La cumbre del clima más larga de la historia, bajo presidencia chilena y celebrada en Madrid, echó el cierre en torno a las 2 de la tarde del domingo 15 de diciembre. Para entender por qué ha tardado tanto en llegar un acuerdo que no deja plenamente satisfecho a nadie (ni Gobiernos, ni activistas, ni ecologistas, ni empresas, ni siquiera a Arabia Saudí) hay que comprender el contexto en el que ha llegado la 25º Conferencia de las Partes. 2019 ha sido el año en el que los jóvenes han salido a la calle ante la nula perspectiva de futuro, habida cuenta de que la crisis climática amenaza seriamente sus sociedades y su modo de vida. También ha sido el año en el que la ciencia ha dado un golpe sobre la mesa y ha señalado la incompatibilidad del modelo económico que mantienen buena parte de los países del mundo con los límites de la naturaleza. Los investigadores ya han advertido de que el recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser drástico, del 7% anual, para lograr contener el cambio climático en niveles manejables. Posiblemente ha sido el año en el que se esperaba más de este foro, donde ya no había espacio para las promesas a futuro, para los textos inconcretos, para escurrir el bulto: y eso ha llevado a una confrontación directa y en algunos puntos sin resolver entre varios bloques de países, que trascienden el clásico eje desarrollados-no desarrollados.
Hay, sin embargo, algunas buenas noticias. El texto principal, en el que se llama a los países a aumentar su ambición en 2020 para reducir esa brecha entre sus promesas y lo que es necesario hacer, es un alivio dado que el borrador anterior propuesto por la presidencia chilena encendió las iras de medio mundo al ignorar hasta este asunto, lo que habría convertido a la COP25 en un ridículo escandaloso. Su artífice, entre otros, ha sido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que durante la madrugada del sábado al domingo fue nombrada in extremis facilitadora para desatascar este asunto. Su gabinete, aún sin acabar el plenario, se congratulaba de que "la COP25 sienta las bases para que los países sean más ambiciosos ante la emergencia climática". Otra cosa es que los países quieran serlo: nada les obliga, por ahora, a pesar de lo firmado.
Cuesta encontrar otra interpretación tan optimista: la propia ministra matizaba posteriormente, al terminar oficialmente la conferencia, que el resultado "deja un sabor de boca agridulce", ya que no se ha logrado cerrar definitivamente el libro de reglas para poder aplicar el Acuerdo de París a partir de 2020, cuando entra en vigor. Celebró que, aunque "no tocaba este año", "había una demanda muy fuerte" para que todos los países pusieran nuevos objetivos sobre la mesa y, aunque no se han conseguido nuevas metas relevantes, "se ha conseguido una llamada ease compromiso, a reforzar la acción climática y hacerlo formalmente a partir del año 2020 guiados por la ciencia". El reconocimiento a las conclusiones del IPCC, el panel de científicos de Naciones Unidas, también se considera mérito de las gestiones de última hora de la representante española. En la COP24 esta victoria simbólica no se consiguió. "El heroico apoyo de Teresa Ribera en las últimas horas nos ayudó a conseguir el resultado mínimo necesario para llegar al 2020, el año en que la acción climática cuenta", aseguró la CEO de European Climate Foundation, Laucence Tubiana. Se trata de una de las artífices del pacto de 2015: su alivio representa el de alguien que ve su principal obra en peligro.
Ecologistas en Acción, sin embargo, no ha sido tan benevolente con una declaración que califica de "más simbólica que operativa". "Esta COP25 no ha sido capaz de lograr que se mantengan los plazos previstos que obligan a los países a depositar sus nuevos compromisos bajo el Acuerdo de París durante el primer semestre de 2020. Esto habría facilitado que en la próxima cumbre se pudiera forzar a la comunidad internacional a que cumpliera con las indicaciones científicas", han opinado.
El resto de buenas noticias son victorias parciales, pequeños avances, algunos más celebrados que otros por las organizaciones observadoras. La Unión Europea, a pesar de la negativa de la carbonera Polonia, ha logrado aprobar su objetivo de neutralidad climática para 2050: emitirá tan poco que lo logrará compensar con la compra de créditos de carbono o con el uso de la tierra. Esa es la meta, al menos. El brazo ejecutivo del club comunitario, la Comisión Europea, ha presentado su Green Deal, un paquete legislativo para combatir la crisis climática que, pese a ser insuficiente para muchos activistas, está en el camino correcto hacia la descarbonización y demuestra –o así lo vende Bruselas– el compromiso del bloque.
Se ha aprobado un plan de acción climática y género que reconoce la vulnerabilidad de las mujeres en muchos países del mundo ante el avance del calentamiento global y es uno de los pocos documentos salidos de la COP25 que incorpora el respeto a los derechos humanos. La lista de países que ha firmado que mejorará sus contribuciones el año que viene ha pasado en estas dos semanas de 65 a 121 países, junto a centenares de regiones, ciudades, empresas y fondos de inversión. Aunque no son suficientes, tanto la presidencia chilena como el Gobierno español han querido destacar lo importante del compromiso de los "sectores no estatales", incluyendo, por primera vez, un acuerdo de toda la banca española para ser más sostenible y librarse de las manchas de financiar a los combustibles fósiles.
El gran fracaso
Pero si ha habido un fracaso sonado, ha sido la incapacidad para cerrar las reglas de los mercados de carbono que se pretenden poner en marcha bajo el amparo del artículo 6 del Artículo de París. Era prácticamente la única misión de carácter técnico que tenía la COP25 y no se ha conseguido. La intención era consensuar unas normas para que este mercado, que regula la compra y venta de derechos de emisión, pudiera arrancar sin que nadie pudiera hacer trampas. La discusión se ha postergado. Es mejor la falta de acuerdo que un acuerdo pésimo, defiende la presidencia y muchos de los observadores, pero lo cortés no quita lo valiente: uno de los principales objetivos se ha quedado sin cumplir. En este mercado, Australia, Brasil y Estados Unidos pretendían mantener los privilegios del anterior sistema bajo el Protocolo de Kioto, lo que les obligaría a muchos menos recortes de gases de efecto invernadero, así como introducir trampas que falsearían la contabilidad final, haciendo que algunos recortes de emisiones se registraran doble.
Esto ha cambiado el eje. A grandes rasgos, de manera general, las discusiones en las cumbres del clima solían estar protagonizadas por tres bloques: países que no querían hacer absolutamente nada porque consideraban el cambio climático algo secundario, países desarrollados y países menos desarrollados que pedían transferencias de dinero y recursos para hacer frente a la transición que necesitan. Esta discusión, la que más ha alargado las discusiones y una de las que se ha quedado pendiente, ha dividido al mundo entre estos tres grupos países y prácticamente el resto. Brasil, de hecho, a punto estuvo de arruinar el principal avance, la llamada a la ambición: varios países, incluida una Rusia poco sospechosa de activista climática, imploraron y exigieron a la nación amazónica en el plenario de clausura que dejara de bloquear lo consensuado. Algunas organizaciones ecologistas, como WWF, se niegan a meter a todos los Gobiernos en el mismo saco: "Lamentamos la irresponsabilidad histórica de los países que han tratado de bloquear y secuestrar la COP25 una vez más, a pesar del clamor de la sociedad en todo el mundo", afirmó el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. En el mismo barco se ubica Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional: "Los bloqueadores del clima como Brasil y Arabia Saudí, habilitados por un liderazgo chileno débil e irresponsable, traficaron con el carbono y arrasaron con los científicos y la sociedad civil".
Las consecuencias de no haber aprobado las reglas que regulan los mercados de carbono son poco visibles para la población general. Con una legislación restrictiva y asegurándose de que los proyectos al amparo de este sistema respetan el entorno natural del territorio donde se asientan y los derechos humanos de las personas que habitan esa tierra, muchos de los expertos consideran que habrían sido una herramienta útil para despertar el cambio drástico del sistema que se necesita. O al menos iniciarlo. No se han conseguido consensuar y, por lo tanto, la principal demanda de las comunidades indígenas, la inclusión de los DDHH en el artículo 6, tendrá que esperar. Lo llevan pidiendo dos semanas porque bajo el paraguas de esta colaboración entre países muchas empresas transnacionales destrozan la zona en la que habitan los pueblos originarios, sobre todo de América Latina. Para ellos, el abordaje de la crisis climática no puede pagar cualquier precio. El límite es su vida y no se ha impuesto ese límite. Se van tremendamente decepcionados.
Los pequeños países insulares denunciaron durante la madrugada del sábado al domingo que las conversaciones en torno a los mercados de carbono les estaban excluyendo. Estas naciones, con la subida del nivel del mar amenazando a día de hoy su propia supervivencia, se unieron en otras conversaciones al eje de los países menos desarrollados, que confrontaron con los del Norte Global en cuestiones relativas al dinero –poderoso caballero–. Un déjà vu de pasadas cumbres, donde esta ha sido la principal discusión, con los mismos contendientes. Los textos resultantes ofrecen un lenguaje vago y poco vinculante –para variar– en la financiación climática, el dinero que los más ricos se comprometen a aportar para fomentar el desarrollo de la transición en los países más pobres.
La Unión de Estados Africanos utilizó un lenguaje muy duro al respecto en el plenario de clausura, y solo pudo obtener la promesa de la Unión Europea de abordar el tema en futuras ocasiones. Lo curioso en es que en este frente se sitúa también Arabia Saudí, un país petrolero que exige recursos para hacer la transición energética, a pesar de que si algo no le falta es dinero. Para muchas de las Partes menos desarrolladas y que no tienen riqueza para redistribuir, el país árabe es una compañía incómoda.
En cuanto al Mecanismo de Varsovia, que regula las pérdidas y daños que sufren los más vulnerables ante el azote de fenómenos climáticos extremos (ciclones, inundaciones, sequías...), el Gobierno de Estados Unidos, que no piensa gastar un dólar más en algo en lo que no cree, lo bloqueó todo. Tuvalu habló de "crimen de lesa humanidad". "Nuestra gente ya está sufriendo los impactos del cambio climático. Nuestras comunidades en todo el mundo están siendo devastadas. Las emisiones globales deben reducirse de manera drástica y urgente para limitar más impactos, y el apoyo financiero debe ampliarse para que nuestros países puedan abordar mejor el cambio climático y sus impactos", dijo Sonam P. Wangdi, presidente del Grupo de Países Menos Desarrollados.
Los representantes de EEUU en la cumbre del clima.
La "desconexión"
2019 es el año de la emergencia climática. Como ya apenas hay tiempo para iniciar una respuesta útil al cambio climático, se empiezan a ver las costuras del multilateralismo y el mundo se divide entre los que realmente quieren hacer algo, con sus peculiaridades y líneas rojas, y los que no quieren esforzarse demasiado. Pero por la misma razón la habitual decepción de los activistas a pie de calle es cada COP que pasa más profunda, y la palabra más repetida entre estos grupos ha sido la "desconexión" entre las negociaciones climáticas y las esperanzas de la población. "Nunca se había visto una desconexión tan grande entre la ciencia y las demandas de la gente con los debates y las propuestas de los gobiernos", dijo Climate Action Network, que representa a buena parte de las organizaciones presentes como observadoras en el foro.
La acción climática afronta un 2020 de consolidación y presión tras el "despertar" de 2019
Ecologistas en Acción, que ha trabajado codo con codo con los jóvenes durante este año y el anterior para espolear la movilización, ha sido de las ONG españolas más duras con los resultados de la COP25, aunque celebra la respuesta ciudadana. "Tal y como se ha visto, la presión social ha conseguido que para algunos países sea imposible salir de esta cumbre con un mal acuerdo que desoiga el grito ciudadano de los últimos meses. Vamos a seguir saliendo la calle para demandar que se haga caso a la ciencia y seguir demandando justicia climática", afirmó el responsable de Cambio Climático, Javier Andaluz. Desde los grupos más recientes, formados por gente joven, y menos enterados de los detalles técnicos de la COP, la palabra utilizada es fracaso. Para Alejandro Martínez, de Fridays for Future España, "el lema de la COP es Time for Action, pero cuando la sociedad civil se movilizó dentro de la cumbre, lo que hicieron fue reprimirnos. Esta COP ha fallado a la gente y al planeta".
"Nos despertamos con la crisis climática. Fuimos a la calle. Nos manifestamos. Exigimos acción climática a nuestros líderes de gobierno. Nos prometieron un cambio. Nos dieron esperanza. Vinimos a la COP25. Protestamos. Los destructores siguen manipulando el sistema. Deberíamos culpar y avergonzar al sistema que causó el desastre, a la industria de los combustibles fósiles y a los gobiernos que controlan", aseguró, por su parte, la fundadora de Youth for Future Africa, la ugandesa Vanessa Nakate.
La COP25 deja muchos deberes por hacer de cara a la COP26 de Glasgow, que se celebrará bajo la presidencia del recién ratificado por las urnas Boris Johnson. La próxima cumbre del clima deberá aprobar unas reglas para el mercado de carbono que evite las trampas y respete el medioambiente y a las personas, ganándole la partida a los países bloqueadores. Deberá ser la COP en la que Naciones Unidas certifique que las promesas de reducción de emisiones para la próxima década son suficientes. Deberá garantizar dinero suficiente para los que menos recursos tienen. Es lo justo. No será fácil, pero el planeta no se puede permitir la rendición. "La comunidad internacional perdió una importante oportunidad para mostrar una ambición aumentada en mitigación, adaptación y finanzas para abordar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos. Yo no me rendiré", resumió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La cumbre del clima más larga de la historia, bajo presidencia chilena y celebrada en Madrid, echó el cierre en torno a las 2 de la tarde del domingo 15 de diciembre. Para entender por qué ha tardado tanto en llegar un acuerdo que no deja plenamente satisfecho a nadie (ni Gobiernos, ni activistas, ni ecologistas, ni empresas, ni siquiera a Arabia Saudí) hay que comprender el contexto en el que ha llegado la 25º Conferencia de las Partes. 2019 ha sido el año en el que los jóvenes han salido a la calle ante la nula perspectiva de futuro, habida cuenta de que la crisis climática amenaza seriamente sus sociedades y su modo de vida. También ha sido el año en el que la ciencia ha dado un golpe sobre la mesa y ha señalado la incompatibilidad del modelo económico que mantienen buena parte de los países del mundo con los límites de la naturaleza. Los investigadores ya han advertido de que el recorte en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser drástico, del 7% anual, para lograr contener el cambio climático en niveles manejables. Posiblemente ha sido el año en el que se esperaba más de este foro, donde ya no había espacio para las promesas a futuro, para los textos inconcretos, para escurrir el bulto: y eso ha llevado a una confrontación directa y en algunos puntos sin resolver entre varios bloques de países, que trascienden el clásico eje desarrollados-no desarrollados.