Ciudadanos difundió este miércoles el texto de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de amenazas, injurias y de odio de los que habrían sido víctimas diversos dirigentes del partido durante la manifestación del Orgullo LGTBI. Lo más llamativo de la denuncia es cómo intenta justificar el partido de Rivera el presunto delito de amenazas, al incardinarlo en el artículo 170.2 del Código Penal. De esta forma, equipara lo ocurrido durante el Orgullo con el delito cometido por quienes "reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas".
Así lo argumenta literalmente en las páginas 31 y 32 de la denuncia. El delito de amenazas se encuentra tipificado en el artículo 170 del Código Penal. En su texto, el partido naranja reproduce los dos párrafos del apartado:
- "Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior". (170.1)
- "Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas". (170.2)
Ciudadanos sostiene primero que los hechos descritos en su denuncia encajan en el artículo 170.1. Las "múltiples amenazas vertidas" por los manifestantes, defienden los denunciantes, "pueden llegar a herir la sensibilidad de la población creando un clima de miedo a expresar ideas políticas". Pero a continuación, la formación se refiere de forma explícita al párrafo segundo del artículo 170 para indicar que el mismo "establece también los que, como en este caso, reclamen públicamente, siendo expresiones públicas, la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones". Ciudadanos omite el extremo final del párrafo original –"o grupos terroristas"–, que anteriormente sí había reproducido de forma íntegra.
Cuando Ciudadanos identifica "este caso" con lo establecido por el artículo 170.2, por tanto, está igualando las "amenazas" vertidas por los activistas con las expresiones de aquellos individuos que animan públicamente a las organizaciones terroristas a cometer actos violentos.
Extracto de las páginas 31 y 32 de la denuncia presentada por Ciudadanos.
El partido denuncia asimismo presuntos delitos de odio, entendidos como expresiones de gravedad que hieren los sentimientos comunes de la ciudadanía, y supuestos delitos de injurias, en tanto que "manifestaciones carentes de todo rigor, faltas de verdad y tendentes a la clara difamación".
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En su denuncia, Ciudadanos reitera que, en un "ambiente hostil", los miembros del partido fueron objeto de "insultos constantes, abucheos e incluso lanzamiento de diversos líquidos (entre ellos agua y orín), vasos de plástico, hielos, latas de cerveza y botellas". Como expresiones injuriosas, de odio y amenazas, citan, entre otras, el lema "no pasarán".
En cuanto a los autores de los delitos denunciados, Ciudadanos no identifica a ninguna persona u organización particular. Sí observa una "clara maniobra organizada" que se conjuga con una actuación "espontánea pero siempre bajo el seno de un sub-grupo no oficial". Solicita, por tanto, que "se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de los hechos descritos" y propone para ello revisar las cámaras de videovigilancia de los establecimientos o comercios que se encuentran en los alrededores. También pide investigar "la identidad de los propietarios de los perfiles de Twitter desde donde se realizaron la publicación de las proclamas de odio y se les tome declaración en calidad de investigados".
Ciudadanos difundió este miércoles el texto de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de amenazas, injurias y de odio de los que habrían sido víctimas diversos dirigentes del partido durante la manifestación del Orgullo LGTBI. Lo más llamativo de la denuncia es cómo intenta justificar el partido de Rivera el presunto delito de amenazas, al incardinarlo en el artículo 170.2 del Código Penal. De esta forma, equipara lo ocurrido durante el Orgullo con el delito cometido por quienes "reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas".