El bloqueo a la hora de formar Gobierno se ha contagiado a otras instituciones, que también están sumidas en la parálisis. Pero no es algo nuevo para los españoles. Ya fueron testigos al arranque de la pasada legislatura de cómo el Congreso de los Diputados reducía su actividad a la mínima expresión. Ahora, la historia se repite pero con diferentes protagonistas. Si en 2016 se criticaba que la Presidencia de la Cámara, en manos del Partido Popular, no actuaba con agilidad para que se pusiesen en marcha los mecanismos de control al Gobierno en funciones, lo mismo dicen ahora los partidos de la oposición de la socialista Meritxell Batet.
Este martes, no obstante, se dieron los primeros pasos para que el Congreso pueda activar parte del trabajo parlamentario. La Mesa de la Cámara, su órgano de gobierno, aprobó la composición de la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. También dio luz verde la composición de las diferentes comisiones, los órganos que, entre otras cuestiones, se encargan de trabajar sobre las distintas iniciativas legislativas. O de solicitar la presencia de miembros del Gobierno para que informen de las cuestiones relacionadas con sus respectivos departamentos.
El grueso de las fuentes consultadas coincide en que estos avances llegan tarde, máxime cuando quedan menos de 15 días para que se estrene el mes de agosto. Tarde, porque va a ser imposible que hasta septiembre, como pronto, se dé trámite a las decenas de iniciativas de los grupos parlamentarios que se acumulan en el Congreso tras dos meses de casi completa inactividad. El Congreso de los Diputados que salió de las elecciones generales del 28 de abril fue constituido el 21 de mayo.
Sin contar las 860 preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito ni las 71 preguntas, también para respuesta por escrito a la Corporación RTVE, hay ya registradas 32 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, 42 no de ley 16 proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas, siete iniciativas legislativas populares, cinco propuestas de reforma de estatutos de autonomía, tres comparecencias de miembros del Gobierno ante el Pleno y una en comisión.
Eutanasia, centrales nucleares, denunciantes de corrupción...
Entre las proposiciones de ley están la de la eutanasia o la del cierre progresivo de las centrales nucleares, ambas de Unidas Podemos. También la reguladora del derecho a la gestación por sustitución de Ciudadanos, la de secretos oficiales (PNV) o la relativa a los denunciantes de corrupción (Vox). Son sólo unos ejemplos de un listado que encabeza Unidas Podemoslistado (14 proposiciones de ley registradas), seguido de Partido Popular (ocho), PNV (cinco), Ciudadanos (tres), Vox (una) y Grupo Mixto (una).
"Gracias a las exigencias del PP, en julio estará completa la constitución de todos los órganos de la Cámara y se podrá ejercer la labor de control al Gobierno con plenitud, porque había una parálisis que supeditaba la labor
parlamentaria a los intereses de Pedro Sánchez, de cara a su investidura", señaló este martes en declaraciones a los medios el portavoz del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. "A lo largo de agosto va a haber trabajo en esta Cámara y, desde luego, los diputados del Grupo Popular lo van a seguir haciendo como lo han hecho en los últimos años", advirtió el dirigente conservador. Una pista de la intención de los conservadores de llevar iniciativas a la Diputación permanente, que quedará constituida el día 23, un día después del arranque de la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
En un sentido similar, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, repitió lo que en las últimas semanas han puesto de manifiesto otros parlamentarios de diferentes grupos: "Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso, presentando leyes y pedimos que nos dejen trabajar, haya o no elecciones, y es una irresponsabilidad supina que el Congreso esté cerrado".
La portavoz del partido naranja acusó a Batet de "estar ejerciendo más como portavoz de Sánchez que como portavoz de todos los diputados".
30 de julio: primera reunión de la Diputación Permanente
Tras constituirse el próximo día 23, la primera reunión de la Diputación Permanente está prevista para el martes 30 de julio. Este órgano parlamentario sustituye al Pleno y puede convalidar decretos leyes dictados por el Gobierno.
La Diputación Permanente puede convocarse por la presidenta de la Cámara, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de ésta. Y, como ha ocurrido en otras legislaturas, puede poner sobre la mesa la votación de un pleno extraordinario para que comparezca el presidente del Gobierno o la comparecencia de determinados ministros en sus respectivas comisiones.
Tal y como se han comprometido los grupos parlamentarios, antes de que termine julio estarán constituidas las diferentes comisiones parlamentarias. En principio se pretendía esperar a que el Gobierno estuviera formado para que echaran a andar –su estructura suele ser paralela a la de los ministerios del Ejecutivo–, pero el bloqueo en las negociaciones y las demandas de prácticamente todos los grupos han llevado a que no se deje para septiembre.
La Mesa del Congreso de los Diputados decidió este martes, oída la Junta de Portavoces, que las comisiones permanentes, no legislativas y legislativas que prevé el Reglamento de la Cámara estén integradas por 43 diputados. También se decidió la distribución teniendo en cuenta que sus votaciones deben responder al peso que cada grupo parlamentario tiene en el hemiciclo.
Así, el reparto será como sigue: 15 integrantes para el Grupo Socialista; ocho para el Popular; siete para Ciudadanos; cinco para Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; tres para Vox; dos para ERC; uno para el PNV, y dos para el Mixto.
Salvo que la Diputación Permanente apruebe comparecencias de miembros del Gobierno en alguna de las comisiones –hay varias peticiones como hemos visto y los grupos de la oposición preparan iniciativas al respecto–, el trabajo habitual de estos órganos no arrancará hasta después del verano.
En este contexto, Vox, que se estrena esta legislatura en el Congreso propuso este martes a los demás grupos parlamentarios que sus señorías no cobren los complementos salariales por comisiones hasta el mes de septiembre. Será entonces cuando, según mantuvo el portavoz parlamentario de la ultraderecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, arranque “realmente de manera efectiva” el trabajo de la Cámara. “Esperamos una respuesta a esta iniciativa aunque no hemos encontrado mucho apoyo o al menos no muy entusiasta en casi ninguno de los grupos”, dijo Espinosa de los Monteros.
La parálisis legislativa se acentúa a un mes de que venza el plazo para nuevas elecciones
De 1.516 a 739 euros
No todos los 43 miembros de las comisiones cobran un plus por integrarlas. Los llamados “gastos de representación” de los integrantes de comisión sólo los perciben los presidentes (1.516,76 euros mensuales), vicepresidentes (1.108,95), secretarios (739,30), portavoces (1.108,95) y portavoces adjuntos (739,30).
Los diputados suman estos complementos a su sueldo base, llamado “asignación constitucional”, que es de 2.981,86 euros al mes, y a la “indemnización”, la cantidad que perciben en función de si son elegidos por la circunscripción de Madrid (917,03 euros mensuales) o por cualquier otra (1.921,20).
El bloqueo a la hora de formar Gobierno se ha contagiado a otras instituciones, que también están sumidas en la parálisis. Pero no es algo nuevo para los españoles. Ya fueron testigos al arranque de la pasada legislatura de cómo el Congreso de los Diputados reducía su actividad a la mínima expresión. Ahora, la historia se repite pero con diferentes protagonistas. Si en 2016 se criticaba que la Presidencia de la Cámara, en manos del Partido Popular, no actuaba con agilidad para que se pusiesen en marcha los mecanismos de control al Gobierno en funciones, lo mismo dicen ahora los partidos de la oposición de la socialista Meritxell Batet.