“Que caiga España. Ya la levantaremos nosotros”. Con este desparpajo despachaba Cristóbal Montoro a la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas allá por 2010 cuando el Congreso de los Diputados se preparaba para votar el tijeretazo planteado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La expresión fue desvelada por la parlamentaria canaria en julio de 2012, cuando Montoro ya ocupaba la cartera de Hacienda. Y reconocida por él mismo. Este argumento, el de trabajar por “levantar” España, es recurrente en todas las intervenciones de uno de los ministros más tocados del gabinete de Mariano Rajoy. Hasta el punto de que, en las últimas semanas, mientras su departamento atravesaba la crisis más grave de toda esta legislatura a cuenta del caso Rato, dejaba boquiabierto a casi todo el arco parlamentario cuando, tirando del mismo desparpajo, señalaba que para verdadero escándalo, el de la recuperación económica.el de la recuperación económica
En el PP y en el Gobierno reconocen a Montoro las virtudes de ir siempre de frente. De no esquivar polémicas. De exponerse. De hecho, no pocas sesiones de control al Gobierno parecen un monográfico del ministro. Con él en el foco de las polémicas, y siempre dispuesto a dar la cara, Rajoy consiguió, por ejemplo, proteger durante años a otros políticos como Ana Mato, exministra de Sanidad. Pero, a ojos de los suyos, también se le acumulan los defectos. El principal, el de tener un don especial para sumar problemas adicionales a los ya originales. Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando en plena ola de ceses en la Agencia Tributaria a finales de 2013, aprovechó para cargar contra periodistas, artistas y futbolistas. “Donde teníamos un problema, sumamos tres más, como si nos faltaran”, resume con ironía un diputado conservador.
Episodios como el citado son sólo un ejemplo de las continuas polémicas protagonizadas por el máximo responsable de Hacienda. Polémicas que, a su vez, han generado inestabilidad en el ministerio que le encomendó Rajoy cuando en 2011 ganó las generales por mayoría absoluta. Si algo le salva, dicen en el PP y en el Ejecutivo, es que es del círculo de máxima confianza del presidente del Gobierno y, sobre todo, del de Soraya Sáenz de Santamaría. Sus defensores ven en él a uno de los actores claves de la tan cacareada recuperación económica. Un mensaje que, a tenor de las encuestas, poco ha calado en los ciudadanos. Según el último barómetro político del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –enero de 2015–, es el segundo miembro del Gobierno peor valorado. ¿Su nota? Un 1,89.
A continuación, se repasan los episodios más polémicos que han contribuido al desprestigio del Ministerio de Hacienda y al desgaste de su cabeza más visible, el hombre que, según sus propias palabras, un día quiso que cayese España para que su partido, el PP, la levantase.
1. Amnistía fiscal: el origen de todos los males
En marzo de 2012, casi recién aterrizado el Gobierno en La Moncloa, Mariano Rajoy y el PP dieron la espalda a lo que habían sostenido años antes en la oposición y anunciaron en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos Generales del Estado una amnistía fiscal –salvo lapsus puntuales optan por hablar de “regularización fiscal”– para lograr una recaudación de 2.500 millones de euros. El ejecutor iba a ser Montoro en su calidad de ministro de Hacienda.
Esta herramienta permitía que emergieran rentas no declaradas al liberar al contribuyente de sanciones a cambio de un coste fiscal muy reducido: un gravamen especial del 10%.
Como ocurre ahora, con el caso Rato en plena ebullición, Montoro justificó esta amnistía como una recomendación de la OCDE y como algo que ya había funcionado con éxito en los países de nuestro entorno.
Una vez consumada, uno de los papelones del Gobierno fue el de admitir que la recaudación no había sido la esperada. Hacienda cifró la cantidad aflorada en unos 40.000 millones y la recaudación en 1.200 millones, menos de la mitad de lo anunciado cuando Montoro vendió las bondades de este sistema.
Pero no todo quedó ahí, en el fracaso de una iniciativa a la que los conservadores se habían opuesto en la etapa del socialista Zapatero porque era premiar a los defraudadores en detrimento de los que cumplen con el fisco. La bola se hizo más grande cuando se conoció que el extesorero del PP Luis Bárcenas se había acogido a la amnistía. Y cuando, hace poco más de una semana, se supo que Rodrigo Rato, exvicepresidente de los Gobiernos de Aznar, también había recurrido a esta "regularización" para aflorar parte de su patrimonio. En ambos casos, el Gobierno puso a la oposición las críticas en bandeja: ¿era la amnistía fiscal un instrumento para ayudar a los amigos?, que “delincuentes de cuello blanco se fueran de rositas”, como llegó a señalar el socialista Pedro Saura en el pleno.
Tres años después, la amnistía fiscal ha vuelto a poner a Montoro en el punto de mira. Pero no sólo a Montoro, también a Rajoy. En los últimos días, la oposición ha reclamado, sin éxito, la comparecencia de ambos en el Congreso. Y una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. La mayoría absoluta del PP, como ha ocurrido a lo largo de toda la legislatura, ha actuado como un muro de contención de las demandas del resto de partidos.
Como plan B, el Gobierno reclamó la comparecencia en la Comisión de Hacienda del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Esta tuvo lugar el pasado martes. El objetivo perseguido era vender la idea de que con este Gobierno se lucha contra el fraude fiscal y se actúa contra todos los infractores se llamen como se llamen. Pero todo se torció cuando después de dos horas negando la publicación del listado de los principales beneficiarios de la amnistía fiscal, acogiéndose a la máxima de que es la ley la que se lo impide, alimentó la curiosidad al sostener que evidentemente él dispone de todos los datos. Y que son "la repera". "La repera patatera".
2. Ataques a colectivos: de futbolistas a periodistas
"A nadie le gusta pagar impuestos, pero como decía Benjamin Franklin nada en la vida es tan seguro como la muerte y los impuestos". Con esta máxima, y guiado por el convencimiento de que sus llamamientos a que determinados profesionales se pusiesen al día con Hacienda funcionaban, Montoro se ha pasado la legislatura señalando a colectivos sociales concretos. Más le ha costado, sin embargo, sacar los colores a compañeros o excompañeros suyos de de partido como Bárcenas o Rato.
Empezó con los futbolistas, siguió con los actores y tampoco se olvidó de los periodistas. Nunca ha discriminado escenarios. Igual le daba que fuese una conferencia, un acto informal o hacerlo desde la solemnidad que da la tribuna del Congreso, donde tantas veces ha sido requerido por la oposición para que rindiese cuentas sobre el funcionamiento de su departamento.
En abril de 2013, a las puertas de la campaña de la declaración de la renta de 2012, el titular de Hacienda y Administraciones públicas aprovechaba un foro en el diario La Razón para recordar a los futbolistas lo importante de "estar a bien" en lo que tiene que ver con el pago de impuestos.
Días después le tocaba a los actores. La gala de los premios Goya había estado plagada de críticas al Gobierno por la subida del IVA y Montoro se la había guardado. Era 24 de abril. Sesión de control en el Senado. Preguntado precisamente por el IVA cultural, se despachó a gusto al señalar que en España "no hemos tenido nuestro Depardieu" –el actor francés cambió su residencia a Rusia por su menor tributación–, "no nos ha hecho falta". "Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España", espetó.
La polémica ya estaba de nuevo servida. Iñaki Guevara, de la Unión de Actores, se encargó de sacar los colores al ministro. Iñaki GuevaraLe pareció "poco serio" que "un señor ministro de Hacienda acuse al cine en general en sede parlamentaria, y más perteneciendo a un partido que tiene problemas con Hacienda". "Lo que es ilegal es llevarse el dinero de este país a un paraíso fiscal como Suiza", dijo en alusión a Luis Bárcenas.
Y faltaban los periodistas. También en sede parlamentaria, esta vez en el Congreso. A finales de 2012, en plena ola de ceses y dimisiones en la Agencia Tributaria [ver siguiente apartado], Montoro achacó las informaciones periodísticas a este respecto a una forma de "presión" de grupos mediáticos que tenían deudas con la Agencia Tributaria. El ministro volvía a acusar de nuevo.
"Se trata de relacionar a mi persona con un pasado que no es presente. Y esos reportajes los veo en medios de comunicación que tienen problemas... cómo no voy a conocerlo si me vienen a mí a contar esos problemas ¿No puedo decir que los grandes grupos de comunicación tienen una deuda con la Agencia Tributaria?", intentaría después de salir del lío.
Con estas declaraciones, el titular de Hacienda no sólo ha puesto el foco sobre determinados colectivos. Además, rompía la tan recurrida confidencialidad y el exquisito cumplimiento de la ley al que se agarra cuando ahora se le pide, por ejemplo, desvelar los nombres de los 715 altos o ex altos cargos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.
3. 'Caso Nóos': las fincas que la infanta nunca tuvo
Otro de los escándalos con los que ha tenido que lidiar el titular de Hacienda ha sido el caso Nóos, que afecta al corazón de la familia real española. A lo largo de toda la legislatura, Montoro ha presumido de que su departamento ha actuado con total independencia, como si no se tratase de estar investigando a la hija del rey Juan Carlos y las posibles mediaciones de la institución para que los negocios de Iñaki Urdangarin, marido de Cristina de Borbón, llegasen a buen puerto.
Por mucho que Montoro se esforzase en trasladar esta idea de la independencia de su departamento y la máxima colaboración con la justicia, hubo un episodio que contribuyó a ponerlo de nuevo en el foco de todas las críticas. En el verano de 2013, un informe de la Agencia Tributaria atribuyó a la Infanta Cristina 13 operaciones de compraventa de fincas por más de 1,4 millones. Un informe que resultó no corresponderse con la realidad.
"El error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo", se explicó desde el organismo.
De los 13 errores, Hacienda admitió dos. El resto se los atribuyó a los notarios y registradores.
Pese al empeño de Montoro en ubicar el foco del error en los años 2005 y 2006, el caso terminó con la destitución de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria.
"Es un relevo a petición propia, de una persona que ha hecho siempre en todo momento gala de una profesionalidad y una excepcionalidad estupenda. Pierdo una excelente colaboradora. Hoy no estará en ese puesto, pero vamos a trabajar juntos", salió el titular de Hacienda en defensa de su colaboradora en el Consejo de Ministros.
Pese a que Montoro intentó su intervención desvincular esta baja de los errores en el marco del caso Nóos, dejó muy clara la vinculación cuando sostuvo que Viana "ha entendido que su relevo era oportuno para preservar la credibilidad de la propia institución".
4. Purga en la Agencia Tributaria: un 'nido' de socialistas
El ministro de Hacienda, y por extensión su departamento, fueron protagonistas del 35 aniversario de la Constitución. El 6 de diciembre de 2013, Montoro no encontró mejor forma de intentar dar carpetazo a la crisis que por entonces atravesaba la Agencia Tributaria que la de achacar la oleada de cambios en su cúpula a que esta estaba "llena de socialistas".
Por entonces, los sindicatos estaban en pie de guerra tras el cese fulminante de la inspectora encargada de sancionar a la cementera Cemex, Dolores Linares, y las dimisiones de su superior, Ignacio Ucelay, y del director de la Inspección Luis Jones.
Sobre el caso planeaba la sospecha de que alguien había movido hilos en Hacienda para intentar frenar una multa de 450 millones de euros a la multinacional.
Los sindicatos atribuyeron entonces la destitución a "injerencias políticas". Incluso insinuaron que personas cercanas al ministro de Hacienda pudieron haber asesorado a la cementera mexicana para salir bien parada del encontronazo con el fisco.
A estos ceses se sumaron otras destituciones a raíz el aterrizaje de Santiago Menéndez en sustitución de Beatriz Viana tras la polémica con las propiedades de la infanta en el marco del caso Nóos. El aterrizaje de Menéndez conllevó el cese y nombramiento de 29 cargos de confianza. Noventa menos, decían desde la Agencia Tributaria, que los que había cambiado Luis Pedroche, primer director nombrado por el Gobierno Zapatero, entre abril de 2004 y marzo de 2006.
5. A vueltas con Cáritas
Marzo de 2014. El ministro se mete en otro charco. En este caso, su enfrentamiento fue con una organización como Cáritas, que goza de un gran crédito social, y el objeto, algo tan delicado como la pobreza infantil.
"Lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo". Era su respuesta a un informe de Cáritas Europa según el cual España era el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil. Este informe había venido acompañado de unas declaraciones del coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Francisco Lorenzo, que irritaron mucho al ministro. Lorenzo había señalado que con la mitad de lo que iba a costas salvar las autopistas, se rescataría a los 700.000 hogares sin ningún tipo de ingresos.
"Cuando se compara con el llamado rescate de autopistas se está olvidando que, si se dejaran quebrar las autopistas, al Estado le costaría 3.600 millones en un solo año y si al Estado, que tiene que hacer frente a sus responsabilidades porque son concesiones públicas, se le lleva a su cuenta pública esos 3.600, estamos restando en los recursos del Estado que debe tener el Estado para llevar adelante esas políticas de cohesión social", respondió un Montoro visiblemente enfadado, que aprovechó para dejar por sentado que, a su juicio, esos estudios no se correspondían con la realidad.
Para colmo, el ministro señaló que ya había tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes, pero lamentó que luego "sigan haciendo" esas declaraciones.
6. Las filtraciones del 'caso Monedero'
La polémica arrancaba el pasado 18 de enero, cuando el diario digital El Plural desvelaba que Juan Carlos Monedero había facturado 425.000 euros en dos meses con la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, una firma de la que es único propietario y que no tiene ni trabajadores ni estructura. Tras estas informaciones, el dirigente de Podemos admitió haber presentado una declaración complementaria en Hacienda.
Paradójicamente, el mismo Gobierno que se aferra a la confidencialidad de los datos y a la ley para no hablar de posibles casos similares en las filas del PP, no desaprovechó el subirse a este tren para desgastar al dirigente de uno de los partidos revelación del año. La vicepresidenta del Gobierno, en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lamentaba que si todos los españoles no habría forma de pagar servicios públicos como la sanidad o la educación. Y Montoro, haciendo gala una vez más de su locuacidad, llegó a deslizar que era posible que la empresa de Monedero estuviese siendo objeto de una inspección fiscal.
"Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla y pagados todos mis impuestos y aunque quieras asustarme, no me vas a dar miedo", fue la respuesta del profesor universitario. Pero Montoro quiso decir la última palabra: "El que amenaza es el político ese que se levante y dice: 'No te tengo miedo". "El único que se puede sentir amenazado es el defraudador fiscal", remató.
Este episodio sirvió no sólo para que Podemos, sino también para que el resto de formaciones acusaran al titular de Hacienda de rozar la ilegalidad desvelando datos reservados de la Agencia Tributaria. "Creo que nunca la Hacienda pública había llegado tan bajo", lamentó el socialista Pedro Saura. Y es que buena parte de los datos fiscales de Monedero aparecieron publicados en diversos medios de comunicación.
El 20 de febrero, el número tres de Podemos, presentó sendas denuncias por vulneración de la protección de datos y revelación de secretos ante la Agencia Española de Protección de Datos y la Fiscalía de Madrid.
7. La doble vara de medir del 'caso Pujol'
Si hay algo que quedó claro esta semana es que los diputados de la oposición pueden esperar sentados a que el ministro de Hacienda dedique un pleno monográfico o una sesión parlamentaria específica a rendir cuentas sobre la amnistía fiscal ahora que ya se conoce que Rato, uno de los hombres fuertes de los Gobiernos de Aznar, recurrió a esta herramienta para aflorar parte de su patrimonio. En el Gobierno y en Hacienda creen que ya bastó con la comparecencia, el martes, del director general de la Agencia Tributaria.
Fuera de contexto, este escenario no tendría nada de inédito: el PP, gracias a su mayoría parlamentaria, ha bloqueado en numerosas ocasiones que miembros del Gobierno rindan cuentas sobre la gestión en sus respectivos departamentos. Pero contextualizado, chirría. La reacción de Montoro ha sido justo la contraria con el caso Rato que con el caso Pujol. Para este último no tuvo ningún inconveniente en comparecer.
Esto es lo que decía titular de Hacienda el pasado 2 de septiembre en la Comisión de Hacienda: "A nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se han conocido en España. Me refiero a la noticia, a la publicación, a la difusión de que el expresidente de la Generalitat don Jordi Pujol ha tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar y que no pagó impuestos por este dinero durante más de treinta años –incluida toda su etapa frente al Gobierno de Cataluña–, lo que ha provocado la consiguiente alarma social –subrayó– y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento".
A día de hoy, ni Gobierno ni PP han sabido explicar qué diferencia a uno y otro caso para que la reacción no sea la misma.
En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, el director de la Agencia Tributaria recibió continuas quejas de los grupos parlamentarios –salvo el PP– por ser él, y no el ministro, el que estuviese en esa sala. "Yo no soy el ministro de Hacienda, sino el director de la agencia; trabajo para la Agencia Tributaria, para el Estado y, por lo tanto, todos los funcionarios de la agencia trabajamos para todos los ciudadanos. No trabajamos para ningún partido político en cuestión ni para ningún medio de comunicación; trabajamos para los ciudadanos, y lo hacemos con objetividad, generalidad y proporcionalidad", fue una de sus respuestas.
8. 'Los papeles de bárcenas', ¿Obstrucción a la Justicia?
El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha actuado como un verdadero obstáculo para la Justicia en el caso que investiga los pagos en B en las obras de la sede nacional del PP. Un ejemplo: el pasado 4 de marzo, el juez Pablo Ruz recibió un "no" rotundo de la Agencia Tributaria a evaluar el posible fraude en el Impuesto de Sociedades del PP en el año 2008 por las donaciones ilegales recibidas, que figuran en los denominados papeles de Bárcenas y que ese año superaron el millón de euros.
Fue el 25 de febrero cuando Ruz reclamó la información a los peritos de la Agencia Tributaria que trabajan en el caso. La negativa le llegó vía Margarita García-Valdecasas Salgado, jefa de la Oficina Nacional del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF). En su escrito, de tres páginas de extensión, la jefa de la ONIF contestó a Pablo Ruz que un juez no es quien para indicarle los criterios tributarios a aplicar y que si no le gustan sus informes no los solicite y recabe otro tipo de informaciones.
Paralelamente, se produjo la filtración de un argumentario del PP en el que se comparaba al partido con Cáritas en lo que al régimen fiscal se refiere.
En el texto se recogía que las donaciones que el PP recibió en 2008 estaban exentas de tributación aunque la formación "podría" ser "responsable solidario" por haber pagado una parte de la reforma de su sede con dinero negro.
En el argumentario se citaban las conclusiones de los informes periciales elaborados por la Agencia Tributaria. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) sostiene que estos informes fueron remitidos a Rogelio Menéndez, asesor del Ministerio de Hacienda y hermano del director general de la Agencia Tributaria antes de que fueran enviados al propio Ruz.
9. El 'caso Rato': de las dudas de la operación a la "repera patatera"
Ya no estaba en el Partido Popular desde el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid, cuando presionado por la dirección nacional del que fuera su partido accedió a pedir su baja temporal de militancia. Pero para los conservadores y el Gobierno dolió igual ver cómo uno de los suyos, el hombre al que erigieron en responsable del "milagro económico" de la época Aznar, era introducido en un coche de la Agencia Tributaria –los petos de los agentes dejaban claro que era una operación de Hacienda– y se lo llevaban detenido acusado de fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Habían pasado escasas horas desde que se no conoció, a través del digital Vozpopuli, que el exvicepresidente de los Gobiernos de Aznar se había acogido a la amnistía fiscal.
Tras dos días de operaciones y registros en el domicilio y la oficina de Rato, continúan las pesquisas judiciales. Con muchas dudas. ¿Estaba el Gobierno al tanto de la operación –Rajoy dijo que no–? ¿Sabía el Gobierno que Rato se había acogido a la amnistía fiscal? ¿De dónde partió una filtración de la que Hacienda y Economía se culpan mutuamente?
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Además, al reconocerse que el exvicepresidente integraba la lista de los 715 altos o ex altos cargos que se acogieron a ese proceso de regularización fiscal de 2012, la polémica iniciativa de Hacienda recibe todos los focos de interés público en plena campaña de la renta. Y a las puertas de unas municipales y autonómicas muy importantes para el PP, que, según las encuestas, pierde gran parte de sus feudos tradicionales.
Un sector del PP achaca este tipo de informaciones a fuego amigo. A filtraciones que parten del propio Gobierno al estilo de 'sálvese quien pueda'. Pero en el Gobierno, la vicepresidenta Santamaría ya se aplicó este viernes en negarlo y, de paso, disparar contra los funcionarios.
A modo de parche, el PP recurrió el pasaro martes a una comparecencia del presidente de la Agencia Tributaria de la que la oposición salió igual que llegó, con las mismas dudas. Horas después, el pleno del Congreso votó la reprobación de Montoro. Los votos de sus compañeros le salvaron. Él, optó por no estar. Por dejar su escaño vacío. Era el broche a un día en el que él, que pocas veces había huído de los focos, se convirtió en el protagonista ausente.
“Que caiga España. Ya la levantaremos nosotros”. Con este desparpajo despachaba Cristóbal Montoro a la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas allá por 2010 cuando el Congreso de los Diputados se preparaba para votar el tijeretazo planteado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La expresión fue desvelada por la parlamentaria canaria en julio de 2012, cuando Montoro ya ocupaba la cartera de Hacienda. Y reconocida por él mismo. Este argumento, el de trabajar por “levantar” España, es recurrente en todas las intervenciones de uno de los ministros más tocados del gabinete de Mariano Rajoy. Hasta el punto de que, en las últimas semanas, mientras su departamento atravesaba la crisis más grave de toda esta legislatura a cuenta del caso Rato, dejaba boquiabierto a casi todo el arco parlamentario cuando, tirando del mismo desparpajo, señalaba que para verdadero escándalo, el de la recuperación económica.el de la recuperación económica