El 28 de diciembre de 2015, los informativos españoles se llenaron de imágenes de la asamblea nacional de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que en ese momento tenía la llave de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y la utilizaron, exigiendo la retirada de Artur Mas para dar su apoyo a la coalición independentista Junts pel Sí. Fue la época de máxima influencia de la CUP, que también tuvo un papel central en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huelga general del día 3. Una situación opuesta a la actual: el partido solo tiene 4 diputados en el Parlament y se ha quedado sin representación en el Congreso. Revertir esta debacle ha sido el objetivo del Proceso de Garbí, un año de debates y reflexiones que ha concluido con una Asamblea Nacional de refundación.
El “batacazo” electoral precipitó el inicio del proceso, explica Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso durante la última legislatura. Tanto ella como Joan Miró, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y antiguo dirigente del partido, relacionan la caída electoral con la derrota del procés. “La crisis social [post-2008] y el movimiento independentista favorecían a la CUP”, explica el politólogo, “la CUP ha entrado en crisis pero el resto de partidos independentistas también”. Vehí apunta otro factor: “No estamos acertando en politizar los malestares, la extrema derecha sí”. Finalmente, Miró argumenta que la CUP cometió dos errores después del referéndum y la represión del movimiento independentista: “se alargó demasiado el discurso de la independencia unilateral y, cuando [el partido] tenía capacidad de condicionar presupuestos y gobiernos, se autoexcluyó”.
El Proceso de Garbí —llamado así por un viento suroeste, que viene “desde abajo y la izquierda”— ha buscado “afilar la herramienta” política que quiere ser la CUP, en palabras de uno de sus portavoces, Non Casadevall, que celebra el consenso alcanzado en un partido acostumbrado a las divisiones internas: la ponencia propuesta por el grupo motor del proceso fue aprobada con más del 80 por ciento de los votos en la asamblea nacional celebrada en Sabadell el 21 de septiembre. Uno de los participantes en los debates considera que esta aparente unanimidad oculta inmovilismo: “La ponencia refleja equilibrios, intenta contentar a todas las partes, pero no hay cambios sustanciales”.
Abrir los debates
Uno de los objetivos era abrir los debates a personas y organizaciones que no formasen parte de la CUP. Miró no cree que se haya conseguido “ampliar el espacio político” pero sí piensa que militantes que habían marchado se han “reenganchado” gracias al proceso. Laure Vega, diputada de la CUP en el Parlament, celebra que se haya “abierto el espacio de debate a cualquiera que no es militante”. Según la organización, han participado en el ‘Garbí’ 1000 personas, de las cuales 400 no eran miembros del partido.
El Supremo confirma que no aplicará la amnistía a los condenados por malversación en el 'procés'
Todas las voces consultadas coinciden en que los resultados más tangibles del debate son los cambios organizativos. “Una dirección política más fuerte y un poco más de verticalidad”, resume Miró, que considera positivas las modificaciones para poder “competir con partidos como ERC”. “Se ha mantenido la limitación de dos mandatos porque forma parte de nuestra identidad”, explica Casadevall, pero se han alargado los mandatos de cargos internos y se ha creado una mesa nacional con más poder de decisión.
Las conclusiones sobre la estrategia política de la CUP han sido menos concretas. “No hay grandes novedades”, afirma Miró. Uno de los participantes es más duro: “Nadie en el grupo motor es capaz de explicar en qué consiste esta nueva estrategia, más allá de generalidades”. Un sector de la organización defendió extender la experiencia de Girona, donde la CUP consiguió en 2023 la alcaldía al frente de una alianza con otros partidos, pero su enmienda fue rechazada. “La estrategia de Girona es muy válida en Girona pero en otros lugares puede funcionar o no”, justifica Vehí, que defiende la “apertura a alianzas de izquierdas pero con objetivos concretos”. Por su parte, Casadevall lamenta que es “muy complicado” pactar con ERC, Junts o los ‘comunes’, aunque no se cierra a acuerdos. Se llegó a plantear cambiar el nombre del partido y transformar la estrategia comunicativa en profundidad, pero estas propuestas fueron rechazadas.
“Quizá hay gente que siente que no se han hecho los cambios que querían”, reconoce Vega, que destaca la importancia que tiene para la CUP la relación con los movimientos sociales: “Yo creo que la CUP es una expresión de los movimientos en la calle. Eso es bueno pero no puede ser tan dependiente, también tiene que poder ayudar en momentos de frustración política como puede ser ahora”. El pesimismo sobre el momento impregna las respuestas de todas las personas entrevistadas. Miró destaca que “la CUP está muy aislada en el Parlament”, debido a la mayoría formada por PSC, ERC y los ‘comunes’, mientras que Vega advierte de que “hay una abstención y una desafección política muy grande”. “La crisis que está viviendo la CUP la está viviendo toda la izquierda, institucional o no”, concluye Vehí.
El 28 de diciembre de 2015, los informativos españoles se llenaron de imágenes de la asamblea nacional de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que en ese momento tenía la llave de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y la utilizaron, exigiendo la retirada de Artur Mas para dar su apoyo a la coalición independentista Junts pel Sí. Fue la época de máxima influencia de la CUP, que también tuvo un papel central en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huelga general del día 3. Una situación opuesta a la actual: el partido solo tiene 4 diputados en el Parlament y se ha quedado sin representación en el Congreso. Revertir esta debacle ha sido el objetivo del Proceso de Garbí, un año de debates y reflexiones que ha concluido con una Asamblea Nacional de refundación.