado. Y la exsecretaria general no es un militante más: no sólo fue la número dos del PP con Rajoy sino quien decidió que el nuevo presidente del partido fuese el propio Casado y no la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El artículo 22 de los estatutos del PP obliga al Comité de Derechos y Garantías “a la apertura de un expediente informativo” en todos los casos en que un afiliado sea imputado por haber incurrido supuestamente en “conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos” que establecen las normas internas del partido. No cabe una definición más exacta de la situación der Cospedal.
Lo de Rato le pilla más lejos. Es de una época en la que Casado no tenía responsabilidades de relieve en el PP. Pero le recuerda que al partido le quedan muchas cuentas pendientes con la justicia en asuntos sobre los que no ha dado todavía explicaciones. Este miércoles infoLibre publicaba además en exclusiva que el traficante de armas El Assir se declara dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuye a Rato. Se trata de una de las primeras revelaciones de la investigación periodística OpenLux, en la que participa este medio, y que desvelará los nombres de todos los españoles con sociedades en Luxemburgo en busca de opacidad o ventajas fiscales.
El efecto Colón
El Comité de Derechos y Garantías del PP decide no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación
Para colmo, la manifestación de Colón acaba de dinamitar la estrategia puesta en marcha por Génova después de las elecciones de Madrid para aparecer como el titular indiscutible del espacio político a la derecha del PSOE. El líder de Vox, Santiago Abascal, se apuntó inmediatamente a la concentración, convocada en un espacio que ya se ha convertido en uno de sus emblemas.
Casado titubeó unos días pero, al final, la dirección conservadora no tuvo más remedio que anunciar que Casado también estaría presente en la protesta, como ocurrió en febrero de 2019. Aunque todavía se muestran incómodos cuando se les pregunta si finalmente habrá foto de grupo como hace dos años.
La manifestación no solo da alas a los ultras, a quienes los de Casado creían tener bajo control después de las elecciones madrileñas, sino que pone en peligro la distancia formal que el PP quiso poner con Vox desde la moción de censura que la derecha extrema defendió —y perdió— en el Congreso de los Diputados también con el voto en contra de los conservadores.
Desde que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid ofreció a Pablo Casado la oportunidad de hacerse con el control de la agenda política, la vida del líder de la oposición se había vuelto apacible. Atrás había quedado el segundo fracaso consecutivo de su partido en Cataluña. Incluso el desgaste asociado a los escándalos de corrupción todavía sin resolver y que obligaron hace apenas tres meses a anunciar la venta de la sede nacional del partido, el emblemático edificio de la calle Génova que durante casi 40 años ha servido de cuartel general a la derecha española.