Las retribuciones de origen privado que recibieron Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte al tiempo que ocupaban un escaño en el Congreso por el PP han reabierto un debate, el del régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores, que no es enteramente nuevo. Porque a lo largo de esta legislatura la exigencia de la dedicación exclusiva de sus señorías ya figuraba por escrito en varias iniciativas de la oposición: en sendas proposiciones del PSOE, de Izquierda Plural y UPyD. En 2012, al comienzo de legislatura, la Comisión Constitucional ya llegó a debatir sobre este asunto, a raíz de un texto de IU, y fue rechazado con los votos del PP.
Los conservadores no han sido partidarios de endurecer el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. El portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, cuando salió este jueves en defensa de Martínez-Pujalte, que cobró por asesoría a la empresa constructora Collosa, especializada en obra pública, 75.000 euros en poco más de un año –Trillo percibió 354.560 euros en casi tres años–, subrayó que su compañero de filas había cumplido con los "duros" requisitos que establecen las Cortes. Más aún, Hernando aseguró que había que ser más permisivos, "aumentar las compatibilidades de los diputados, establecer un régimen más flexible que el actual y que permita compatibilizar esta actividad con otras actividades privadas". Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se descargó de responsabilidad: a quien corresponde regular las incompatibilidades es a las Cámaras. Pero abogó también por abrir a la ciudadanía al ejercicio de la política, de forma que pueda entrar en ella y no suponga un castigo para su carrera.
Argumentos semejantes fueron los que se escucharon en 2012 en el Congreso. Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) presentó en julio de ese año una triple iniciativa con el mismo objetivo: restringir el régimen de incompatibilidades de los diputados y senadores. Por un lado, una proposición de ley, completa, de 21 artículos. Y de otro, una proposición no de ley para su defensa en pleno y otra, exactamente igual, con la misma redacción, para su debate en la Comisión Constitucional. De estos tres textos, sólo el último fue discutido, y fue el 26 de septiembre de ese año, 2012, cuando el PP no llevaba ni un año en el Gobierno.
"No somos unos vagos ni unos parásitos"
IU planteaba que se cambiase en un plazo de seis meses la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) –la que tasa qué pueden hacer y qué no los parlamentarios, en su Título II–, para "garantizar que el mandato de los diputados y senadores se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y sea incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma". La LOREG, en su redacción vigente, prohíbe a los parlamentarios actividades públicas o privadas salvo gestionar su patrimonio, dar clases en la universidad o dedicarse a "la producción y creación literaria, científica, artística o técnica" sin recibir un sueldo a cambio. Diputados y senadores pueden pedir que se les levante ese régimen –es decir, se les permita compatibilizar ciertas actividades–, siempre que no tenga que ver con el sector público.
El PSOE, aunque presentó una enmienda al texto de IU, apoyó la iniciativa. No así el PP. El diputado Sebastián Gonzálezadvirtió de que el Grupo Popular no daría "pábulo" a las "pretensiones demagógicas" de Izquierda Plural, que buscaban proyectar una "imagen negativa" de la labor de sus señorías. "En esta Cámara existe el máximo control y transparencia, que es deseable incorporar a la política lo mejor de la sociedad, que no es bueno convertir la política en un estamento exclusivamente profesionalizado". "Los diputados no somos unos vagos ni unos parásitos de la sociedad, ni unos ladrones, ni muchas cosas más", remachó.
Resultado del debate de la Comisión Constitucional: 23 votos en contra (los del PP), por 17 a favor y dos abstenciones.
"Un 'lobby' permanente de personas del PP"
Las otras dos iniciativas de Izquierda Plural para su defensa en el pleno, la proposición de ley y la moción, no han sido aún debatidas. Como explican fuentes oficiales de IU, no ha sido posible incluir ambas iniciativas en una sesión plenaria: su grupo, al contar sólo con 11 diputados, tiene un cupo reducido de textos que puede llevar al hemiciclo. Por eso, cuando le llega su turno, elige aquella propuesta que más le interese en ese momento. Este viernes, Cayo Lara volvió a defender el "endurecimiento del régimen de incompatibilidades de los parlamentarios" para evitar la "contaminación de la política con actividades ajenas al interés público de diputados y senadores".
"No estamos hablando aquí de la puerta giratoria. Estamos hablando de que parece que está montado un lobby permanente por parte de personas del PPlobby con respecto a asesoramientos e información a determinadas empresas cuando su actividad es parlamentaria y por tanto incompatible con prestar ningún tipo de actividades a empresas determinadas", subrayó el coordinador federal de IU y presidente del grupo de Izquierda Plural.
Pedro Sánchez, en octubre de 2014, al cabo de poco más de dos meses de su llegada a la Secretaría General del PSOE, lanzó su propuesta de que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva. "Un diputado no puede volver los jueves a su circunscripción y dedicarse a sus negocios en sus días libres, y mucho menos ser diputados en los ratos libres", dijo entonces. Al día siguiente, el Grupo Socialista registraba su proposición no de ley ante el pleno del Congreso. En ella, pedía "promover las modificaciones normativas necesarias" hacer efectivo el principio de "dedicación exclusiva", "impulsando para ello la ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la Ley Electoral". También exigía que cualquier actividad que pudiera ser autorizada en relación con la tarea política no pudiera ser pagada de ninguna forma. Y, por último, demandaba atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados la capacidad de "comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales" de los parlamentarios y el incumplimiento de las autorizaciones concedidas para el ejercicio de actividades compatibles.
Traducción vía enmienda
Esa proposición no de ley no ha llegado a ser discutida. El PSOE, que sí puede presentar una moción de este tipo en cada pleno, decidió aparcarla, porque se estaba tramitando en el Congreso el paquete de regeneración democrática en ese momento. Los socialistas optaron entonces por trasladar su propuesta de dedicación exclusiva vía enmienda a las reformas diseñadas por el Ejecutivo.
El PP, el pasado 14 de enero, rechazó esas modificaciones propuestas por el PSOE y que en comisión también defendió el diputado de IU Joan Josep Nuet. El parlamentario conservador Pedro Gómez de la Serna justificó que los dos proyectos de ley que estaban discutiéndose, el del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y el del control de la actividad económico-financiera de los partidos, no eran los textos de los que colgar esas enmiendas. "Lo que no se puede pretender es que regule también la dedicación exclusiva de diputados y de senadores, de parlamentarios, porque excede del ámbito de aplicación de la ley y del contenido natural de la misma", argumentó.
Ahora el PSOE se plantea resucitar su proposición no de ley e incluirla en el orden del día de un pleno próximoresucitar , según fuentes oficiales del grupo. Este viernes, Sánchez sostuvo que las actividades privadas de Trillo y Pujalte no son legales y por ello deberían haber dejado sus escaños. El segundo cobró, en la pasada legislatura, 75.000 euros, además de su sueldo como diputado, y lo hizo a través de su empresa Sirga XXI Consultores, sociedad que compartía al 50% con la entonces diputada por Valladolid (y hoy senadora) Ana Torme. Pujalte defendió que esos pagos se ajustaban a la legalidad. Sánchez recordó la posición de su partido: las únicas actividades que pueden compaginarse con el escaño deberían ser las de dar charlas, clases y cursos en la universidad "sin cobrar" por ello.
"Una regulación más precisa"
UPyD también se ha ocupado de esta cuestión. El pasado 24 de febrero, la formación de Rosa Díez registró una proposición no de ley sobre la prohibición de los sobresueldos a los cargos públicos de los partidos. En ese texto, califica de "adecuado" que diputados y senadores compatibilicen su escaño con la labor docente o literaria o con la participación en tertulias de medios de comunicación, "pero sin menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias" que establece la ley. El partido magenta denunciaba la "excesiva permeabilidad" en la interpretación de la norma, a la que "convendría poner coto, mediante una regulación más precisa". Esa moción aún no se ha discutido en el hemiciclo.
Díez había incluido algunas de estas ideas en su propuesta de reforma del Reglamento del Congreso. Por ejemplo, sugería que la declaración de actividades de los diputados debía ser actualizada cada vez que hubiera una modificación, y tendría que contener el pormenor de todos los ingresos extraparlamentarios. O demandaba reforzar el Estatuto del Diputado para "aumentar las categorías y los niveles de detalle" de los aspectos que sus señorías tienen que hacer público (valores de mercado de los bienes inmuebles y vehículos, regalos recibidos, viajes patrocinados...) o adoptar medidas para vigilar el cumplimiento de los requisitos de la declaración.
En abril de 2013 se constituyó en el Congreso una ponencia para reformar el Reglamento. El pasado 25 de marzo, se constató el fracaso. Se frustró el enésimo intento de acordar un cambio en las normas de funcionamiento, vigentes desde 1982. Y eso que para facilitar los trabajos, se había dividido en once bloques el Reglamento. No se consiguió ni pasar del primero, el dedicado a la mejora y agilización del procedimiento legislativo. No se había llegado a hablar de la dedicación exclusiva de los parlamentarios. El PP, por su parte, había presentado una propuesta de regulación de los lobbies o grupos de presión, para dar mayor transparencia a su actuación. Todas esas ideas murieron en cuanto se cancelaron los trabajos de la ponencia.
Ya no habrá por tanto reforma del Reglamento en esta legislatura –la última intentona había sido en 2007– ni, probablemente, se modifique la Ley Electoral. El tiempo se agota y el PP ya ha dado muestras de que no cree que deba endurecerse el régimen de incompatibilidades de sus señorías.
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