La detención y posterior ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González son fruto de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pero hay ciudadanos más o menos anónimos que llevan una una década de lucha contra los abusos del político madrileño, a quien Esperanza Aguirre convirtió primero en vicepresidente de su Gobierno (2003-2012) y después eligió a dedo como sucesor (2012-2015).
Mercedes Arce y Carmen Ochoa, de la asociación Parque Sí en Chamberí; la exdiputada autonómica de IU Reyes Montiel; el policía y sindicalista José Manuel Manuel Sánchez Fornet o trabajadores despedidos de Telemadrid son una muestra significativa de los ciudadanos que plantaron cara ante los abusos de Ignacio González, ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". infoLibre habla con ellos.
Menos golf y más parque en Chamberí
El 14 de abril de 2003, los vecinos del distrito madrileño de Chamberí estaban exultantes. El presidente de la Comunidad, por aquel entonces Alberto Ruiz-Gallardón, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, habían puesto la primera piedra del futuro parque de Islas Filipinas, un ambicioso proyecto urbanístico que se asentaría sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Estaba llamado a erigirse como el nuevo Retiro en el distrito con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. Un total de 118.547 metros cuadrados de jardines y zonas de recreo que los vecinos esperaban como agua de mayo.
Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando, después de tres años de obras, los carteles que anunciaban la apertura cambiaron de la noche a la mañana. El Ejecutivo regional, desde noviembre de 2003 presidido por Esperanza Aguirre –tras el escándalo del tamayazo–, había cambiado de opinión. Los antiguos depósitos de agua del Canal, la principal empresa pública de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, se destinarían a la construcción de unas instalaciones deportivas. La única zona verde que verían los vecinos del barrio sería un campo de golf de nueve hoyos. Y el Ejecutivo conservador estaba convencido de sacar adelante el nuevo proyecto.
Lo que no se esperaban era la enorme oposición ciudadana y la incansable lucha de la asociación de vecinos Parque Sí en Chamberí, que lleva más de una década para conseguir ese parque que les había sido arrebatado. "Empezamos a reunirnos en 2005", señala en conversación con infoLibre Mercedes Arce, una de las integrantes del colectivo. "Pero no nos constituimos como asociación hasta 2007", completa Carmen Ochoa, su compañera de lucha durante todos estos años. La primera se enteró de la movilización de algunos vecinos en el colegio de sus hijos. La segunda, por una pancarta colocada en un balcón que exigía el freno inmediato del nuevo proyecto urbanístico.
Sin embargo, ni las movilizaciones –medio millar de personas en diciembre de ese año– ni la detención de las obras por parte del Ayuntamiento de Madrid, que requería al Canal de Isabel II que solicitase una licencia para el nuevo proyecto urbanístico, frenaron al Ejecutivo regional. En diciembre de 2006, la empresa pública adjudicó la explotación del campo a un consorcio de tres empresas. Una de ellas, Tecnoconcret, que era una compañía sin apenas actividad, tenía como administrador único a José Antonio Clemente, socio de Pablo González y de José Juan Caballero, hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño. Los dos familiares de González también fueron detenidos en el marco de la operación Lezo.
Para tratar de esquivar el bloqueo del consistorio, el Ejecutivo de Aguirre optó a comienzos de 2007 por declarar el proyecto de "interés general", un movimiento que fue tumbado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y después por el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno autonómico no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ante el movimiento vecinal. Por eso la Comunidad, ya con Ignacio González al frente, buscó una nueva alternativa para esquivar el derribo de las instalaciones deportivas decretado por vía judicial. Para ello, aprobó en 2013 un nuevo plan especial para la zona, que también fue declarado "nulo de pleno derecho" el pasado mes de agosto por el TSJM. Parque Sí en Chamberí había vuelto a ganar.
"Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre las recurrían", recuerdan Carmen y Mercedes
Mercedes y Carmen reconocen que han sido "años duros", en los que han trabajado "sin descanso". "Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre eran recurridas", recuerda Carmen. Sin embargo, se han sentido arropadas en todo momento en una lucha que definen como "la batalla entre David y Goliat". Por eso, agradecen "el apoyo económico" recibido para continuar en los tribunales y, sobre todo, la enorme ayuda que han recibido desinteresadamente por parte de abogados y arquitectos. "Ellos nos ayudaban a 'traducir' todos los complejos documentos de carácter urbanístico", explica Mercedes.
Diez años después, han visto, "contentas", cómo agentes de la Guardia Civil se llevaban detenido al expresidente madrileño. "Teníamos razón", señala Carmen mientras esboza una sonrisa. Tras la sentencia del pasado mes de agosto, el desmantelamiento del campo de golf del Canal, cuya adjudicación en 2006 permitió a la empresa controlada por la familia de González quedarse presuntamente con una comisión de 600.000 euros, es cuestión de tiempo. Y ellas siguen dando batalla: "Ahora hay gente que ha pedido hacer más campos de fútbol en el terreno. No, nos negamos. Todos los colegios de la zona tienen pistas y cerca hay también un pabellón. Nosotras exigimos el parque que se nos había prometido".
Investigar con la Asamblea en contra
La exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Reyes Montiel.
En 2009, dos años después de que la revista Tiempo revelase las entrañas de la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí y desvelase que el político del PP había comprado en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros, el diario Público sacó a la luz otras actuaciones del expresidente: entre ellas la inyección de 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel o los datos del dossier sobre González que poseía el Partido Popular, con información sobre el patrimonio del expresidente y una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares atribuidas al entonces vicepresidente madrileño.
Dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés y Reyes Montiel, fueron especialmente activas en el empeño de arrojar luz sobre las sombras del número dos de Aguirre. "La trama de González yo creo que era la trama oficial del Gobierno, aunque luego conviviese con otras. Además, creo que desde el tamayazoestaba diseñada para que funcionara", afirma Montiel en una céntrica cafetería madrileña. Ejemplo de ello, añade, es que "nunca quisieron discutir" que el Canal de Isabel II, con "controles más laxos a la hora de hacer negocios", no estuviera "bajo el paraguas de González".
La exdiputada en el Parlamento autonómico describe aquellos años como "muy duros". "Tenías que hacer un poco de detective", explica Montiel, que asegura que "una de las cosas que más le ayudó" a ir atando cabos fue cuando se hizo pública la primera parte del sumario de la Gürtel. "No te niegan la información pero te la dan en un momento en el que no sabes sacar conclusiones. Tablas y tablas de contratos. Yo no lograba ver en los expedientes lo que estaba mal. La primera parte del sumario de la Gürtel me dio un guión", relata.
Montiel cuenta que "ni el Gobierno" ni tampoco "la Mesa de la Asamblea de Madrid" facilitaron la investigación. "La mayoría de las cosas que pedíamos se quedaban ahí, en la Mesa", apostilla. Además, añade, "no había ganas de investigar" por parte de "ninguno de los grupos políticos". Ni del PP, ni del PSOE, ni tampoco de IU-CM, su propio partido: "Había una parte que estaba en clara connivencia con el Ejecutivo de Aguirre. No sé si por estar en la misma trama o porque el Gobierno madrileño sabía cosas de ellos. Estoy hablando de Ángel Pérez, Miguel Reneses o Antero Ruíz", dice. Esta misma semana se ha conocido que González colocó en TVE a la exdiputada de IU Libertad Martínez para defender "su imagen e intereses".
"Un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Te reconcilia con el sistema", destaca Reyes Montiel
Montiel describe cómo "planteaba cosas" en IU-CM y la respuesta que recibía era "que eso distraía a los trabajadores de sus verdaderos problemas, como la crisis o el paro". Relata que "cuando se hacían los órdenes del día de los plenos de las comisiones", evitaban ponerla. Y lamenta la decisión de no acudir "como grupo" ante la Fiscalía: "Tuve que ir yo a título individual. Y nadie de los compañeros, a excepción de Sabanés y Fausto Fernández, que estaban conmigo en eso, me preguntó sobre el tema". Con la investigación completamente bloqueada, y con la práctica totalidad de su grupo en contra, en octubre de 2010 decidió abandonar su escaño y dejar IU.
Su marcha fue calificada por el entonces portavoz de IU-CM en la Asamblea, Gregorio Gordo, como un intento de "fraccionar" la formación. "También me llegó a acusar de intentar eclipsar el funeral de Marcelino Camacho", recuerda. Sin embargo, ella tiene claro que lo que ha roto el partido "han sido personajes como él, que han entrado en toda la rueda de la trama González". Sin embargo, el tiempo ha terminado por poner a cada uno en su lugar. "Cuando vi la detención de González me sentí un poco incrédula, porque llega un momento en el que te consiguen contagiar esa idea de que hagan lo que hagan no les va a costar nada. Pero por fin, un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Es una satisfacción y da como para reconciliarte con el sistema", explica.
El SUP entra en acción: el ático de González
El ex secretario general del SUP José Manuel Sánchez Fornet.
Casi dos años después de la salida de Montiel de la Asamblea de Madrid y de IU-CM, el diario El Mundo publicó que la policía estaba investigando, por su posible relación con la trama Gürtel, el ático –un dúplex de 500 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Alhambra del Golf, en Estepona– en el que González veraneaba desde hacía años. Unos días después de saltar la noticia a la palestra, el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, es expedientado y trasladado a Madrid. Al mismo tiempo, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se encargó de calificar la investigación de la Policía como "ilegal" y el propio expresidente madrileño de acusar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La defenestración de Hermes dejaba también en la cuerda floja al inspector jefe de grupo y a los policías que habían investigado el lujoso ático, propiedad de la sociedad radicada en Delaware Coast Investors LLC y que el matrimonio González-Cavero alquilaba supuestamente por 2.000 euros al mes, aunque los investigadores sospechaban que se lo habían regalado a González como pago por alguna adjudicación pública. Fue en ese momento, alertado por las amenazas de expediente que se cernían sobre las cabezas de sus afiliados, cuando entra en acción el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que entonces lideraba José Manuel Sánchez Fornet. "Yo, como sindicalista, defendía a los policías que habían recibido una orden y se dedicaron a cumplirla", señala en conversación con infoLibre.
En abril de 2012, se citó con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para comer. Un encuentro en el que, según contó Fornet a este diario casi tres años después, el máximo responsable policial intentó convencerle para que el sindicato pusiera freno a las denuncias sobre González. "Me dijo que no era bueno que el sindicalismo se mezclara con la política", cuenta el exlíder del SUP. Una cita de la que quedó constancia en una nota policial interna, que llevaba por título "Análisis sobre corrupción", y que recogía, entre otros aspectos, la modificación sustancial de un informe sobre las actuaciones alrededor del ático de González que había sido encargado a Hermes.
La nota, a la que tuvo acceso este diario, especificaba los cambios. Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones, comisiones rogatorias". Pero la versión retocada del informe descartó la idea de solicitar apoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".
Tras recabar algunos datos, y "obnubilado tras la comida al ver que un ministro y un director general dicen que los policías no pueden hacer una investigación por sí mismos", Sánchez Fornet y su equipo decidieron remitir un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que les respondió diciendo que "hay indicios pero que son insuficientes para que investigue la Fiscalía", cuenta. Tras esta respuesta, escriben a otros organismos: "Al fiscal general del Estado; a los grupos del Congreso y el Parlamento andaluz; a la Agencia Tributaria; a la UDEF; y al comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla". Sólo el último respondió, poniendo en marcha una investigación. Al igual que Hermes, fue cesado fulminantemente.
"A nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera", dice Sánchez Fornet
A la vista de los cortapisas a la hora de indagar, el sindicato decidió en octubre de 2012 interponer una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, el que actualmente lleva el caso. Una acusación que se mantuvo hasta la salida de Sánchez Fornet del SUP. Luego, la comisión ejecutiva del sindicato renunció a seguir siendo parte de la acusación popular "en pro" de sus "afiliados", un movimiento que el exlíder del sindicato policial define como "una traición".
Fornet, ahora portavoz del Observatorio contra la Corrupción, está convencido de que hizo lo correcto, a pesar del acoso al que fue sometido por negarse a olvidar el asunto del ático de González. "Me han abierto expedientes, se han querellado contra mí varios mandos policiales...", detalla. Sin embargo, asegura que, "en la misma situación y sabiendo lo mismo", volvería a actuar de igual manera. "Pero a nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera, es una tortura psicológica y una presión brutal. Y, encima, los que denuncian se quedan solos. En España no se quiere combatir la corrupción", sentencia.
Los despedidos de Telemadrid no se rinden
Extrabajadores de Telemadrid frente a la sede del Gobierno regional.
Al mismo tiempo que Sánchez Fornet luchaba para que el caso del ático no fuese enterrado, un importante grupo de trabajadores de Telemadrid, que esperaban el inminente ERE anunciado por el Ejecutivo regional, hacían sus propias pesquisas sobre la gestión del ente público. Nacía así la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM). El trabajo no fue sencillo: "La opacidad sobre lo que ocurría en Telemadrid era absoluta", cuenta Alberto Sánchez, uno de sus miembros. Pero las horas de búsqueda de documentos oficiales en Internet, principalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), les permitió construir "un relato de hechos con una serie de indicios".
Con ayuda de Attac y, especialmente, de la abogada Liliana Pinedo, optaron por dar la batalla. "Ellos nos ayudaban a interpretar jurídicamente el relato y nos decían si había indicios suficientes", continúa José Ignacio González, también miembro de la asociación. En julio de 2013, pocos meses después del brutal ERE que dejó en la calle a 861 personas –de 1.169 que integraban la plantilla–, varios miembros del colectivo se entrevistaron con el fiscal Anticorrupción de Málaga y le entregaron un extenso informe y documentación donde, entre otras cuestiones, se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, ruinosos para el ente público.
"Lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", afirma José Ignacio
"La relación entre Rudy Valner –el famoso testaferro, empleado a su vez del presidente del Atlético de Madrid, que adquirió a través de la sociedad Coast Investors el ático que posteriormente alquilaría a González–, Cerezo y la Comunidad de Madrid era tan evidente, tan obvia, que daba hasta vergüenza no haberlo visto antes. No podía haber tantas casualidades juntas", explica José Ignacio. En el extenso documento, los trabajadores de Telemadrid hacían una serie de relaciones temporales entre adjudicaciones públicas a empresas de Cerezo y el ático que en 2012 adquiriría finalmente el expresidente por 770.00 euros.
El juez de 'Lezo' reclamó a la Comunidad el "expediente completo" del campo de golf y se investiga si Aguirre cometió prevaricación
Finalmente, en marzo de 2015, los extrabajadores de Telemadrid se personan en la causa como acusación popular. Tres meses después, el SUP se retiró. A pesar de la noticia, ellos decidieron continuar de la mano del que hasta ese momento había sido el abogado del sindicato, Javier Carnerero. "Si nos hubiésemos retirado nosotros, no sabemos lo que hubiera pasado... Habría quedado como acusación principal otra asociación dirigida por el comisario Villarejo...", reflexiona Alberto. Sin embargo, su continuidad permitió que en marzo de 2016 la jueza imputara finalmente tanto a González como a su mujer, Lourdes Cavero, y a Enrique Cerezo. "Si nos hubiéramos retirado, no sé si seguiría el caso ático abiertocaso ático", completa José Ignacio.
Han sido cinco años complicados, conceden. El peor día, dicen, es cuando les despidieron de la televisión pública, un ERE que el Tribunal Supremo calificó como no ajustado al derecho. Una decisión que truncó la vida laboral de 861 trabajadores y que ellos califican de "política", no económica. "Éramos molestos", señala Alberto. Pero ellos, en lugar de buscar trabajo, decidieron "buscar justicia y buscar la verdad". "Al final, lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", asevera José Ignacio.
Sin embargo, no quieren poner punto y final a la conversación con infoLibre sin antes decir que ellos sólo han sido "una pequeña pieza de un engranaje bien engrasado" y que, a día de hoy, todavía sigue funcionando a la perfección. No se olvidan de las incansables manifestaciones de los trabajadores despedidos. Ni tampoco del apoyo de la plataforma Salvemos Telemadrid, que ha mantenido, a pesar del paso del tiempo, "vivo el tema". Ni del "trabajo inmenso" del comité de empresa, que ha logrado situarlo en el epicentro político de la Asamblea de Madrid. "Al final hacen falta todas estas piezas para tener fuerza", sentencia Alberto.
La detención y posterior ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González son fruto de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pero hay ciudadanos más o menos anónimos que llevan una una década de lucha contra los abusos del político madrileño, a quien Esperanza Aguirre convirtió primero en vicepresidente de su Gobierno (2003-2012) y después eligió a dedo como sucesor (2012-2015).