La parálisis legislativa se acentúa a un mes de que venza el plazo para nuevas elecciones

El parón veraniego no impide que los grupos parlamentarios sigan registrando iniciativas y preguntas al Gobierno en funciones en el Congreso de los Diputados y que estas se acumulen. Al largo periodo de Gobierno en funciones y la tardanza a la hora de constituir las diferentes comisiones parlamentarias —se dejó para la última semana de julio—, se suma que estamos en periodo no ordinario de sesiones. El grueso del trabajo, pues, ha quedado para septiembre aunque ya hay un intento de PP y Cs para que Pedro Sánchez comparezca de forma extraordinaria en un Pleno para que explique la gestión que su Gobierno ha hecho de la crisis del Open Arms, el barco de bandera española que ha estado 20 días navegando por el Mediterráneo con más de un centenar de náufragos a bordo.

Este viernes se cumple un mes desde la primera votación para la investidura de Pedro Sánchez, sesión en la que no logró los apoyos necesarios. Si el 23 de septiembre no hay candidato a la Presidencia del Gobierno investido, un día después se disolverán las Cortes para la convocatoria de unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre.

En ese momento, todas las iniciativas legislativas registradas decaerían y el trabajo parlamentario de los diferentes grupos durante los últimos meses quedaría guardado en un cajón —el Gobierno no puede plantear proyectos de ley al estar en funciones—. De lo contrario, el Congreso de los Diputados tendrá que dar trámite a las iniciativas que se acumulan en el registro. A las proposiciones de ley y proposiciones no de ley que deberán ser debatidas se suma que la Comisión del Estatuto de los Diputados debe analizar, y después elevar a Pleno, las declaraciones de actividades de todos los parlamentarios. Es decir, emitir un dictamen con aquellas actividades con las que sus señorías pueden compatibilizar el escaño. También están bloqueados los relevos en RTVE y en el CGPJ.

Con fecha de 21 de agosto, en el registro de iniciativas de la XIII Legislatura en el Congreso hay 40 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, 16 proposiciones de ley de comunidades autónomas, 77 proposiciones no de ley para su debate en Pleno o Comisión y siete Iniciativas Legislativas Populares. 

Los grupos también han ido depositando preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito. De un total de 1.199, la Cámara ha publicado sólo la respuesta a 226 de ellas. 

Proposiciones de ley

Unidas Podemos es el grupo que lidera el listado de grupos que más proposiciones de ley ha registrado en la Cámara: 14. Le siguen el Partido Popular (9), PSOE (7), PNV (5), Cs (3), Vox (1) y Compromís (Grupo Mixto), cuyo diputado Joan Baldoví registró a finales de mayo una proposición de ley de protección integral de los alertadores. 

El grueso de las últimas iniciativas que han llegado al registro del Congreso llevan el sello del Partido Socialista. A mediados de julio, el partido del Ejecutivo en funciones no había registrado una sola proposición de ley.

Las proposiciones de los socialistas van desde la garantía de la "igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación" a una "para la igualdad de trato y la no discriminación". También han lanzado una iniciativa para la regulación de la eutanasia días después de que lo hiciera Unidas Podemos. Y una de "memoria histórica y democrática", que vendría a actualizar la ley de 2007.

"Es necesario que la memoria histórica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno", subraya el Grupo Parlamentario Socialista en la exposición de motivos.

Hasta la fecha, la última iniciativa de los conservadores pretende la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, "para la tipificación de los homenajes a terroristas y la modificación de la prescripción de los delitos y las penas en materia de terrorismo".

Cs y la "gestación por sustitución"

Entre las iniciativas registradas por Ciudadanos está la proposición de ley reguladora del "derecho a la gestación por sustitución". En el texto de la propuesta el partido naranja define ese "derecho": "el que les asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación de otra, para constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a favor de los subrogantes, todo ello en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad entre personas libres e iguales".

Todas estas iniciativas están a la espera de que el Gobierno fije su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. "Transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración", figura en el Reglamento del Congreso.

La única iniciativa de Vox dentro de este bloque es una proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción.

El PNV, por su parte, apuesta por reformar varias leyes: la del Tribunal Constitucional, la de Seguridad Ciudadana, la del Código Penal y la de Secretos Oficiales. También, por el "control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones". "Todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, están sometidos al control político de las Cortes Generales", puede leerse en el texto propuesto.

Control al Gobierno

La última vez que Pedro Sánchez y sus ministros hicieron frente a un sesión de control en el Congreso de los Diputados era 27 de febrero. Han pasado, pues, seis meses desde la última vez que rindieron cuentas ante el resto de grupos parlamentarios. 

Por otra parte, los socialistas llevan más de 100 días en un Ejecutivo en funciones. En Ferraz fueron muy críticos con el Partido Popular de Mariano Rajoy por su negativa a someterse a sesiones de control en el periodo que se extendió hasta la repetición de elecciones en julio de 2016. Consideraban los conservadores que al no haber habido investidura, la Cámara no podía controlar a un Ejecutivo que no gozaba de su confianza. 

El asunto acabó en los tribunales. La Mesa del Congreso, el órgano de Gobierno de la Cámara, presidida por Patxi López (PSOE), presentó en junio de 2016 un conflicto de atribuciones en el Constitucional contra el Gobierno de Rajoy. El fallo llegó en noviembre de 2018. Por unanimidad. Y avaló que el Parlamento pueda controlar al Gobierno aunque se encuentre en funciones.

A esto se van a agarrar ahora en el PP para exigir a Sánchez y a sus ministros que se sometan ya al control de la Cámara haya o no haya elecciones el 10 de noviembre. Lo harán en septiembre, una vez que se recupere el periodo de sesiones ordinario. Pero ya han empezado a calentar motores.

Diputación permanente

El PP ya había avisado en los últimos días de que no iba a perdonar a Pedro Sánchez y a sus ministros ni que estuviesen en funciones ni las vacaciones de verano. Y este miércoles, junto a Ciudadanos, registró en el Congreso una petición de comparecencia urgente del presidente en el Pleno del Congreso por su gestión de la crisis del Open Arms.

Conservadores y liberales pretenden que el jefe del Ejecutivo en funciones explique los "bandazos", los cambios de posición del Gobierno respecto a la "crisis migratoria en el Mediterráneo". A la hora de gestionar este episodio, en Moncloa no han aplicado el mismo procedimiento al que recurrieron el año pasado con el Aquarius, crisis que se planteó cuando Sánchez acababa de aterrizar en el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

PP y Cs también pretenden que el presidente aclare su "inacción ante la actuación de mafias que trafican con personas en esta zona [Mediterráneo] y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la Unión Europea en las últimas semanas sobre esta cuestión".

Dado que nos encontramos en periodo no ordinario de sesiones, debe ser la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados quien dé trámite a esta solicitud. Los planes son que la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, la convoque la próxima semana. A esta petición de PP y Cs podrían acumularse otras de los diferentes grupos parlamentarios.

La Diputación Permanente se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida. Es convocada por la presidenta, a iniciativa propia o de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de sus miembros. Por eso PP y Cs se han unido en esta petición. Está integrada por 69 miembros —la preside Batet— con una representación proporcional al Pleno.

Fuera de los periodos ordinarios de sesiones que establece la Constitución, la Diputación Permanente puede acordar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno —es lo que piden PP y Cs— o de las Comisiones.

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En el partido morado están siendo muy críticos con la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis del Open Arms. Pero fuentes parlamentarias ven "complicado" que Pablo Iglesias vaya a ponerse del lado de la derecha y más en cuestiones migratorias. Tampoco pasa inadvertido que la Diputación Permanente se celebrará en un momento en el que el Gobierno prevé estar negociando con los grupos para pulsar si hay clima para que Sánchez se someta a una nueva iniciativa.

Si no hay cambios de última hora, esta será la segunda vez en que se reúna la Diputación Permanente este verano. Lo hizo el 30 de julio. Y sus miembros rechazaron las peticiones de comparecencia urgente de Sánchez y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en sesiones extraordinarias del Pleno de la Cámara. También se rechazó la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.