Las dudas sobre conductas cuestionables de Juan Carlos de Borbón han existido siempre. Sólo hay que recordar aquella carta enviada al Sha de Persia en 1977 pidiéndole 10 millones de euros para hacer frente al “marxista” PSOE. Sin embargo, han sido necesarias más de cuatro décadas y una investigación suiza para que esas sombras hayan terminado convirtiéndose en serias sospechas y poniendo a la Corona ante el que probablemente sea su momento más delicado desde la recuperación de la democracia. A medida que aparecían nuevos datos, la situación se volvía cada vez más insostenible. Eran conscientes de ello en la Casa del Rey y en el Gobierno. Por eso, ambas instituciones se pusieron a trabajar codo con codo para tratar de buscar una salida para un monarca en cuestión que todavía ocupaba las dependencias del Palacio de la Zarzuela. El resultado final fue el autoexilio forzado de Juan Carlos de Borbón. Nadie sabe a ciencia cierta el destino. Tampoco si será definitivo o transitorio. Ni el Ejecutivo ni la Casa del Rey han facilitado esta información. La opacidad ha reinado en todo momento.
La carta de despedida del emérito deslizaba que la salida del país era una decisión propia. Sin embargo, el comunicado de Zarzuela evidenciaba que la operación contaba con el visto bueno de Felipe VI al trasladar al padre su “sentido agradecimiento y respeto” por el paso dado. Y a nadie se le escapa que también con el beneplácito del Ejecutivo –o, al menos, de una parte de él–. Con el cortafuego levantado, empezó a deslizarse la idea de que el caso estaba cerrado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alabó la decisión del rey de “distanciarse” de las “supuestas conductas cuestionables y reprobables”. Sin embargo, todavía le quedan muchas asignaturas pendientes para cortar con el juancarlismo. ¿Qué garantiza a los ciudadanos que hechos como los conocidos hasta la fecha no volverán a repetirse? Las lagunas en la rendición de cuentas que existen todavía alrededor de la Casa del Rey está claro que no. Tampoco ayuda a la institución el hecho de que Juan Carlos de Borbón continúe manteniendo el título de emérito, como tampoco lo hace la política comunicativa seguida. Una lista de tareas de las que son corresponsables Moncloa y Zarzuela.
rENDICIÓN DE CUENTAS
La falta de transparencia de la Corona es algo que siempre ha sido objeto de críticas. Es cierto que en los últimos años, bajo el reinado de Felipe VI, se han ido dando tímidos pasos para corregir este problema. Por ejemplo, con la inclusión de la institución en la Ley de Acceso a la Información Pública, con la publicación de contratos y convenios o con la revelación con carácter anual de todos los regalos que recibe la familia real. Esta última decisión se adoptó en 2015 y vino acompañada de un código de conducta que impide aceptar obsequios que superen los usos habituales, sociales o de cortesía o que por su alto valor económico “puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales”. Con estos pasos, Felipe VI parecía dispuesto a concretar su promesa de una Corona con una conducta “íntegra, honesta y transparente” que había puesto sobre la mesa durante su discurso de proclamación pocos meses antes. Cinco años más tarde, sin embargo, los agujeros de opacidad que quedan por tapar todavía son enormes.
“Tiene que mejorar en materia de transparencia. Es la mejor salvaguarda para la supervivencia de la Corona. Si no, siempre va a existir la duda de si se está incurriendo en las mismas prácticas”, sostiene Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Coincide con él su homólogo en la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual, que no ve con malos ojos que los ciudadanos pudieran conocer el patrimonio del monarca para poder controlar fácilmente que no se repitan hechos como los destapados con Juan Carlos de Borbón. De hecho, esta es una de las propuestas que Unidas Podemos pondrá sobre la mesa del Congreso de los Diputados en el próximo curso político. En la actualidad, el jefe del Estado no está obligado por ley a ofrecer dicha información, a diferencia de lo que ocurre con los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo. Tampoco lo está el Poder Judicial, si bien en su caso lleva desde 2015 haciendo públicos los datos relativos a bienes inmuebles, cuentas bancarias, acciones o automóviles de su presidente, de los vocales de la Comisión Permanente o del secretario general.
El politólogo de la Universidad Carlos III considera que el mecanismo adecuado para arrojar luz sobre la Casa del Rey sería a través de una ley orgánica que regule y marque aquellos actos relativos a la Corona sobre los que tienen que ser más abiertos. Para Pascual, uno de ellos es, sin duda, el uso que la institución da a los fondos públicos que percibe anualmente –7,88 millones de euros en 2020–. “Es necesario conocer con mayor detalle los gastos que se hacen”, apunta Pascual. En el estado de liquidación que publica la Casa del Rey, se detallan los de personal o en bienes y servicios, pero con conceptos amplios como “atenciones protocolarias” o “material, suministros y otros”. Menos detalle ofrecen sobre lo que recibe directamente la familia: sólo dan la cifra inicial y la ejecutada. La institución, por tanto, está a un mundo de la británica en cuestión de transparencia. Buckingham informa pormenorizadamente de todos los desembolsos. Por bebida y comida –1,7 millones de libras en 2019–, por ordenadores, por uniformes y hasta por la peluquería de la reina Isabel II.
No son las únicas cuestiones en las que se considera necesaria una mayor transparencia. “También en temas de agenda, tanto a nivel público como privado. O en cuestiones relacionadas con los viajes”, sostiene Pascual. Esta última es otra de las lagunas existentes. En Reino Unido, se publican anualmente todos los desplazamientos oficiales que realizan los miembros de la familia real. Se detalla el medio de transporte, la fecha, el itinerario seguido, una descripción de las reuniones y el coste. En el caso de la monarquía española, toda esa información permanece oculta. De hecho, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó el pasado mes de junio que el Ejecutivo, que es quien se encarga de resolver las peticiones de información que afectan a la Corona, tenía que facilitar a Maldita.es el listado de viajes oficiales de los cinco últimos años, detallando cuestiones como el origen y destino del vuelo, el avión usado, los miembros de la institución que formaba parte de la comitiva o el resto de acompañantes. Moncloa no ha cumplido todavía con lo dictado por el organismo.
La periodista Victoria Prego pone el acento también en los viajes. “Es necesaria una transparencia más amplia en relación con los movimientos de la familia real. No me hace gracia que desaparezcan de vez en cuando. Tienen derecho a vacaciones y a descansar, yo eso no lo discuto. Lo que discuto es la opacidad de sus periodos de descanso. No sabemos dónde están nunca”, apunta. Además, considera que es necesario aumentar la visibilidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía. “Los españoles tienen derecho a que sus hijas aparezcan más. No participan en ningún acto propio de su edad. Deberían sacarlas más a la luz. Ya pasó el tiempo en el que tenían 3, 4 o 5 años”, continúa. En este sentido, pone como ejemplo la monarquía holandesa.
Control parlamentario
Un aumento de la transparencia permitiría, a ojos de Simón, que se pudieran “fiscalizar” las cuentas reales “de manera más pormenorizada”. Hace un par de años, tras el estallido de las grabaciones de Corinna Larsen y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, Compromís registró en el Congreso una proposición de ley que recogía la posibilidad de que la Cámara Baja pudiera auditar las cuentas de la Casa del Rey. La iniciativa fue tumbada por la Mesa. Tampoco el recurso ante el Tribunal Constitucional prosperó por un defecto de forma. “No necesariamente tiene que hacerse con control parlamentario, puede llevarse a cabo también a través del Tribunal de Cuentas”, continúa el politólogo. Por lo general, en la mayoría de monarquías europeas su contabilidad se somete a una auditoría externa. En España, las audita la Intervención General del Estado. En Reino Unido, se revisan en la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde también dan explicaciones sobre sus gastos los altos cargos al servicio de la reina.
Cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de comparecencias en el Parlamento español, Simón recuerda que en ninguna monarquía europea los jefes de Estado se sientan en comisiones. “Tiene que quedarse al margen de la diatriba parlamentaria”, apunta. Sin embargo, no ve con malos ojos que pueda acudir el jefe de la Casa Real, en este caso Jaime Alfonsín, a aclarar aspectos relacionados con la institución. “Si esto lo regulamos a través de una ley de la Corona, podemos habilitar un sistema por el cual se establezca una suerte de memorando anual o una comparecencia para informar de cuáles han sido las actividades de la jefatura del Estado o dar cumplimiento de la información básica. Eso puede ser sensato”, sostiene el politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid.
El lastre de los honores
A medida que se han ido conociendo nuevos detalles sobre los negocios, cuentas ocultas y fundaciones en paraísos fiscales de Juan Carlos de Borbón, Felipe VI ha soltado amarras. El primer paso llegó en marzo, cuando renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación salarial de 194.232 euros anuales, lo que suponía una primera ruptura con su predecesor en el trono. Y el segundo a comienzos de esta semana, cuando se anunció que el padre ponía tierra de por medio a pesar de no haber todavía ninguna causa abierta formalmente contra él. Sin embargo, todavía queda una amarra que no se ha soltado. Juan Carlos de Borbón sigue conservando la condición de rey emérito, la única dignidad que mantiene el monarca en estos momentos. Este título no conlleva ningún privilegio. Simplemente le otorga honores análogos a la princesa de Asturias y precedencia protocolaria tras las hijas de Felipe VI. Además, sigue siendo todavía miembro de la familia real.
Para Pascual, la situación que tiene ahora mismo la institución con esta cuestión es endiablada. Mantener los honores implica que la Corona siga señalada y el desgaste continúe. Retirarlos, “supondría una mancha también” en tanto deslizaría un reconocimiento de los hechos bajo la lupa. Coincide Simón. No obstante, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III cree que esta salida va a ser “inevitable”. Dar este paso no es para nada complicado. Bastaría con la derogación o modificación del Real Decreto 470/2014, aprobado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La retirada por la fuerza del título honorífico sería traumática para Felipe VI, en tanto que tendría que rubricar la caída definitiva en el olvido de su padre. Por el momento, el Gobierno no parece dispuesto a soltar esta amarra.
Prego considera que eso, al igual que la salida del monarca de Zarzuela, es algo que se debería haber hecho hace tiempo. Ahora, dice, “es tarde”. “Parecería entonces una persecución y una venganza. Esto se tendría que haber hecho de manera muy sosegada. Estamos hablando de asuntos de Estado, no de una discusión familiar. Estas cosas se hacen con fundamento, con acuerdo del Gobierno, de la Casa del Rey y del propio viejo rey”. El profesor de Ciencias Políticas de la UOC, por su parte, no cree que por el momento se vaya a apretar ese “botón nuclear” que terminaría por “arrastrar” toda la “herencia” de Juan Carlos de Borbón. “Yo creo que sólo es algo que se hará si se tiene sobre la mesa una sentencia firme o en caso de que el procedimiento empiece a arrojar claras muestras de delito”, apunta Pascual.
ERC, BNG, Adelante Andalucía y Més per Mallorca piden al Gobierno mayor exigencia de transparencia con la monarquía
Una comunicación del siglo XXI
Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos consultados es en la necesidad de que la institución mejore en materia comunicativa. “Es obsoleta. Se necesita algo más fresco, con una mayor agilidad a la hora de acercar la Corona al pueblo”, considera el politólogo de la UOC. En la misma línea se pronuncia la periodista de El Independiente, que cree que es necesaria una “comunicación más moderna”, aunque reconoce que es “difícil” llevar a cabo este lavado de cara “cuando se está rodeado” de casos que “le afectan”. Dentro de esa estrategia, Prego dice que se tiene que aumentar la presencia pública de la familia, dándose a conocer más allá de los actos oficiales. “Es necesaria una comunicación más dinámica, están tremendamente anquilosados”, dice Simón, quien no se olvida de los errores cometidos en la gestión del caso Juan Carlos. En concreto, del comunicado, el primero, el que se lanzó con nocturnidad exactamente el mismo día en el que todo el país estaba atento a la declaración del estado de alarma. “Hace treinta años utilizar esos trucos igual colaba. Ahora ya no”, sostiene.
En opinión del politólogo, la crisis del emérito ha puesto en evidencia que la Casa del Rey tiene un “problema grave” a nivel comunicativo. Considera que las giras de Felipe VI no son suficientes para restituir el prestigio dañado. “Tiene que salir, hablar al pueblo, dar certidumbre y explicarse ante los españoles”, dice. En este sentido, pone sobre la mesa como posible formato una entrevista. Prego, sin embargo, cree que sería un error. “Toda pregunta que quedara sin respuesta sería una auténtica bomba de relojería”, señala. “El argumento de que no por ser el hijo tenía que conocer absolutamente todo sobre su padre quizá no se entienda bien”, dice Pascual, que tampoco tiene del todo claro que pudiera salir bien parado.
Las dudas sobre conductas cuestionables de Juan Carlos de Borbón han existido siempre. Sólo hay que recordar aquella carta enviada al Sha de Persia en 1977 pidiéndole 10 millones de euros para hacer frente al “marxista” PSOE. Sin embargo, han sido necesarias más de cuatro décadas y una investigación suiza para que esas sombras hayan terminado convirtiéndose en serias sospechas y poniendo a la Corona ante el que probablemente sea su momento más delicado desde la recuperación de la democracia. A medida que aparecían nuevos datos, la situación se volvía cada vez más insostenible. Eran conscientes de ello en la Casa del Rey y en el Gobierno. Por eso, ambas instituciones se pusieron a trabajar codo con codo para tratar de buscar una salida para un monarca en cuestión que todavía ocupaba las dependencias del Palacio de la Zarzuela. El resultado final fue el autoexilio forzado de Juan Carlos de Borbón. Nadie sabe a ciencia cierta el destino. Tampoco si será definitivo o transitorio. Ni el Ejecutivo ni la Casa del Rey han facilitado esta información. La opacidad ha reinado en todo momento.