Ni la amnistía ni el caso Koldo. El Partido Popular ha convertido la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la punta de lanza de su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a poco más de una semana de que se celebren los comicios europeos, que en un primer momento el PP planteó como un plebiscito contra el Gobierno —y cuyas expectativas ahora rebaja—. La intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del miércoles no dejó lugar a dudas: la vía para desgastar al socialista es su mujer. Feijóo llegó a afirmar que "La Moncloa está investigada por corrupción", que Sánchez "lo sabía" y "lo ocultó". Poco después su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, acusó falsamente a Gómez de estar "imputada por tráfico de influencias y cohecho". Ninguna de las acusaciones resulta ser cierta.
No hubo ocultación porque desde primera hora del 24 de abril ya era público y notorio que el juez Juan Carlos Peinado había abierto una investigación y que la misma se dirigía contra Gómez. Es decir, que estaba siendo investigada, una condición que no prejuzga nada, sino que sirve simplemente para garantizar su derecho de defensa. Tampoco es cierto que se le imputen delitos de tráfico de influencias y cohecho, ya que Peinado no le ha atribuido por el momento ningún delito y la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias ni siquiera se refiere al delito de cohecho. El PP, sin embargo, insiste en que el Gobierno está "enfangado en corrupción" y cuestiona a todo organismo que no le de la razón.
Ha sucedido con la denuncia presentada ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) por el propio PP y que se acabó archivando al concluir que Gómez no tuvo en ningún momento relación de "dirección, asesoramiento o administración" con Air Europa, con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que no vio ni rastro del tráfico de influencias, con el recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid que calificaba la investigación de "prospectiva" y sostenía que "el relato fáctico" de la denuncia se revelaba "manifiestamente insuficiente" o con el mismo hecho de mantener el secreto de sumario en la causa que investiga Peinado.
La OCI "actúa en defensa del presidente" tras archivar su denuncia
El escrito de Manos Limpias, colectivo que lidera Miguel Bernard, quien fuera militante de la violenta y ya extinta Fuerza Nueva de Blas Piñar, que desencadenó la investigación judicial apenas tiene siete páginas. Y no es más que una recopilación de diferentes informaciones periodísticas. Alguna de ellas, falsas, como aquella de The Objective que aseguraba que Gómez había sido beneficiaria de una subvención que, en realidad, se había concedido a otra persona con el mismo nombre. Pero el PP también utilizó esas informaciones para presentar una denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses un mes antes contra Pedro Sánchez por no ausentarse en la reunión del Consejo de Ministros que autorizó el rescate de Air Europa. Una denuncia que el organismo acabó archivando.
"Esta Oficina de Conflictos de Intereses entiende que no se da el supuesto previsto que permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación", respondía el organismo tras la denuncia del PP por un posible caso de tráfico de influencias y un supuesto vínculo del rescate de Air Europa por el Gobierno con la motivación de que hubiera podido financiar proyectos del Instituto de Empresa, con quien trabajaba Begoña Gómez en ese momento. Para emitir su dictamen, la Oficina pidió a la Secretaría General de Presidencia que informara si la esposa del presidente del Gobierno tenía intereses en las entidades afectadas por las decisiones del Consejo de Ministros, con la respuesta de que "no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades".
La reacción inicial del PP tras conocerse el documento fue poner en entredicho al propio organismo público, aunque ellos mismos habían acudido a él. Fuentes de Génova 13 subrayaron que depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública: “Ha actuado en defensa del presidente del Gobierno”. “Lamentablemente no nos sorprende la decisión de la Oficina, que ha sido muy diligente con los intereses del presidente y los de su esposa. Sí es llamativo que ni siquiera se hayan molestado en disimular y haya sido el propio PSOE quien ha dado a conocer la resolución”, mantuvieron en el entorno de Núñez Feijóo. Tras iniciar una ofensiva parlamentaria, un mes más tarde los conservadores presentaron un recurso de alzada contra la decisión de la OCI como el primer paso de su estrategia de acudir a los tribunales contra Pedro Sánchez por la vía contencioso-administrativa, que, por el momento, no se ha materializado pese a las graves acusaciones.
Los "emisarios" del fiscal general para "tranquilizar" a Sánchez
El PP lleva mucho tiempo poniendo sus ojos en el número 17 del madrileño Paseo de la Castellana con un claro objetivo: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los de Núñez Feijóo han llegado a emplear su mayoría absoluta en el Senado para reprobarlo —la primera vez que sucede en la historia— y también presentó una querella contra él que el Tribunal Supremo archivó el pasado 15 de abril. Así, no es una sorpresa que hayan vuelto a cargar contra su figura después de que la Fiscalía se posicionara en contra de investigar la causa.
El fiscal del caso calificó la investigación de "prospectiva" y sostenía que "el relato fáctico" de la denuncia se revelaba "manifiestamente insuficiente". El Supremo, hace solo un año, dejó claro que "la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación" no es suficiente como para admitir una querella. La fiscalía no entendía, y así lo expresó en su recurso ante la Audiencia Provincial, cómo se podía decretar el secreto de sumario y, al mismo tiempo, comunicar el inicio de pesquisas a la parte investigada.
Además, el Ministerio Público afeó al instructor que alargase el secreto de sumario a pesar de contar ya con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que desinflaba el caso. "El informe en cuestión no puede avalar que las circunstancias no han variado. Lo han hecho, al no revelarse elementos de criminalidad en las actuaciones realizadas", defendía en su recurso. Para el PP se trata de una una injerencia y Tellado acusó directamente a García Ortiz de mandar "emisarios" al juzgado del caso de Begoña Gómez para "intentar tranquilizar” al presidente del Gobierno: "Menos injerencias y más explicaciones”, reclamaba el dirigente conservador en X.
Las supuestas "presiones" del Gobierno a la Guardia Civil después de que no apreciara delitos contra Gómez
Las sombras en la instrucción del ‘caso Begoña Gómez’ se ciernen sobre el juez Peinado
La pasada semana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asestó un nuevo golpe a la ofensiva del PP con un informe en el que rechazaba la existencia de indicios de un delito de tráfico de influencias en las actuaciones de Begoña Gómez. La investigación de la UCO, realizada a petición de Juan Carlos Peinado, no apreció indicio alguno del delito de tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno. Sobre el rescate de la compañía aérea –475 millones acordados en Consejo de Ministros en plena pandemia–, el Instituto Armado sostenía que "no se tiene constancia" de que el hecho de que Gómez coincidiera con uno de los directivos de Globalia, grupo propietario de la aerolínea, en dos eventos pueda estar vinculado "a la decisión ministerial del rescate".
Las conclusiones del informe no fueron, sin embargo, relevantes para el PP. "Exonerar a alguien de una responsabilidad penal solo le corresponde a un juez, no a un informe de la UCO", defendió en rueda de prensa Tellado. "Seguimos pensando que la actuación de la esposa del presidente es cuanto menos ni estética ni éticamente razonable, será un juzgado y no la Guardia Civil quien tenga que delimitar las actuaciones", prosiguió. Al tiempo que ninguneaba ese informe, el portavoz parlamentario del PP ensalzaba otro elaborado también por la UCO sobre el caso Koldo. De hecho, cuando trascendió que el magistrado iba a solicitar el informe de la investigación de Gómez, el propio Tellado lo celebró: "Por primera vez en la historia de nuestro país, un juez ha ordenado a la Guardia Civil investigar a la mujer del presidente del Gobierno. Lo conocíamos ayer y tenemos a un presidente del Gobierno", dijo entonces.
Más allá fue la número dos de la formación de Feijóo, Cuca Gamarra, que esta misma semana llegó a cuestionar la independencia de la UCO por las conclusiones del informe. “En cualquier democracia occidental, la respuesta sería garantizar la transparencia de la información y garantizar la independencia de la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación. Esto no es lo que hizo Pedro Sánchez”, afirmó en declaraciones desde el Congreso. "Queremos saber si ha habido presión sobre la UCO para la realización del informe y para la filtración", continuó, en referencia a que la información fue adelantada por el diario El País. Al igual que Tellado, ella misma ha defendido en el pasado los informes de la Guardia Civil sobre el caso Koldo para arremeter contra el Gobierno de Sánchez.
Ni la amnistía ni el caso Koldo. El Partido Popular ha convertido la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la punta de lanza de su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez a poco más de una semana de que se celebren los comicios europeos, que en un primer momento el PP planteó como un plebiscito contra el Gobierno —y cuyas expectativas ahora rebaja—. La intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del miércoles no dejó lugar a dudas: la vía para desgastar al socialista es su mujer. Feijóo llegó a afirmar que "La Moncloa está investigada por corrupción", que Sánchez "lo sabía" y "lo ocultó". Poco después su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, acusó falsamente a Gómez de estar "imputada por tráfico de influencias y cohecho". Ninguna de las acusaciones resulta ser cierta.