Por sorpresa y horas después de que el PP ratificase su bloqueo a cualquier acuerdo para renovarlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió este miércoles una "declaración institucional" que refleja el aumento de tensión con el Gobierno y en la que atribuye al vicepresidente Pablo Iglesias un "cuestionamiento de la independencia" de los jueces por calificar como "humillación para el Estado" los distintos reveses sufridos en Europa en relación al procés. El Consejo pide evitar la "utilización política" de la justicia y reclama "responsabilidad institucional", así como "moderación, prudencia y mesura".
Dominado por el sector conservador y pendiente de renovación desde diciembre de 2018, la declaración de la comisión permanente del CGPJ –su núcleo duro– ha visto la luz en la víspera de que el pleno de la institución deba pronunciarse este jueves sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Ese pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el Gobierno pero indicará hasta dónde están dispuestos los vocales conservadores de la cúpula de la judicatura a llevar su pulso con el Ejecutivo.
La "declaración institucional" fue suscrita de forma unánime por todos los miembros de la permanente. Es decir, también por los tres que fueron elegidos como vocales a propuesta del PSOE y aupados luego a la comisión permanente por iniciativa del máximo responsable del órgano de gobierno y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Pero a última hora de la tarde Moncloa envió un comunicado donde respalda el derecho a la crítica de Iglesias, anima al diálogo y subraya la necesidad de terminar con el bloqueo en el poder judicial para "poner al día sus órganos de gobierno". Es ese bloqueo el que impide adaptar la composición del CGPJ al nuevo mapa parlamentario. Y es también el que, pese a que se trata de un órgano en funciones, ha permitido al consejo efectuar más de 50 "nombramientos discrecionales" de altos cargos de la judicatura en el último año. Entre ellos, los de siete magistrados del Supremo; cuatro presidentes de Tribunales Superiores (TSJ) y 14 presidentes de Audiencias Provinciales.
Tras el comunicado de Moncloa, fuentes del CGPJ replicaron que el propio Carlos Lesmes se ha dirigido ya en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que acometan el proceso de renovación.
Frente a la alusión de Iglesias a que ha habido distintas resoluciones en Europa contrarias al criterio de la judicatura española, el CGPJ entiende que solo pueden tenerse en cuenta dos. Y una de ellas, coincidente con la posición española. La contraria es lasentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictada en diciembre sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; y la favorable, el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament de Cataluña del 9 de octubre de 2017.
Además del TJUE y siempre en relación al procés se han pronunciado contra decisiones de España tribunales de Bélgica, Alemania y Reino Unido.
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Los portavoces oficiales del Consejo subrayan que la aprobada tras la entrevista donde Iglesias ofreció su punto de vista se trata de una declaración muy similar a otras acordadas con anterioridad en respuesta a políticos de distintos partidos, como el comunicado lanzado en abril de 2018 cuando el entonces ministro de Justicia, del PP, criticó al juez que pidió la absolución para La Manada: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", fue lo que dijo Rafael Catalá. En aquel comunicado oficial –no hubo declaración institucional–, el CGPJ se refirió a las manifestaciones de "diversos miembros del Gobierno", aunque fue Catalá quien provocó enfado en el mundo judicial. Pero aunque fuese un comunicado –o sea, un texto de menor rango– utilizó casi clavados, y así lo subrayan sus portavoces, los mismos argumentos manejados para referirse a Iglesias: mesura, moderación, prudencia y evitación del uso político de la justicia.
No obstante, el Consejo se ha mostrado por lo general reacio a intervenir contra dirigentes políticos. Por ejemplo, el 1 de junio de ese mismo año de 2018 y tras la sentencia de GürtelGürtel que declaró al PP beneficiario económico de la trama corrupta, el entonces portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, se lanzó a degüello contra uno de los magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada, considerado progresista. Hernando acusó públicamente a De Prada de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Aunque dos asociaciones judiciales pidieron al órgano de gobierno de los jueces que saliera en su defensa, el consejo se mantuvo en silencio.
Tres años antes, el CGPJ reconvino, sin declaración institucional, al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por atacar a tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a dos etarras en aplicación de una norma europea. Fernández Díaz dijo que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió. El Consejo denegó el amparo a los tres jueces atacados y calificó de "exceso no justificado" las palabras del ministro.
Por sorpresa y horas después de que el PP ratificase su bloqueo a cualquier acuerdo para renovarlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió este miércoles una "declaración institucional" que refleja el aumento de tensión con el Gobierno y en la que atribuye al vicepresidente Pablo Iglesias un "cuestionamiento de la independencia" de los jueces por calificar como "humillación para el Estado" los distintos reveses sufridos en Europa en relación al procés. El Consejo pide evitar la "utilización política" de la justicia y reclama "responsabilidad institucional", así como "moderación, prudencia y mesura".