La accidentada investigación sobre la compra del City National Bank of Florida bajo el mandato de Miguel Blesa, que terminó provocando 500 millones de pérdidas a la desaparecida entidad, ha quedado en manos del cuarto magistrado que asume las investigaciones en los últimos siete meses y sin que se descarte la llegada de un quinto a corto plazo.
De hecho, y así lo aseguran fuentes jurídicas conocedoras del asunto, la hipótesis más probable es justamente la de que irrumpa un quinto magistrado: aquel que resulte seleccionado entre quienes, ya ostentando la titularidad de otro juzgado, reclamen la plaza de Silva hasta que su juicio se celebre y haya sentencia. ¿Puede acabar ocurriendo en el caso Blesa como con elcaso Blesa caso Fabra, al frente de cuya instrucción se sucedieron nueve jueces? De momento, el listón de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, se perfila difícil de superar. Pero la incertidumbre seguirá dominando la tortuosa investigación sobre los manejos de Caja Madrid en Florida.
El baile de sillas en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid amenaza así con nuevas dificultades y parones una investigación marcada por dos hitos concatenados: el doble encarcelamiento de Blesa y el inminente juicio al magistrado que en ambas ocasiones lo envió a prisión, Elpidio José Silva. Con la Fiscalía alineada con las tesis del expresidente de Caja Madrid –que Silva prevaricó y atentó contra la libertad individual del financiero–, el magistrado se arriesga a ser expulsado de la carrera judicial mucho antes de que las investigaciones sobre la compra del banco de Miami hayan finalizado.
La investigación avanza a trompicones y con lentitud desde que, apenas mes y medio después de abrir diligencias, Silva quedó apartado el 26 de junio de 2013 de la instrucción sobre el banco de Miami tras una doble recusación formulada por Blesa: en el caso de los créditos millonarios al entonces dirigente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, concedidos sin apenas garantías y al que la Audiencia de Madrid dio carpetazo, y una segunda recusación en el caso del City National Bank of Florida.
Pero eso no fue todo. Un mes más tarde, el 16 de julio de 2013, Silva fue apartado de todos los casos –no sólo el de Blesa– durante cuatro meses por el Consejo General del Poder Judicial, que le castigó con esa sanción bajo el argumento de que no motivaba sus resoluciones. Esa suspensión temporal, ajena a sus investigaciones sobre Caja Madrid, coincidió con la interposición de la querella con que el fiscal jefe de la Comunidad, Manuel Moix, secundó las acciones emprendidas por Blesa para quitarle definitivamente la toga a Silva.
El fiscal mantiene que Silva maniobró para apropiarse de forma
"torticera" de la instrucción sobre el banco de Miami. Y que mandó a prisión a Blesa sin que hubiera fundamento para ello. El todavía juez insiste en que su instrucción fue correcta. Y en que no sólo no prevaricó, sino que tampoco cometió ningún error. Silva intentó que se le permitiera utilizar los correos secretos de Blesa para demostrar que ni se equivocó ni prevaricó. El juez no logró vencer la rotunda oposición de la Fiscalía, según la cual los difundir los correos corporativos de Blesa atentaría contra su derecho a la intimidad.
Parálisis tras el verano
Aquel primer golpe a Silva en el verano de 2013 terminó por dejar el juzgado número 9 en manos de una primera suplente, María Sánchez Romero, quien mantuvo la causa paralizada en la práctica –no practicó ninguna diligencia– durante meses.
Silva se reincorporó a comienzos de diciembre una vez cumplida la sanción. Pero su estancia en el juzgado del que todavía era titular fue efímera: el 23 de enero, el juez del Tribunal Superior de Madrid que tramitó la querella de la fiscalía contra Silva abrió juicio oral; y el 5 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial le suspendió hasta que se celebre la vista y haya sentencia.
El fugaz regreso de Silva al juzgado 9 hizo entrar en escena al tercer magistrado del caso: Juan Antonio Toro, de instrucción 36, que es al que corresponde entender de aquellas causas de las que se haya apartado su homólogo del 9, sea este quien sea. Es decir, el juzgado debe ser atendido por un suplente si su titular queda suspendido pero es otro juez con plaza propia quien, si el titular continúa en activo, ha de entender sólo de aquellas diligencias en las que se haya abstenido o haya sido apartado.
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Aunque Silva ha expresado en público su convicción de que ninguno de sus sustitutos ha empujado la investigación, otras fuentes conocedoras del caso aseguran que el juez del 36 se tomó muy en serio la instrucción, pidió papeles a Bankia, tomó de nuevo declaración a Miguel Blesa y frenó en seco el intento de anular el informe donde el Banco de España constataba el carácter ruinoso de la compra del City National Bank of Florida: Caja Madrid pagó en 2008 por el banco de Miami el doble de lo que valía, y así lo sostiene el supervisor en un informe que convenció a Silva de que Blesa debía ingresar en prisión no sólo por riesgo de fuga, sino de destrucción de pruebas.
Como los anteriores, tampoco Juan Antonio Toro ha durado en el caso. La suspensión de Elpidio Silva dictada por el Poder Judicial el 5 de febrero abrió una nueva ronda para cubrir el juzgado 9 con un suplente. Esta vez, la sustitución ha correspondido a Leticia Clérigo. Pero su estancia en el despacho de Silva podría ser igualmente breve: al tiempo que el TSJ madrileño elegía de modo provisional a Clérigo, abría el plazo para que cualquier juez que ya ostente plaza en propiedad pueda postularse para llevar un segundo juzgado, el de Silva. El plazo, explican las fuentes consultadas, todavía no ha finalizado.
Si se cubre finalmente de manera provisional por un juez dispuesto a hacer doblete y Silva termina condenado, el juzgado de instrucción 9 saldrá a concurso. En ese caso, y en la hipótesis de que la investigación sobre el banco de Miami continuase abierta, dirigirle le correspondería al sexto juez de la serie.
La accidentada investigación sobre la compra del City National Bank of Florida bajo el mandato de Miguel Blesa, que terminó provocando 500 millones de pérdidas a la desaparecida entidad, ha quedado en manos del cuarto magistrado que asume las investigaciones en los últimos siete meses y sin que se descarte la llegada de un quinto a corto plazo.