Han pasado diez años desde la puesta en marcha de la ley contra de violencia de género y la sensación entre expertos y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres es que son varias las lagunas en su aplicación. Atajar esas fugas es, a juicio de las asociaciones feministas, uno de los principales retos en el largo camino hacia el fin de la violencia machista. Entre los aspectos más destacados está la falta de especialización con perspectiva de género del personal que atiende a la víctima en el duro trago de señalar a su agresor.
También hay lagunas en la valoración del riesgo –el 30% de las mujeres asesinadas durante 2014 habían denunciado a sus agresores– y en los tribunales, donde, a veces, se sigue viendo a las mujeres sin la empatía necesaria. Resulta arriesgado hacer una relación causa efecto entre el recorte presupuestario y los asesinatos machistas. Sí tiene que ver, y mucho según las fuentes consultadas, el actual contexto de crisis económica. Con menos posibilidades para salir adelante solas y con las redes de apoyo público debilitadas por los recortes es más complicado escapar de la espiral de la violencia. De hecho, las cifras certifican una tendencia a la baja en el número de denuncias.
infoLibre resume a continuación las cuatro principales lagunas que los colectivos de mujeres ven en la respuesta de las instituciones contra esta lacra:
01. Escasa especialización
El análisis es compartido. A la respuesta institucional le hace falta contar con profesionales más especializados. "Es un tema clave, desde los funcionarios a los jueces, el personal médico, los psicólogos y asistentes sociales... la especialización en violencia desde una perspectiva de género tiene que ser transversal", señala Amalia Fernández, abogada y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Aunque insiste en que esa preparación específica tiene que ser de todo el personal, incide en la importancia de que jueces y fiscales –y también todas las personas que tienen contacto con la víctima desde que entra al juzgado– estén especialmente formados. "Hay detalles como que no se cuide que víctima y agresor no coincidan en el pasillo o la forma en que se duda de lo que está diciendo... Son ejemplos de una falta de empatía que lleva en muchos de los casos a que la mujer no esté denunciando", añade.
Ana María Pérez del Campo, que preside desde los años setenta la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, también cree que tras el descenso en el número de denuncias puede estar la falta de apoyo que, a veces, las víctimas encuentran cuando dan el paso. "En ocasiones la credibilidad de la víctima brilla por su ausencia, se las ve como sospechosas. No se puede permitir que ocurran estas cosas una vez que estas mujeres han dado el paso de señalar a su agresor en el juzgado o ante la Policía", recalca.
02. Valoración del riesgo
Las cifras muestran un creciente rechazo de los jueces a aceptar las medidas de protección que reclaman las víctimas de violencia machista. Según los últimos datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado los juzgados de Violencia contra la Mujer desestimaron el 41,1% de las solicitudes. En 2004 las rechazadas fueron el 22,2%. Desde entonces hay una tendencia al alza en el número de peticiones rechazadas que preocupa, y mucho, a las asociaciones de mujeres. El año pasado 9 de las 54 mujeres que fueron asesinadas habían solicitado medidas de protección. A tres de ellas se les retiraron sin su consentimiento. También se le negó una orden de alejamiento a la mujer de 32 años que fue asesinada en Figueres el pasado 17 de noviembre, según confirmó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Estas medidas, que tienen que ser dictadas por el juez que reciba la solicitud en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal, van desde la protección física a la regulación provisional de aspectos de índole civil como el alejamiento inmediato del supuesto agresor, que ha de salir de la casa compartida, la concesión de la custodia de los hijos o el establecimiento de una pensión de alimentos. Ofrecerlas a quien lo necesita es tarea del Estado. Y no hacerlo cuando se requiere, dicen los colectivos de mujeres, una gran irresponsabilidad. "Hay que entender que cuando ocurre algo como lo de Figueres el Estado es responsable de lo que le pueda pasar a una mujer en esas circunstancias. La mujer es la que ha hecho lo que las instituciones dicen que hay que hacer y es el Estado el que no ha logrado protegerla. Estas situaciones son relevantes y empiezan a ser significativas", dice Soleto.
Pérez del Campo considera que el Estado no puede obviar su responsabilidad en este ámbito. Y recuerda un pronunciamiento reciente de Naciones Unidas, que condenó a España por la negligencia policial y judicial cometida en el caso de Ángela González Carreño, cuya hija Andrea fue asesinada por su ex marido, un maltratador contra el que había presentado más de treinta denuncias, durante un régimen de visitas sin vigilancia. Después se suicidó. La ONU obligó a España a indemnizar a la madre y a tomar medidas para que se tengan en cuenta los antecedentes de malos tratos en la concesión de custodias.
Por otro lado, los ministros Ana Mato (Sanidad), Alberto Ruiz Gallardón (ex de Justicia) y Jorge Fernández Díaz (Interior) acordaron el pasado abril una batería de propuestas para mejorar la respuesta institucional contra la violencia machista de las que poco se ha sabido desde entonces. Una de ellas era implementar un nuevo cuestionario policial para mejorar la valoración del riesgo de la víctima y reforzar su protección. La Cadena Ser dio cuenta este lunes de una respuesta parlamentaria a la diputada del PSOE Ángeles Álvarez por la que el Gobierno le informaba de que la puesta en marcha de esta medida todavía tardaría unos meses.
03. La respuesta judicial
No es fácil, pero cuando una mujer víctima de violencia machista da el paso de denunciar a su agresor espera tener un cauce de ayuda en los tribunales. A veces, denuncian las expertas consultadas, el respaldo obtenido por esa vía no es el esperado. "En estos últimos meses hemos tenido varios ejemplos de lo que podríamos casi denominar un maltrato judicial por parte del poder judicial a las mujeres víctimas", señala Soleto. Y alude al caso de Aranjuez, en el que un juez otorgó el régimen de visitas –anulado después de la petición del fiscal– a un padre que se encontraba en prisión preventiva acusado de haber asesinado a su mujer y madre de la niña de ambos, de tan sólo cuatro años.
Los datos reflejan cómo el número de mujeres que habían denunciado y que, aun así, son asesinadas permanece estable. En 2014 vuelve a estar a niveles de 2006. Desde el comienzo de este año han muerto a manos de sus parejas o exparejas 45 mujeres, 14 de ellas habían interpuesto una denuncia. "No puede ser que un 30% de las mujeres asesinadas hayan pedido ayuda y no se les haya concedido. Los testimonios de muchas víctimas están dando pie a que pensemos que se las trata mal, como sospechosas de presentar algo que no les corresponde. Se está produciendo un grave daño al derecho a la petición de protección por parte de las mujeres. No en todos los casos, pero tenemos suficientes casos como para preocuparnos", señala Soleto.
Inmaculada Montalbán, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cree, sin embargo, que sí ha habido avances en el terreno judicial. Y recuerda que existen más de quinientos órganos judiciales especializados en todo el territorio español. "La respuesta se ha mejorado, aunque es cierto que hay que seguir trabajando en la formación. Las mujeres son acompañadas con asistencia letrada, las órdenes de protección tras la comparecencia de la víctima y el agresor se dictan en un plazo máximo de 72 horas, las amenazas y las coacciones se castigan...", asevera.
Todavía es un anteproyecto, pero colectivos como Mujeres Progresistas o Themis temen una regresión de los derechos de las víctimas de la violencia machista en la reforma del Código Penal que ultima el ministro de Justicia. Entre las posibles modificaciones está la despenalización de las vejaciones leves, consideradas "el primer eslabón" a combatir en la "cadena" de la violencia machista en palabras de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán. Según datos del CGPJ en los últimos siete años los juzgados de violencia sobre la mujer han enjuiciado un total de 26.100 vejaciones, lo que supone el 45% del total de las faltas.
Las mayores cotas de igualdad no son antídoto contra las agresiones machistas
04. Carencia de recursos
Los recortes se consolidan en los programas para la prevención de la violencia de género y a las políticas en favor de la igualdad. Los 44 millones de euros que suman ambos programas para el próximo año son un 27,5% menos de lo que se disponía en 2011. Se han perdido 16,9 millones de euros. Estas cifras, unidas a los recortes que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, preocupan a partidos, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. "Los recortes están afectando a los servicios de acompañamiento a las víctimas y los procesos de sensibilización. Una parte de los fenómenos que estamos viendo en las cifras como la bajada de las denuncias o el hecho de que el machismo no remita entre los adolescentes tiene que ver mucho con esto", dice Soleto.
No obstante, resulta arriesgado establecer una relación causa efecto entre el recorte presupuestario y el repunte de los asesinatos de mujeres. Sí tiene que ver, y mucho según las fuentes consultadas, el actual contexto de crisis económica. Con menos posibilidades para salir adelante solas y con las redes de apoyo público debilitadas por los recortes es más complicado escapar de la espiral de la violencia machista. De hecho, las cifras certifican una tendencia a la baja en el número de denuncias. "Todos los recortes sociales afectan a las personas más vulnerables y la violencia de género es una situación de vulnerabilidad extrema. Es importante que se garantice la existencia de una red de servicios mínimos", culmina Pérez del Campo.
Han pasado diez años desde la puesta en marcha de la ley contra de violencia de género y la sensación entre expertos y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres es que son varias las lagunas en su aplicación. Atajar esas fugas es, a juicio de las asociaciones feministas, uno de los principales retos en el largo camino hacia el fin de la violencia machista. Entre los aspectos más destacados está la falta de especialización con perspectiva de género del personal que atiende a la víctima en el duro trago de señalar a su agresor.