En los últimos meses todos los gestos del Gobierno apuntaban a ello y hace unas semanas llegó la confirmación definitiva. Mariano Rajoy intentó enterrar a principios de agosto una de las tareas pendientes para la recta final de su legislatura: la reforma del sistema de financiación autonómica. El motivo oficial esgrimido por el presidente es la falta de presupuesto. Un argumento al que otras fuentes suman un intento de frenar enfrentamientos entre comunidades a las puertas de unas elecciones autonómicas y en pleno desafío soberanista catalán. Pero Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, las cuatro comunidades más pobladas, no tiran la toalla y siguen considerando necesario que se abra este melón. Si la intención de Hacienda de no abordar ahora esta reforma se mantiene firme, los próximos meses continuará el tira y afloja entre comunidades y Gobierno a cuenta de la financiación. Estas regiones seguirán haciendo bandera del tema.
Andalucía
La única comunidad autónoma que ha reaccionado de forma oficial al anuncio del presidente del Gobierno es Andalucía. El pasado lunes, 10 de agosto, el departamento emitió un comunicado en el que calificaba de “irresponsables” las declaraciones de Rajoy sobre su negativa a reformar el modelo de financiación autonómica.
En la nota, la Consejería de Hacienda y Administación Pública de la Junta recuerda que el actual sistema (2009-2013) "ha cumplido su vigencia de cinco años, por lo que de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es obligatoria su reforma". Y añade: "Por la incorrecta aplicación del modelo, Andalucía ha dejado de recibir 3.456 millones de euros que le hubieran correspondido de haber recibido una financiación en la media de las comunidades autónomas".
La Junta considera que la reforma del actual modelo es “necesaria y urgente”, ya que presenta profundas desigualdades en su aplicación, "tal y como han puesto de manifiesto recientemente agencias independientes como Standards and Poor’s". "Del mismo modo, el propio Informe de Cuentas Públicas Territorializadas (balanzas fiscales) encargado por el Gobierno central, advierte que la aplicación del actual modelo perjudica a unas comunidades y beneficia a otras, lo que está teniendo repercusión en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Todos los organismos que han estudiado el modelo concluyen que Andalucía y Valencia son las comunidades más perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica", subraya el Gobierno andaluz.
Desde la Consejería se insiste en la necesidad de corregir las desigualdades que genera la "incorrecta" aplicación del modelo de financiación. Y para ello, se utilizan los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre los recursos que recibirán las CCAA en 2015: "Andalucía recibirá 214 millones de euros menos en el año 2015 en concepto de entregas a cuenta del modelo de financiación, que sumados al ajuste por la reducción del déficit arroja un ajuste de 606 millones de euros. Los datos publicados esta semana por el Ministerio señalan a Andalucía como la comunidad que más ve reducidas las aportaciones con cargo al modelo, lo que muestra las dificultades adicionales que encuentra Andalucía para hacer frente a la financiación de las políticas públicas", denuncian.
Comunidad Valenciana
Pero a Rajoy no sólo le vienen las demandas en estas materias de regiones en manos de otros partidos. Madrid y la Comunidad Valenciana, dos de los principales graneros de votos del Partido Popular, están entre las comunidades que más ruido han hecho a cuenta de la financiación autonómica. Un frente al que también se ha sumado José Ramón Bauzá, presidente de Baleares. Los enfrentamientos de estas comunidades con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se han ocultado. Del mismo modo que han aflorado los enfrentamientos entre barones del PP por esta cuestión en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional de los conservadores.
Horas antes de que el presidente del Gobierno diera un portazo a la reforma de la financiación autonómica –"Es imposible ahora un cambio de modelo", dijo tras reunirse con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca–, el conseller de Hacienda y Economía de la Comunidad Valenciana publicaba una tribuna en el diario El País en la que sugería que "la desigualdad territorial debería abordarse por un grupo de expertos". El artículo, titulado "Injusticias solucionables que no se solucionan", hace hicapié en que, se mire la variable que se mire, la Comunidad Valenciana es la "gran perjudicada del reparto territorial". "Y no por poco", dice.
Centrándose en el modelo de financiación, insiste en que "de los -754 euros por habitante que resulta del saldo negativo en los gastos territorializables, hasta 411 euros per cápita, más de la mitad de los mismos, tienen su origen en el sistema de financiación, cifras que dan una idea del maltrato que tiene esta comunidad con el sistema actual".
A tenor de los datos, Moragues pide que se abra el debate de la financiación autonómica "desde la responsabilidad, personal y política, de que la solución que se adopte tenga permanencia en el tiempo evitando enfrentamientos y tensiones periódicas entre regiones y confrontación entre gobiernos". Mientras este debate se produce, el conseller pide una corrección temporal de las "inequidades del actual modelo de financiación con mecanismos que equilibren la situación actual".
Desde el Consell valenciano recalcan que los ciudadanos de esta comunidad "son los peor financiados por el actual modelo". "Hay argumentos económicos, políticos y jurídicos de expertos en la materia que así lo ponen de manifiesto", mantienen fuentes del Gobierno regional. Como ejemplo, subrayan que en total la Comunitat recibe del Estado "algo menos de 8.200 millones" para cubrir gastos de sanidad y educación. Unos gastos que, sin contar bienestar social, suman 9.200 millones de euros. Según estos cálculos, faltan al menos 1.000 millones para cubrir las necesidades mínimas.
"Vamos a continuar reclamando un nuevo modelo de financiación, ya que es fundamental para dar cobertura a los servicios públicos fundamentales", recalcan las fuentes consultadas. Las mismas fuentes mantienen que su postura dista del victimismo y que sólo viene a corroborar informes de todo tipo y tendencia que concluyen que los valencianos son los españoles que peor parados salen.
Madrid
Ignacio González
Ignacio Gonzálezes uno de los barones conservadores que ha demandado con más insistencia la reforma del sistema de financiación autonómica. Una petición que está en la seña de identidad del PP de Madrid, la formación que lidera Esperanza Aguirre. Cuentan quienes conocen los entresijos de la marcha de esta última de la presidencia de la Comunidad en septiembre de 2012 que éste fue uno de los motivos que esgrimió ante Rajoy cuando le comunicó su decisión de irse. Aguirre, señalan las mencionadas fuentes, espetó a su jefe de filas que no estaba dispuesta a soportar las manifestaciones de profesores, maestros y personal sanitario en contra de unos recortes que tenían su origen en la infrafinanciación a la que el Ejecutivo había condenado a Madrid.
No obstante, también hay en el PP quien cree que sin proyectos que vender a los madrileños tras el fracaso de proyectos como Eurovegas o la paralización de la privatización sanitaria, Ignacio González ha hecho de la demanda de una financiación más justa para Madrid el eje de la recta final de su legislatura.
No hay reacción oficial desde la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, a la confirmación de que la reforma de la financiación autonómica tendrá que esperar al menos hasta la próxima legislatura. Pero fuentes del departamento de Hacienda mantienen que la postura de Madrid sigue siendo la misma que antes del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado a finales de julio. A saber: "La reforma es necesaria y, mientras tanto, hay que buscar la manera de compensar a Madrid".
"No pedimos dejar de ser los más solidarios. estamos orgullosos de ello. Pero pedimos que, en base a esa solidaridad, se nos financien los servicios públicos como a la media de las comunidades autónomas", manifiestan. Con las cifras actuales, fuentes oficiales cifran en 600.000 los madrileños a los que no llega la financiación sanitaria con la cantidad que aporta el Gobierno.
Cataluña
La urgencia de la reforma de este sistema fue uno de los ejes de las demandas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, trasladó a Rajoy en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa el pasado 30 de julio. La palabra "financiación" es una de las dominantes entre las 23 propuestas concretas que el president elevó al Gobierno. El dirigente catalán mantuvo que si el Gobierno central no incrementa los ingresos presupuestados para esta comunidad y no amplía el actual margen de déficit –0,7%–, los objetivos para 2015 serán "de difícil cumplimiento".
En el documento distribuido a los medios tras la reunión, el Govern recuerda que la Generalitat ha presentado un requerimiento emplazando al Gobierno central a revisar el sistema de financiación. El Govern entiende que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) –en su disposición adicional sexta– y el Estatut –en su artículo 208– establecen que la financiación debe revisarse cada cinco años, por lo que debe afrontarse en 2014 ya que el último modelo entró en vigor en 2009.
En su cita, Artur Mas indicó a Mariano Rajoy que Catalunya está "infrafinanciada" y que esta circunstancia "pone en peligro la calidad de los servicios públicos". Mas recordó al presidente que el actual sistema de financiación ya ha caducado y que, en base a la ley, debería haber entrado en vigor uno nuevo el pasado 1 de enero.
Al respecto, el secretario general de UGT de Cataluña. Josep Maria Álvarez, consideró en una reciente entrevista concedida a la agencia Europa Press que entre los motivos por los que Rajoy no afronta esta reforma está la consulta soberanista convocada para el 9 de noviembre. "Supongo que el presidente del Gobierno está esperando a ver qué pasa con la consulta del 9 de noviembre y no lo ha querido abordar porque en el fondo sabe que todo esto puede trastocar y obligar a hacer cambios que pueden ir más allá que un acuerdo de financiación".
A juicio de Álvarez, el actual sistema está superado desde la perspectiva de Cataluña, y es una "chapuza" porque son las comunidades quienes son responsables del gasto, si bien no tienen autonomía financiera para hacer frente a servicios de sanidad, educación y bienestar social. Con esta premisa, consideró que "el Govern debe plantarse y decirle al Gobierno de Rajoy que no puede cumplir porque no es justo, el sistema no le permite asistir las necesidades de la población ni cumplir con unos requisitos que el Gobierno no se aplica a sí mismo.
El Gobierno responde
Fuentes gubernamentales mantienen que la situación económica hace imposible a día de hoy abordar esta reforma, pero que no es un secreto que ni al presidente ni al su partido les gusta este sistema heredado de la etapa socialista. Y ponen énfasis en que es un modelo heredado para tildar de "incoherente" la postura de Andalucía.
El conflicto catalán y la falta de presupuestos lastran la reforma de la financiación autonómica
No obstante, rechazan las críticas que apuntan a que el Gobierno central ha dejado abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas. "No hay reforma de la financiación autonómica, pero se han habilitado mecanismos para solventar, en la medida de lo posible, los problemas de liquidez de las comunidades autónomas", sostienen.
Como ejemplo, citan las medidas anunciadas en el último Consejo de Ministros, cuando el Ejecutivo dio luz verde de forma definitiva a la reforma fiscal. Ese mismo día, 1 de agosto, el departamento de Cristóbal Montoro informaba de que el importe global de la financiación autonómica prevista para el año 2015 se elevará a 83.015 millones de euros, un 1,18% más que en 2014.
En el PP restan importancia a la postura de sus comunidades en esta materia y dicen entender las críticas: "Ni al partido ni al Gobierno le gusta este sistema. Es un secreto a voces. Pero estos trámites llevan su tiempo", añade un veterano dirigente.
En los últimos meses todos los gestos del Gobierno apuntaban a ello y hace unas semanas llegó la confirmación definitiva. Mariano Rajoy intentó enterrar a principios de agosto una de las tareas pendientes para la recta final de su legislatura: la reforma del sistema de financiación autonómica. El motivo oficial esgrimido por el presidente es la falta de presupuesto. Un argumento al que otras fuentes suman un intento de frenar enfrentamientos entre comunidades a las puertas de unas elecciones autonómicas y en pleno desafío soberanista catalán. Pero Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, las cuatro comunidades más pobladas, no tiran la toalla y siguen considerando necesario que se abra este melón. Si la intención de Hacienda de no abordar ahora esta reforma se mantiene firme, los próximos meses continuará el tira y afloja entre comunidades y Gobierno a cuenta de la financiación. Estas regiones seguirán haciendo bandera del tema.