De la cuestión prejudicial al IVA de la carne: los choques que ponen en peligro los decretos del Gobierno

Máxima tensión. El Gobierno no tiene los votos suficientes para sacar adelante el próximo miércoles en el Congreso tres decretos de máxima importancia: medidas anticrisis, ómnibus y protección del desempleo. Es la primera gran prueba de fuego para el nuevo Ejecutivo de coalición, que negociará hasta el último momento a varias bandas para tratar de atar los apoyos de Junts, del PP y de Podemos.

Estos decretos contienen importantes medidas que pueden decaer si el Congreso los tumba en el pleno extraordinario, como la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, la bonificación en los transportes y la rebaja del IVA para alimentos básicos. Desde el PSOE se hace una llamada a la responsabilidad para que no se eliminen ipso facto estas medidas y para poder acceder a un nuevo paquete de 10.000 millones de los fondos europeos. 

Pero, ¿en qué chocan los partidos? ¿Cuáles son los principales escollos y qué se argumenta? ¿Qué se puede negociar? ¿A qué decreto afecta la reivindicación de cada formación?

PSOE vs. Junts: la cuestión prejudicial europea

El partido de Carles Puigdemont tiene una causa principal para el no en estos momentos: la inclusión de la llamada “cuestión prejudicial europea” en el decreto ómnibus. En concreto, el choque está en el artículo 103, que en su apartado octavo incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fija que un auto de planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea supondrá “la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial”. 

El motivo para el rechazo que alega el partido de Carles Puigdemont es que esto puede suponer en la práctica la paralización de la aplicación de la ley de amnistía (ahora en fase de tramitación de enmiendas) en virtud de que los jueces acudan a saber la opinión de los tribunales europeos. 

El Gobierno ha introducido esta modificación en este decreto ómnibus no como algo novedoso, sino por haberse quedado en el tintero a causa del adelanto electoral. En el Ministerio de Presidencia y Justicia recuerdan que este punto estaba dentro del proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, que había pasado ya la fase de ponencia en la Comisión de Justicia sin ningún tipo de polémica y antes de que se tuviera en mente aprobar una ley de amnistía, por lo que se rechaza que se haga con la finalidad que aduce el espacio posconvergente. 

Lo que hace el Gobierno es incluir en una ley una jurisprudencia consolidada con el tiempo que hasta ahora no estaba en una norma concretamente. El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo explicó así hace unos días: "Se incorpora en este decreto porque es un compromiso adquirido por España para desembolsar 10.000 millones de euros. Lo que la Comisión solicita es que incorporemos al Derecho español esa jurisprudencia. Con toda claridad digo que no ha habido ninguna novedad en las cuestiones prejudiciales". Desde el Ejecutivo y el PSOE se rechaza cambiar ese punto al ser ya jurisprudencia, práctica habitual en el sistema judicial y exigirlo la UE, pero sí se abre para lograr el acuerdo con Junts a aceptar que ese decreto, tras su convalidación, pueda tramitarse como proyecto de ley para estudiar enmiendas de los grupos.

Esta medida de la cuestión prejudicial entra dentro del amplio paquete aprobado por el Gobierno dentro del decreto ómnibus, con una fuerte presencia de iniciativas destinadas a la justicia como solicita la UE, además de en materia de función pública, régimen local y mecenazgo. 

En lo que ponen mucho énfasis en el Gobierno y en el PSOE es que ese decreto ómnibus es esencial para lograr una nueva remesa de fondos europeos por valor de diez mil millones. De hecho, su aprobación se hizo a finales de diciembre por el Consejo de Ministros con motivo de acordar nuevos hitos y reformas exigidas por Bruselas para ello. Por lo tanto, de caer este decreto, no estarán en vigor las medidas que presenta el país para que Bruselas evalúe y desembolse ese monto. En caso de que no se apruebe, admiten fuentes gubernamentales, sí habría posibilidad de hacer un nuevo decreto para pedir a la UE esta cantidad.

PSOE vs. PP: las medidas anticrisis

Las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular están principalmente asentadas en otro decreto: el aprobado el pasado 27 de diciembre para medidas anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania (también conocido como escudo social). El Partido Popular tiene la intención de votar en contra, aunque se abre a una posible abstención poniendo varias condiciones: deflactar el IRPF a las rentas "modestas", rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y mantener la reducción del IVA al 5% de IVA en la luz y el gas.

El propio titular de Presidencia y Justicia telefoneó este lunes a la número dos del PP, Cuca Gamarra, para sondear las posibilidades de llegar a un acuerdo, como suele hacer con todos los reales decretos. No obstante, la sensación en el Gobierno, como expresó la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, es que esas condiciones son más bien excusas para no facilitar los decretos.

¿Y por qué se niega el Gobierno a acceder a esas exigencias? La vicepresidenta primera y titular de Hacienda explicó en TVE que “no cumplen ni las recomendaciones de Europa ni con una política fiscal a medio plazo que permita sostener las cuentas públicas y preservar el Estado del Bienestar”. Esas iniciativas, agregó, van en la “estela fracasada” en el Reino Unido del “mantra de la bajada fiscal”.

En el Ministerio de Hacienda, según las fuentes consultadas, se subraya que se ha ido lo más lejos que se ha podido en el tema de rebaja del IVA “y mucho más lejos de lo que nunca fue el PP”, recordando que fue el Partido Popular el que subió el IVA de la luz del 18 al 21%. El decreto que se somete a votación el miércoles mantiene hasta el 30 de junio de 2024 las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta, los aceites de oliva y semillas. 

Todas estas medidas decaerán si no sale adelante ese decreto. Asimismo, no se podrían llevar adelante otras como la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, la gratuidad para usuarios frecuentes de Renfe, la bonificación de billetes urbanos e interurbanos, la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables y la bajada de impuestos de la electricidad y el gas.

En el caso de la exigencia de deflactar el IRPF, desde Hacienda se reitera que el Gobierno ya ha aprobado una medida de mayor calado: la rebaja fiscal para rentas inferiores a los 21.000 euros.

Sumar vs. Podemos: cotizaciones de los desempleados mayores de 52 años

Otro de los grandes frentes abiertos de cara al miércoles es el posible no de Podemos al decreto impulsado por Yolanda Díaz de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, en el marco de reformas comprometidas con la Unión Europea. Un texto que supuso un choque interno dentro de la coalición entre la vicepresidenta segunda y la saliente titular de Economía, Nadia Calviño, que culminó con un pacto en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre.

La parte de fricción era el régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años. Finalmente la disposición transitoria tercera del decreto aprobado por el Gobierno fija que durante el ejercicio 2024 la base de cotización será equivalente al 120 por cien de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento (hasta el 1 de junio es del 125%). Y se establece que en 2025 será del 115 por ciento, en 2026 del 110 por ciento y en 2027 del 105. Lo que sí mantiene tal cual el decreto es que el subsidio tendrá una cuantía del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Podemos entiende que esto supone un “recorte” en las pensiones de los empleados mayores y hace la siguiente cuenta: para un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional, tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, defendió, en cambio, que esto no supone un recorte al compensarse con las subidas del salario mínimo:  "El hecho de que hayamos subido el SMI un 50% permite que muchas de las políticas de los salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás. Una de ellas era la necesidad de que el subsidio para mayores de 52 años tuviera que tener una sobrecotización para la jubilación, porque con esos salarios indecentes, los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones de jubilación dignas".

Desde Trabajo explican que cuando se subió la cotización de mayores de 52 años un 125%, en lugar de al 100% como el resto de subsidios, fue un "parche para compensar" la pérdida de cotización de cara a la jubilación que existía antes de 2018. Desde el equipo de Díaz argumentan que antes se producían" escenarios ridículos" en los que había personas "que cotizaban más cobrando el subsidio que trabajando" y que ahora "se garantiza una cotización suficiente" gracias a que el SMI ha subido.

Desde el ala socialista, la vicepresidenta Montero también negó este lunes que fuera un recorte con un argumento similar: "Esa sobrecotización que figuraba anteriormente venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo. Nosotros hemos incrementado más de un 45% el salario mínimo interprofesional y eso implica que realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años. Lo hemos explicado hasta la saciedad".

A los sindicatos CCOO y UGT tampoco les ha gustado esta disposición. Tras conocerse el decreto, señalaron en un comunicado que la reforma supone “un avance en cuanto al incremento de las cuantías o la ampliación del acceso al subsidio a nuevos colectivos”, pero subrayaron su “disconformidad con la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año”.