Ciudadanos presentó este miércoles una iniciativa en el Congreso en el que pide al Gobierno que “active los mecanismos pertinentes para evitar la propagación de noticias falsas —fake news— desde blogs o diarios”, apenas cuatro meses después de acusar al mismo Ejecutivo de promover la creación de un “Ministerio de la Verdad” por poner en marcha una comisión contra la desinformación y asegurar que con el Código Penal era suficiente.
Lo que entonces era para la formación naranja —y para la mayoría de las formaciones políticas, especialmente PP y Vox— un intento inadmisible de intromisión en la libertad de los medios de comunicación, ahora es un medida imprescindible porque el objetivo del partido de Arrimadas es silenciar a La Última Hora, una web afín a Unidas Podemos.
En la misma iniciativa, que lleva la firma de los diputados Guillermo Díaz y Edmundo Bal, Cs pretende que el Gobierno condene “los ataques” que según ellos “miembros del Gobierno (sic) y diputados del Congreso han realizado contra la libertad de prensa”. Y que fomente “el respeto a las instituciones y los derechos fundamentales”, “si es necesario” implementando “formación” en materia de derechos y libertades en aquellos miembros del Gobierno que lo precisen”.
Ciudadanos acusa a Unidas Podemos de organizar “verdaderas cacerías de periodistas y medios de comunicación”. Los de Pablo Iglesias, afirman, pretenden “erradicar la libertad de prensa”, que según el partido de Inés Arrimadas Unidas Podemos considera “una molestia para los proyectos liberticidas”.
La campaña de UP, añaden, se dirigen entre otros contra los periodistas “Esteban Urreiztieta, Vicente Vallés, José María Olmo, Eduardo Inda, Antonio García Ferreras, Francisco Marhuenda, Joaquín Manso, Ana Pastor, Ana Terradillos, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Chapu Apaolaza, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Carlos Alsina”, así como contra “El Mundo, La Sexta, Antena 3, El Confidencial, Cope, Ok Diario u Onda Cero”.
Entre los motivos que Ciudadanos alega para acusar a Unidas Podemos de amenazar la libertad de prensa están las declaraciones que su líder, Pablo Iglesias, hizo a infoLibre en las que aseguró que “va contra los principios liberales que haya una concentración de propiedad tan grande en los medios”. O que “habría que establecer límites a que un banco o una patronal inmobiliaria se pueda comprar un medio de comunicación”. O también que “es muy difícil que un profesional de los medios de comunicación se atreva a decir determinadas cosas si de ello depende su sueldo, su hipoteca o la vida de su familia”.
Pese a pedir ahora que el Gobierno limite los contenidos de una web, hace apenas cuatro meses cuando el mismo Ejecutivo, siguiendo una petición de la Unión Europea, puso en marcha una comisión contra la desinformación, Cs se sumó a la denuncia de un supuesto intento de condicionar la libertad de prensa en España.
El nuestro es un país, declaró entonces el portavoz adjunto de los naranjas, Edmundo Bal, “donde se respeta la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de información”, y los “excesos” de estas libertades se corrigen con el Código Penal, que “es en ese marco en el que hay que moverse”.
Los riesgos
Su entonces senadora Lorena Roldán, hoy en las filas del Partido Popular, acusó al Gobierno de pretender poner en marcha un “Ministerio de la Verdad”. Roldán se mostró en aquellas fechas preocupada porque sea el Gobierno el que “decida lo que es verdad y lo que es un bulo”, en referencia a la comisión de desinformación.
Luis Garicano, al frente de los eurodiputados de Ciudadanos, llegó a plantear a la Comisión Europea que el Gobierno de España planeaba controlar “el contenido de los medios” y denunció que el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez era incompatible “con los principios, valores y legislación de la Unión Europea”. Quiere, aseguraba Garicano, “instaurar la censura previa”.
Lo cierto es que la iniciativa del Gobierno sigue la estela de las adoptadas por otros países —y sobre todo de las recomendaciones de la Unión Europea— para prevenir los efectos negativos de las campañas de desinformación en materias sensibles como los procesos electorales, las crisis sanitarias como la que vivimos en la actualidad, el cambio climático o la seguridad.
Y no es algo nuevo. Ni tampoco secreto. El Gobierno lo lleva haciendo desde marzo de 2019, como en su día anunció Moncloa y este viernes confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, atendiendo una petición de Bruselas. Lo único que acaba de cambiar es el procedimiento para crear un mecanismo que permita trasladar a los medios de comunicación y a la sociedad civil las campañas de desinformación que los técnicos decidan que es necesario divulgar para así contrarrestar sus efectos.
Daniel Fernández: “Hay que establecer mecanismos que aseguren la veracidad dentro de esta sociedad de la desinformación”
Así lo certificó apenas unos días después la propia Comisión Europea, uno de cuyos portavoces aseguró en rueda de prensa que el ejecutivo comunitario carece de “razones para pensar” que el plan del Gobierno de España para combatir la desinformación suponga un ataque a la libertad de prensa o la libertad de expresión.
“Está muy claro que cualquier enfoque en el área de la desinformación siempre debe respetar la certidumbre legal, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero esto es un comentario general, no tenemos razones para pensar que ocurra en el caso español”, afirmó Johannes Bahrke.
Bahrke dijo que el Ejecutivo comunitario está “al tanto” de la orden ministerial aprobada por el Gobierno de Sánchez que “actualiza el sistema nacional vigente para prevenir, detectar y responder a campañas de desinformación y establece estructuras de coordinación”.
Ciudadanos presentó este miércoles una iniciativa en el Congreso en el que pide al Gobierno que “active los mecanismos pertinentes para evitar la propagación de noticias falsas —fake news— desde blogs o diarios”, apenas cuatro meses después de acusar al mismo Ejecutivo de promover la creación de un “Ministerio de la Verdad” por poner en marcha una comisión contra la desinformación y asegurar que con el Código Penal era suficiente.