Cumbre del Clima de Madrid: el reto de organizar en un mes lo que suele ocupar un año

Generalmente la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (un nombre larguísimo, que suele abreviarse como COP y cumbre del clima) suele organizarse con un año y medio de antelación. De hecho, ya se conoce el lugar donde se celebrará la número 26, la de 2020: en Glasgow (Reino Unido). España se ha comprometido a organizar la próxima COP con algo más de un mes de antelación, lo que obliga a un esfuerzo técnico, político, diplomático, organizativo y logístico de primer nivel. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, por ahora, la coordinación entre las distintas partes implicadas está funcionando a la perfección. Y no son pocas: el Ministerio para la Transición Ecológica, con interlocución continua con Naciones Unidas, lidera un proceso contrarreloj que compete también a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital, a otros ministerios como el de Exteriores o el de Hacienda, a los hoteleros, a los taxistas, y a la Feria de Madrid (Ifema) como anfitriona.

Las conversaciones entre las partes con el objetivo de seguir aumentando la ambición de las medidas contra la crisis climática las seguirá liderando Chile, que sigue ostentando la presidencia pese a no ser ya país anfitrión. Pero el Gobierno sabe perfectamente que en la cumbre del clima se juega, además del futuro del planeta, su reputación. La apuesta es arriesgada: un encuentro con problemas fruto del poco tiempo disponible deja al país en una mala situación ante los 25.000 asistentes al día que pasarán por Ifema, de casi todas las partes del mundo. Una buena cumbre transmite la idea de un país fiable ante las emergencias… tanto organizativas como climáticas. Así lo explican fuentes cercanas al Ejecutivo, que apuntan que España Global (la antigua Marca España, la Secretaría de Estado que se encarga de apuntalar y mejorar la imagen del país en el exterior) dará apoyo en materia diplomática y de comunicación.

En ese sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros muchos de los detalles que permitirán al Gobierno hacer en un mes lo que generalmente se hace en un año. "España se siente honrada de haber recibido el visto bueno de Naciones Unidas" para albergar la cumbre, explicó. La principal medida que anunció fue la publicación de un decreto ley para, amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público, declarar la COP25 como de excepcional interés público y, así, tramitar los contratos necesarios con carácter de urgencia. También establece incentivos fiscales para el mecenazgo y los patrocinios del encuentro.

Posteriormente, y ante las preguntas de los periodistas, estimó el coste de la organización al completo: habiendo costado 35 millones de euros la COP más barata y 178 millones la más cara (la de París de 2015), Ribera prometió que la cifra resultante, aún por calcular, estará más cercana a la primera que a la segunda. Mucho de ese dinero se recupera por efecto de esos mismos mecenazgos: la ministra explicó que están trabajando para recuperar los patrocinios que se cancelaron cuando Chile anunció que renunciaba a acoger el evento.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció este viernes, además, la creación del Comité Organizador de la COP25 "para la planificación, organización y ejecución de las tareas precisas para el desarrollo de la misma, así como para asegurar la coordinación entre los órganos de las Administraciones competentes". En el órgano, presidido por Ribera y vicepresidido por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tendrán presencia los ministerios para la Transición Ecológica, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Política Territorial y Función Pública; Hacienda e Interior; así como la Casa del Rey, el Alto Comisionado para la Agenda 2030, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Se encargará de aprobar el programa de actividades, lograr la participación de todas las partes y, en definitiva, velar por el correcto desarrollo de la cumbre. 

Las partes de dicho comité que no forman parte del Ejecutivo ya han mostrado su entusiasmo. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha augurado que la cumbre será “un éxito” y que dejará 200 millones de euros en la región. Aseguró que el Ejecutivo autonómico está barajando de qué manera facilitar el transporte público (y sostenible) a los asistentes al encuentro. Para dicha movilidad también cuentan con la complicidad de los taxistas, que pondrán todos sus recursos, conscientes de que un nuevo agosto inesperado viene a la capital; y a los hoteleros, se les junta una ya de por sí buena fecha para su negocio (el Puente de la Constitución) con un evento donde la mayoría de los 25.000 asistentes necesita alojamiento. Aprovecharán, previsiblemente, para subir los precios. Europa Press desveló que el Ministerio para la Transición Ecológica ha subcontratado a Madrid Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, para bloquear una parte de las plazas disponibles en la ciudad. EFE le ha puesto cifras: entre 10.000 y 12.000 plazas. Eso sí, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid aprovecharán la ocasión para hacer huelga, en protesta por las medidas de Almeida en el Consistorio de la capital. 

El Gobierno también ha explicado sus previsiones para otras cuestiones organizativas. Los países africanos, desveló Climate Home News, estaban preocupados por los visados y el poco margen para conseguirlos. Transición Ecológica ha asegurado que "se establecerán disposiciones especiales para los delegados que necesiten visados Schengen. España cuenta con 182 consulados en todo el mundo que actuarán como puntos focales para gestionar la emisión de visados. Se han enviado  instrucciones claras a todos los consulados para garantizar un procedimiento de emisión de visados acelerado". Además, se facilitarán planes de vuelo con escala en alguna ciudad de sede de una Embajada o Consulado español, para todos aquellos países en los que España no tiene representación diplomática, y se expedirán visados "de forma acelerada". El Ejecutivo también facilitará la presencia a las ONG españolas que no estén aceptadas como observadoras por Naciones Unidas. 

Los planes del Gobierno están claros: pero habrá que esperar a diciembre para evaluar si no se producen contratiempos.

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El papel de Ifema

La logística de las instalaciones corresponde a Ifema, Feria de Madrid. En palabras del presidente de su Comité Ejecutivo, Clemente González, será "un reto muy ambicioso" y, si todo sale bien, "un récord". Es complicado encontrar una entidad que haya asumido la organización de un evento tan grande en tan poco tiempo. Porque el reto, según González, no viene de la cantidad de asistentes esperada, –"en Fitur se acogieron a 253.000 visitantes a pesar de la huelga del taxi", dice– sino del tiempo. Naciones Unidas, explica el responsable, les visitó el pasado lunes y les pidió que toda la instalación estuviera lista para el 25 de noviembre y que de 80.000 metros cuadrados previstos inicialmente pasara a 100.000 m2, la mitad del espacio disponible. Los preparativos arrancaron este viernes y el comienzo de las obras está previsto para el 17 de noviembre, por lo que tienen "18 días para materializar esta cumbre dentro de Ifema" y 8 días para levantarlo todo. Para lo que generalmente se necesitan meses. Y con un requisito: que sea exactamente igual que la proyectada en Chile. Con dos espacios diferenciados: una zona, denominada "azul", dedicada a las negociaciones entre los países miembro de Naciones Unidas, y otra, la "verde",  para actos paralelos de científicos, activistas y sociedad civil en general.

"Dijimos que sí" tras barajarlo un par de días, explica el presidente de Ifema, "porque es un tema muy importante para España" y porque el Comité Ejecutivo confía plenamente en los trabajadores de la entidad. "Hemos hecho más de 600 congresos de este tamaño. El equipo que tenemos tiene mucho oficio en estos temas". González celebra que, hasta el momento, la comunicación está siendo "muy fluida" tanto con el Ministerio para la Transición Ecológica (de donde vino la propuesta) como con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, necesarios para que todo vaya bien. En total, explica Ifema, la COP25 ocupará un total de 6 pabellones y el Centro de Convenciones Norte al completo, así como las salas de reuniones situadas sobre los pabellones, que se suman a las salas que integran el proyecto en el interior de los pabellones.